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Manuel Ramos

Periodista, con más de 15 años de experiencia en prensa y comunicación corporativa. La mayor parte de mi trabajo lo he desarrollado en prensa escrita. Eché los dientes en Odiel Información, me enseñaron a caminar en El País y crecí en las redacciones de Málaga Hoy y Diario de Sevilla.

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Desavenencias internas en Participa Sevilla durante el proceso de creación de su organización

Participa Sevilla vive una crisis interna cuando apenas hace un mes que lograron tres concejales para entrar en el Ayuntamiento. El partido instrumental cercano a Podemos celebró este pasado sábado una asamblea en la que, según un grupo de militantes críticos con la dirección, Participa perdió su carácter asambleario para dejar toda la dirección política en manos de sus tres concejales.

Hace unas semanas, la dirección de Podemos en Sevilla rompió las relaciones con Participa al entender que Participa se negaban a coordinarse con el partido.

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José Chamizo opta al escaño de senador autonómico por Podemos

El ex Defensor del Pueblo Andaluz José Chamizo se ha inscrito en el proceso de primarias abierto por Podemos para ser elegido senador por la comunidad autónoma andaluza. Chamizo cuenta con el aval del círculo de Triana. José Chamizo considera que era el momento de dar un paso al frente y llenar un hueco que cree necesario en la política. Aun así, actualmente medita si continuar ya que, afirma, ve "gente muy válida" entre los candidatos ya anunciados.

El proceso de primarias abierto por Podemos para elegir al senador autonómico concluirá con las votaciones telemáticas que se celebrarán durante este fin de semana. Se han inscrito 37 personas (10 mujeres y 27 hombres) como candidatos en un proceso que la organización considera "un hito participativo" en la historia de Andalucía.

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Ciudadanos da por cumplido el acuerdo con el PSOE con la salida de los expresidentes

Juan Marín, el presidente del grupo de Ciudadanos en el Parlamento andaluz, asegura que la rápida salida de Chaves, Griñán, Viera y Zarrías de las Cortes ha frenado una moción de censura que su grupo prepara ya contra el recién constituido Gobierno de Susana Díaz. El parlamentario recuerda que una parte esencial del acuerdo firmado entre PSOE y Ciudadanos para posibilitar a Díaz la investidura era la renuncia inmediata de su cargo de todo cargo imputado por la justicia. Ciudadanos, añade Marín, entiende que los socialistas han cumplido con su palabra.

Marín se arroga el éxito de la política de Ciudadanos para "regenerar la democracia". El diputado añade que con la salida de Chaves y Griñán de la vida política "Andalucía cierra un periodo con más sombras que luces en la gestión de sus presidentes. Estos señores han defraudado la confianza que le dieron los andaluces como gestores púbicos".

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Una comisión del Parlamento andaluz investigará el fraude en los cursos de formación

El Pleno del Parlamento previsto para el 23 de julio aprobará, con toda probabilidad, la creación de una comisión de investigación específica sobre el fraude en los cursos de formación, que echaría a andar en septiembre. Podemos y Ciudadanos facilitarán al PP sacar adelante su iniciativa. IU, casi seguro, también apoyará la creación de la comisión de investigación, aunque espera conocer más detalles de la propuesta popular. De esta manera, el PSOE arranca la legislatura confirmando que el nuevo reparto de fuerzas parlamentarias augura un mandato complicado para la presidenta Susana Díaz.

"Podemos no se va a oponer a la creación de comisiones para investigar casos de corrupción", ha dicho este miércoles el parlamentario José Manuel Moreno Yagüe. "No le quepa la menor duda de que nuestro voto será favorable", señaló minutos después Juan Marín, de Ciudadanos. Este añadió que la comisión de investigación debe servir para depurar responsabilidades políticas sobre este asunto.

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Sindicatos y empresarios reclaman al gobierno andaluz estabilidad política para generar empleo

El Gobierno andaluz mantuvo este martes una reunión con los representantes de los empresarios andaluces y los dos sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, para retomar el diálogo social prácticamente paralizado en el útlimo año y abordar el cambio del sistema productivo en Andalucía. Hacía tiempo que no se encontraban todos juntos y del encuentro en San Telmo los agentes sociales salieron reclamando al nuevo gobierno de Susana Díaz entrar de inmediato en acción para asentar la recuperación económica, incentivar el empleo y disminuir las desigualdades.

"Este Gobierno no tiene los 100 días de gracia porque ya se desperdiciaron 80 para lograr la investidura. Es el momento de ponerse manos a la obra, actuar con decisión y voluntad", señaló el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía, Javier González de Lara.

