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Irene Escorihuela

Es politóloga y jurista, especializada en derechos humanos. Forma parte del equipo jurídico del Observatori DESC y está vinculada a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. Ha trabajado en la Asamblea Nacional del Ecuador y en diferentes proyectos latinoamericanos. Entre sus principales ámbitos de intervención destaca el derecho a la vivienda. 

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El caso de Ángela: la oportunidad de oro para creernos los derechos humanos

“Naciones Unidas” acostumbra a ser percibida como una entelequia que invocamos con distintos motivos, a menudo como fuente de autoridad en nuestros razonamientos. Las personas que trabajamos en el ámbito de los derechos humanos sabemos sus límites y potencialidades. Conseguir un pronunciamiento favorable de la ONU sobre nuestras causas representa una victoria encomiable, que se plasma en titulares de prensa y se incorpora como lema en las luchas sociales. No obstante, no es infrecuente que el gran esfuerzo para lograr ese reconocimiento se quede en eso: un argumento de peso a la espera que los poderes públicos, si lo desean, lo lleven a la práctica. El gran reto es conseguir que las directrices de Naciones Unidas se hagan realidad, ya que no existe a día de hoy en España ningún mecanismo encargado de darles cumplimiento.

Este fue el caso de Ángela, que tras agotar las vías posibles de denuncia internas, llevó al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas el asesinato de su hija a manos de su expareja en una visita no vigilada. Ángela, con el apoyo de Women’s Link, obtuvo un gran triunfo: que el comité fallara a su favor, condenando a España a indemnizarla y a tomar una serie de medidas en relación con la violencia machista.

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Una (ley de) segunda oportunidad perdida

Mariano Rajoy aprovechó la ocasión que le brindaba el debate sobre el estado de la nación para anunciar una medida orientada a acabar con el sufrimiento de las personas agobiadas por las deudas. La iniciativa, tramitada como real decreto, y por lo tanto sin apenas trámite parlamentario, fue presentada por el Presidente del Gobierno como un procedimiento “especialmente sencillo” para “salvar” a las familias sobreendeudadas.

La necesidad de disponer de mecanismos legales que otorguen una segunda oportunidad a las personas sobreendeudadas ha sido reivindicada por la sociedad civil y propuesta por diversas formaciones políticas, sin que el Partido Popular diese el brazo a torcer. De hecho, el derecho a una segunda oportunidad, el llamado “fresh start”, se recoge en diversas legislaciones de nuestro entorno. En términos generales, consiste en someter a las personas sobreendeudadas a un plan de pagos acorde a su capacidad adquisitiva y durante un plazo de tiempo limitado que suele ser de tres años. Superada esta etapa, las personas vuelven a empezar de cero.

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