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Inmaculada Herranz

Consejera para la coordinación del Plan de Garantías Ciudadanas de Castilla-La Mancha

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Un compromiso con la sociedad

Aprovechando que en los próximos días retomaré mi trayectoria profesional, me gustaría despedirme compartiendo algunas reflexiones que surgen como consecuencia de los acontecimientos de las últimas semanas. No hablaré en nombre  propio, puesto que el trabajo desarrollado no es fruto del sentir  de una persona sino de un trabajo sólido y coherente de un equipo completo que aúnan sus voces en este artículo.

Los más de diez años de crisis económica han tenido consecuencias profundamente graves, pero la más sustancial ha sido evidenciar que en este país y en esta región no existía ningún sistema de protección para asegurar lo mínimo para la supervivencia de miles de familias. Así, la población, en los momentos más graves de la crisis económica, quedó abandonada a su suerte. Desafiamos una realidad que mostraba que Castilla-La Mancha es la quinta comunidad autónoma con la mayor tasa de pobreza relativa de España que afecta a casi el 38% de los menores de la región y la última comunidad en cobertura del sistema de rentas mínimas.

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Valor de ley

El pasado 15 de febrero el Consejo de Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha celebró el IV Foro de la Ciudadanía. A lo largo de una mañana rendíamos cuentas de las acciones realizadas durante el ejercicio 2018 y el grado de cumplimiento de nuestros compromisos con la sociedad. En la comisión de Políticas Sociales, Sanitarias y de Igualdad, numerosas intervenciones de representantes de entidades sociales de nuestra región apelaron a la necesidad de tramitación y aprobación en las Cortes de Castilla-La Mancha del Proyecto de Ley de Garantía de Ingresos y Garantías Ciudadanas aprobado por el Consejo de Gobierno el pasado martes 12 de febrero. Se trata de entidades que conocen de primera mano la situación de vulnerabilidad económica de un gran sector de la sociedad castellano-manchega y que son conscientes de la importancia de la aprobación de la ley para miles de familias de nuestra tierra.

Las situaciones de escasez y vulnerabilidad a las que se enfrenta la ciudadanía dependen tanto de las características estructurales y de coyuntura económica de la región, como de la capacidad de respuestas de sus administraciones. Los diez años de crisis económica vinieron acompañados por una respuesta política asociada a recortes, abandono y pisoteo de los derechos elementales de la población con la consolidación fiscal como coartada. Las distintas administraciones conocen su cuota de responsabilidad.

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Una propuesta única

Desde que Podemos entró en el Gobierno de Castilla-La Mancha en agosto de 2017 no hemos cejado en nuestro empeño de construir una sociedad más justa e igualitaria por medio del impulso y puesta en marcha de medidas sociales cuyas competencias corresponden a esta Administración. Razones de peso no nos faltan, ya que, a pesar de la mejora cualitativa y cuantitativa de estos últimos cuatro años, nuestra región adolece de importantes debilidades socioeconómicas muy presentes en nuestros hogares y ratificadas por los datos de pobreza relativa, renta media de los hogares, desempleo y tejido productivo, proporcionados por fuentes oficiales. Debilidades que, si no se trabaja sobre ellas de manera constante y decidida, corren el riesgo de perpetuarse en nuestra sociedad hasta el punto de convivir con ellas de una manera natural.

El Anteproyecto de Ley de Garantías de Ingresos y Garantías Ciudadanas marca un antes y un después de las políticas públicas de nuestra región por dos importantes razones: En primer lugar, por la alta participación y consenso social con los que ha contado en su elaboración. Organizaciones sindicales, organizaciones del tercer sector, organizaciones profesionales y asociaciones de vecinos que, a través de la Mesa Regional de Garantías Ciudadanas, han formado parte activa de la elaboración del texto normativo, mostrando así la necesidad que tiene Castilla-La Mancha de una Ley como esta. En segundo lugar, por el alto impacto que tiene sobre los puntos débiles a los que hacía referencia en el párrafo anterior, es decir, sobre el empleo, la producción y la renta.

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