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Lohitzune Zuloaga Lojo

Doctora en sociología por la Universidad Pública de Navarra. Mis principales líneas de investigación son las políticas de seguridad ciudadana, el terrorismo y la violencia de género. Acabo de publicar "El espejismo de la seguridad ciudadana. Claves de su presencia en la agenda política" (Ed. Los Libros de la Catarata, Madrid, 2014).

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La inmigración deshumanizada

Frontex “es una agencia que tiene por misión asegurar las fronteras y no se puede convertir en una agencia de salvamento y rescate”. Son palabras pronunciadas hace unos días por el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, sobre la Agencia de Control de Fronteras de la Unión Europea. Este organismo ve periódicamente resurgir la polémica sobre su misión en aguas fronterizas, donde continúan produciéndose tragedias con consecuencias mortales para millares de personas que intentan alcanzar las costas de Lampedusa o cruzar el estrecho de Gibraltar. El debate está en si Frontex constituye una agencia de rescate y salvamento o si, por el contrario, su objetivo se limita al control de fronteras. Dicho de otra manera, si debe reforzar sus objetivos en términos de seguridad o privilegiar sus recursos hacia la asistencia humanitaria. Tanto el ministro español como el director adjunto de la propia agencia parecen tenerlo claro: ni la Unión Europea ni Frontex tienen el mandato para hacer salvamento marítimo aunque, según matizan, apoyan los rescates por humanidad. Ciertamente, el reglamento de Frontex establece que su prioridad es controlar y vigilar las fronteras exteriores, pero éste se adhiere al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, que protege el derecho a la vida de toda persona.

El pronunciamiento de Fernández Díaz no debe resultar sorprendente en vista de la actitud mostrada por su Ministerio en Ceuta y Melilla. Los efectivos policiales imputados por la muerte de quince personas al lanzarles pelotas de goma cuando trataban de alcanzar a nado la orilla de Ceuta son un buen ejemplo de lo que significa primar la “seguridad” por encima de la humanidad. También lo son los ocho guardias civiles imputados por delito de trato degradante a un ciudadano camerunés en la valla de Melilla. Éstos son solo algunos de los casos que podemos encontrar en los últimos meses, en los que se identifica de forma clara la inmigración como amenaza a la seguridad nacional, como elemento peligroso a combatir, casi como enemigo de guerra.

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Demasiadas vueltas para un Código penal

El pasado mes de septiembre el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas acogió un panel dedicado a la protección de los derechos de las personas privadas de libertad. La preocupación entre panelistas era clara: cómo resolver el hacinamiento que sufren las cárceles de todo el mundo, un problema con el que coincidieron decenas de países de los cinco continentes participantes en el debate, para el que demandaron consejo y en el que se compartieron buenas prácticas. Se criticó de forma particular el excesivo uso de la prisión preventiva y la generalización de penas de prisión desproporcionadas, cuya imposición y condiciones de cumplimiento afecta además de forma discriminada por razón de origen étnico, situación socioeconómica y género de las personas detenidas.

Así, mientras que la tendencia en instituciones de primera referencia es la de pensar en cómo sacar a las personas de la cárcel, el Gobierno de Mariano Rajoy sigue empeñado en fórmulas orientadas a cómo meterlas (y que salgan cada vez con mayores dificultades). Es lo que pretende la nueva reforma del Código penal, pendiente de ser aprobada desde hace más de un año y que supuestamente verá la luz a principios del 2015, según recientes declaraciones del ministro de Justicia Rafael Catalá. Desde la disciplina criminológica se viene insistiendo en que el progresivo endurecimiento que el Código penal español ha sufrido en los últimos años ha provocado un aumento absolutamente injustificado de la población encarcelada, más aun considerando los bajos niveles de delincuencia que se desprenden de las estadísticas de criminalidad. ¿Cómo se justifica entonces una reforma penal más?

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