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Fernando Velayos

Consultor internacional en política tributaria. Fue especialista fiscal líder en la División Fiscal y Municipal del BID, y fue por 6 años consultor internacional independiente, prestando servicios de asistencia técnica en materia de reformas tributarias y tributación internacional al Banco Interamericano de Desarrollo, al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, a Naciones Unidas y a algunos Gobiernos de América Latina (Guatemala, Haití, El Salvador, Bolivia…).

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Sí a generalizar el IVA, ¡pero no a medias!

Aunque la discusión central en materia tributaria no suele girar en torno a la imposición indirecta, algún programa electoral sí parece proponer una revisión del IVA . La discusión empezó por establecer un tipo único, pero recientemente ha basculado a cambiar el IVA de tres a dos tipos. En ambos casos, creando un subsidio de compensación para las rentas bajas. Veamos cómo con esta última solución, se corre el riesgo de no conseguir ninguna de las ventajas de generalizar el IVA, manteniendo casi todos los defectos del sistema actual, y poniendo en peligro la recaudación.

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Falciani o cómo no se debe combatir el fraude fiscal

Hervé Falciani era un empleado del banco HSBC en Suiza. Gracias a su posición en esta entidad, tenía acceso a los nombres de depositarios de fondos en la sede suiza de ese banco. Empleó esta facultad para hacerse con una lista de personas físicas y, por motivos que no se conocen demasiado bien (es decir, que no es claro si Falciani quiso obtener ventaja de su ex-entidad con la amenaza de publicarlo), lo cierto es que esta información ha acabado en manos del gran público tras pasar por las autoridades francesas y otra serie de manos.

Esta "vía Falciani" de acceso a información con trascendencia tributaria, donde algún "francotirador" tiene acceso a una serie de datos y los divulga, es sin duda útil a los fiscos que la han recibido y hace correr ríos de tinta (entre los cuales este post) y de indignación. Pero ¿es la forma más eficaz de luchar contra el fraude tributario internacional?

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Google tax: Si fuera tan fácil...

El Reino Unido lanzó en su informe de otoño 2014 la idea de un nuevo tributo, bautizado como Google Tax (oficialmente: diverted profits tax). De acuerdo con los cálculos del Tesoro Británico, este tributo recaudaría apenas un 0,7% de la recaudación total por Impuesto sobre Sociedades, promediando el próximo quinquenio (2015-2019), lo que significa 1.720 millones de euros en 5 años para el fisco británico (con un tipo impositivo del 25%), por lo que parece que su objetivo es esencialmente cualitativo: gravar los beneficios que las multinacionales obtienen en territorio británico pero que hábilmente "desvían" a otras jurisdicciones para reducir así de forma muy importante su factura fiscal.

Pero entonces, ¿era tan fácil como eso gravar a las multinacionales por el beneficio que realmente obtienen en un país? ¿Los Estados Unidos, con sus múltiples casos polémicos de elusión fiscal reciente (Pfizer, GE, Microsoft, Apple, etc.), y todos y cada uno de los países europeos que han visto escapar sus bases imponibles, con y sin luxleaks, nunca dieron con esta aparentemente fácil solución? ¿La OCDE y el G20 pudieron haber prescindido de este ambicioso ejercicio llamado BEPS, que precisamente trata de evitar el desvío de beneficios?

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El significado de Luxleaks en la lucha por la transparencia tributaria

En las noticias de los últimos años sobre transparencia tributaria y lucha contra la evasión y elusión fiscal, lo que habíamos presenciado en materia de paraísos fiscales hasta la fecha (asunto de filtraciones del Banco LGT de Liechtenstein, o del banco HSBC de Suiza -asunto Falciani-, o el conflicto entre el primer banco suizo, la UBS, y el Fisco de EE.UU.) eran muestras de la tensión entre dos polos:

De un lado, los Gobiernos de los países (casi todos sin distinción entre ricos y pobres) ávidos de recursos fiscales, y de otro el sistema financiero internacional y su intención de mantener, bajo el secreto bancario, la confidencialidad de sus clientes personas físicas, y por ende de sus ingresos y patrimonio. Aunque no cabe duda que los Bancos se amparaban en marcos legales para mantener la situación (y por lo tanto los últimos responsables eran los Estados), la descalificación de la opinión pública se había cebado más en aquellos. En parte porque su conducta fue deshonrosa (caso de UBS captando clientes casi en la clandestinidad en EE.UU.) y en parte porque estaban desde la crisis financiera de 2008, desacreditados ya que fue necesario su rescate a costa del dinero público.     

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