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El Gobierno andaluz garantizará por ley las prestaciones de la sanidad pública

Rango de ley. Eso es lo que quiere dar el Gobierno Andaluz a las prestaciones de salud. El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía acordó este martes comenzar a tramitar la Ley de Garantías y Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público, con el que el ejecutivo autonómico refuerza la protección, con rango de ley, de la prestación de los servicios sanitarios públicos bajo los principios de "universalidad, equidad, solidaridad social e igualdad", según recoge el texto. La nueva norma, que podría estar aprobada en el primer trimestre de 2016, es a juicio del Gobierno una garantía extra, explican, frente a las tentaciones  privatizadoras de los servicios sanitarios.

El anteproyecto de ley fija para la cartera complementaria autonómica la prohibición del copago. Entre estos servicios exclusivos de la comunidad se encuentra el diagnóstico genético preimplantatorio, la prueba del talón para determinadas enfermedades, la atención bucodental, algunos de las prestaciones en reproducción asistida, ginecología o la gratuidad de los medicamentos para los menores de un año.

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El PSOE no cree prioritario una comisión parlamentaria sobre el fraude en la formación

El PSOE-A no considera una prioridad al iniciar la actividad parlamentaria crear una comisión de investigación sobre el caso del posible fraude en los cursos de formación, así lo ha señalado el secretario de organización, Juan Cornejo. Los socialistas no quieren iniciar la legislatura con la presión de una comisión de investigación como tuvieron que hacer en la pasada con el caso ERE. Cornejo ha recordado que la Cámara tiene información actualizada sobre cómo avanza este caso que, hasta ahora, investiga en los juzgados la jueza Alaya. Aunque también podría haber cambios pronto en la titularidad del juez encargado de la investigación.

El Gobierno andaluz, argumenta el PSOE, ha ido dando explicaciones periódicamente al Parlamento sobre el análisis que se está realizando de cada uno de los expedientes a las ayudas a la formación y se compromete a seguir haciéndolo. "El gobierno continuará compareciendo en comisión parlamentaria o como decidan los grupos, tendrán toda la información de todo el proceso de revisión de los expedientes y sobre las novedades en la investigación", señaló Cornejo.

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Podemos inicia las primarias para elegir al senador autonómico

Podemos Andalucía inicia y cierra en esta semana el proceso participativo para la designación del senador que le representará por la comunidad autónoma. El grupo parlamentario andaluz de Podemos elegirá al primer representante que tendrá la formación en las cortes y lo seleccionará a través de un proceso de primarias.

Los candidatos tienen hasta el próximo miércoles para lograr el aval de uno de los órganos andaluces de Podemos (uno de sus círculos o consejos ciudadanos) y firmar el código ético. Durante los próximos días tendrán a su disposición las plataformas de la formación política para dar a conocer sus motivaciones e intenciones para ser senador. El fin de semana, los inscritos en Podemos tomarán la decisión en una votaciones telemáticas.

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La Junta de Andalucía quiere comprar a la banca los pisos de desahuciados para destinarlos a vivienda social

Tal y como estaba previsto, el primer Consejo de Gobierno del nuevo Ejecutivo de Susana Díaz ha comenzado a tramitar el anteproyecto de Ley de retracto en desahucios de viviendas. Esta nueva ley, que podría entrar en vigor a principios de año si se acelera su tramitación parlamentaria, permitirá a la Junta ejercer el derecho de retracto en los procesos de ejecución hipotecaria llevados a cabo en viviendas libres por parte de entidades financieras. El Gobierno andaluz se haría así propietario de las viviendas desahuciadas para luego destinarlas al alquiler social.

La Junta de Andalucía da así una nueva respuesta legal al problema de los desahucios después de que el Tribunal Constitucional fallara que el Gobierno autonómico no tiene competencias para expropiar temporalmente a la banca viviendas desahuciadas, como prevé la Ley de Función Social de la Vivienda aprobada la pasada legislatura.

El vicepresidente, Manuel Jiménez Barrios, consideró que con esta medida se busca "facilitar la permanencia de las familias afectadas en la vivienda, incrementar el parque público residencial de la Junta vinculado a las políticas sociales y asegurar una oferta suficiente de viviendas en manos de la administración dirigidas a personas con especiales dificultades y vulnerabilidad". Jiménez Barrios recordó que se trata de un anteproyecto de ley que deberá mejorar y terminar de configurarse con el diálogo con los agentes implicados y la tramitación parlamentaria.

