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Dolores Delgado

Fiscal de la Audiencia Nacional.

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Una estrategia integral frente al yihadismo

Hoy, en este preciso momento, nos sentimos profundamente preocupados por el terrorismo yihadista. De hecho, raro es el día en el que no tenemos noticia de un nuevo ataque de esta naturaleza en diferentes lugares del mundo. Mientras escribía estas líneas, acababa de acontecer el  último atentado en Jalalabad (Afganistán): Dos terroristas suicidas atacaron un edificio oficial con un coche-bomba y otros seis atacantes dispararon asesinando a 10 personas y dejando un saldo de 42 heridos. Un día antes, trece personas murieron en Surabaya (Indonesia) en tres ataques suicidas contra templos cristianos. Los causantes habrían sido una familia indonesia retornada de Siria, que contaba entre sus miembros con dos niñas de 12 y 9 años y dos chicos de 16 y 18. Ese mismo día, en París, un joven francés de origen checheno y al grito de “Ala es grande”, se lanzó armado con un cuchillo contra todo aquel que se cruzaba en su camino. Asesinó a una persona e hirió a otras cuatro.

Tales hechos ya han sucedido y por tanto nada podemos hacer para remediarlos, más allá de brindar nuestro apoyo solidario a quienes han sufrido esa pérdida. Pero precisamente para honrar a estas y a las miles de víctimas ya producidas y prevenir que el goteo de muertes siga destruyendo familias y pueblos, debemos actuar adelantándonos a los acontecimientos. Investigar lo ocurrido, cuando de delitos de terrorismo se trata, no es solo una obligación legal de la justicia para determinar la trascendencia jurídico penal de los mismos y la participación en ello con el fin de sancionarlos judicialmente. Es también ineludible enfocar lo acontecido con una perspectiva de futuro, abriendo el prisma y aprendiendo de lo ocurrido para, con ello, poder descifrar las situaciones similares que se estén urdiendo, prevenirlas y evitarlas.

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¿A cambio de qué renunciamos a la jurisdicción universal?

“La soberanía nacional reside en el pueblo español”, lo dice nuestra Constitución, también señala que de éste, del pueblo, emanan todos los poderes del Estado. Resulta que la jurisdicción, entendida como facultad o potestad de juzgar, es una de las expresiones de la soberanía nacional. Por eso cuando esta se limita lo tiene que ser por razones de imperiosa necesidad y además precisa de un amplio consenso entre los representantes del pueblo, y requiere de una transparente explicación. En 1985 se aprobó una ley por la que se ampliaba el ámbito de la jurisdicción española a base del principio de persecución universal para determinados delitos de extraordinaria gravedad (crímenes de genocidio, guerra, contra la humanidad y delitos referidos al núcleo duro de la delincuencia organizada transnacional como el terrorismo y el narcotráfico) porque, tal como dice la jurisprudencia española, era necesario su reconocimiento “para la protección de bienes esenciales para la humanidad, reconocidos por todas las naciones civilizadas, con independencia de la nacionalidad de los partícipes y del lugar de comisión, en cuanto, en esencia, atiende al conocimiento de los delitos propiamente internacionales”. Fue, precisamente, esa ley, la que permitió que se iniciaran en nuestro país los procedimientos penales para investigar crímenes de genocidio, torturas, lesa humanidad y de guerra en defensa de miles de víctimas y contra quienes desde el poder habían violentado la confianza de sus ciudadanos y habían quebrantando el mandato constitucional de protegerlos en sus países de origen. Crímenes masivos perpetrados por los represores argentinos y chilenos durante la dictadura de las Juntas Militares y Pinochet, respectivamente; crímenes impunes por las leyes de perdón y obediencia debida que habían dejado miles de hombres y mujeres desaparecidos, muertos, torturados sin medida, niños robados y decenas de miles de exiliados con la aquiescencia de países como Estados Unidos de Norteamérica, bajo el mantos de la doctrina de la llamada “Seguridad Nacional” propagada por la Escuela de las Américas. Fueron las decisiones de jueces comprometidos y valientes los que en 1998 decidieron que la jurisdicción española, no podía permanecer silente ante tanto atropello e indiferencia; fueron momentos en los que el Tribunal Constitucional dio la talla al acoger el principio de jurisdicción universal puro, como mecanismo imprescindible para luchar contra la impunidad y ofrecer una protección integral a las víctimas. Los llamados “Juicios de Madrid”, impactaron al mundo del derecho y de los derechos humanos. Por fin, la Justicia, escribía su historia con letras mayúsculas, por encima de intereses políticos, diplomáticos y económicos. El Poder Judicial, se elevo al nivel constitucional que tiene encomendado, enfrentándose al poder arbitrario y criminal de quienes masacraron a miles de víctimas. Estas, encontraron e la justicia la reparación tantas veces negada por las instituciones. Parecía que la civilización se imponía frente a la barbarie. Esta situación se extendió y prendió en muchos países y sobre todo, transmitió un contundente mensaje frente a quienes no ponían más límite que el de su voluntad en el ejercicio de la violencia y el poder.

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