Tampoco hay fijada una primera partida presupuestaria para empezar a ejecutar la medida una vez aprobada la ley. El vicepresidente y consejero de Presidencia estimó que rondaría entre los 8 y los 10 millones de euros, tomando como referencia la inversión que dedicó la Generalitat de Cataluña al aprobar una medida muy similar para la compra de unas 1.500 viviendas.

En principio, lo que pretende el Gobierno autonómico es "trabajar desde las leyes para proteger a las familias que se enfrentan a un desahucio". La administración adquirirá a la banca las viviendas sobre las que ejecuta desahucios. Lo hará ejerciendo en los juzgados el derecho de retracto y siempre por la cantidad estipulada como valor de transmisión por el juez instructor. A cambio, las familias desahuciadas y siempre que cumpla unos requisitos económicos, tendrán la opción preferente para permanecer en la vivienda a cambio de un alquiler social. Eso sí, la Junta sólo asume los costes asociados a la operación de compra. En caso de que la banca no acepte la dación en pago las familias deberán seguir haciendo frente a los gastos que se deriven de la cancelación de las hipotecas.

El Plan Autonómico de Vivienda, que estará concluido y aprobado antes de que acabe el año, aclarará puntos esenciales sobre el alcance de esta medida. De un lado, fijará los criterios socioeconómicos que debe cumplir las personas afectadas por un desahucio para activar la intervención de la administración. De otro, fijará las zonas geográficas sobre las que la Junta aplicará el derecho de retracto y compra de la vivienda. No se trata de una norma general aplicada en todo el territorio, sólo se ejecutará en zonas delimitadas por criterios como la demanda de vivienda en el territorio, las características de los inmuebles o la incidencia histórica de los desahucios.

Jiménez Barrios reconoce que con esta medida el Gobierno se ha enfrentado a una dicotomía. Al comprar viviendas desahuciadas se está beneficiando a las familias para que no se queden si hogar pero, al mismo tiempo, se le resuelve a la banca el problema de no generar una bolsa inmobiliaria vacía y de difícil salida en el mercado. "Si hay que poner ambas cuestiones en la balanza, siempre nos decantamos por ayudar a la gente". "Realizamos medidas ancladas en la realidad social, desde la legalidad y desde la vanguardia política", sintetizó el consejero frente "a los golpes de efecto y los aplausos fáciles".

Según los datos registrados por el Consejo General del Poder Judicial, en el primer trimestre de este año se alcanzaron 2.857 desahucios de inmuebles, lo que supone un repunte del 8,5% respecto al mismo periodo de 2014.

La diputada de IU y exconsejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía en la anterior legislatura, Elena Cortés, ha criticado esta iniciativa que "tiene el sello del poder financiero y el beneplácito y visto bueno de la banca", al tiempo que ha asegurado que la "aumentará el número de desahucios".

La secretaria general de Podemos en Andalucía, Teresa Rodríguez, ha restado importancia a las medidas antidesahucios aprobadas. A su juicio son "propuestas con títulos grandilocuentes y que a la hora de cumplirse no provocan ningún efecto".

Tribunal de Arbitraje

El Consejo de Gobierno de este viernes ha recuperado también el Proyecto de Ley de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias en la Constratación de Préstamos y Créditos Hipotecarios sobre Viviendas. Se trata de una de las medidas legislativas muy avanzadas en la pasada legislatura pero que cayó tras el adelanto electoral.

Ahora el nuevo Gobierno le introduce una serie de novedades para facilitar soluciones extrajudiciales a los desahucios. Para ello propone la creación de un Tribunal Arbitral Andaluz para Ejecuciones Hipotecarias y Desahucios. La propia Junta de Andalucía, representantes de organizaciones de consumidos y del sector financiero conformarán este tribunal en el que se procurará encontrar soluciones consensuadas antes de recurrir a la justicia para ejecutar desahucios.

La incorporación a este sistema de arbitraje es voluntaria para la banca, aunque a Jiménez Barrios no le cabe la menor duda de que se logará la incorporación a este tribunal arbitral de la mayoría de las entidades financieras. El vicepresidente recordó que la Junta trabaja ya en la conformación de un gran acuerdo con el Consejo General del Poder Judicial, con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), con ayuntamientos y diputaciones, para facilitar la coordinación de los servicios sociales y de vivienda con la administración de justicia para detección de supuestos de vulnerabilidad y evitar desahucios si las familias afectadas no tienen alternativa habitacional.

Dentro de la batería de medidas previstas en el campo de la vivienda, el Gobierno ha reformado el régimen sancionador en la Ley de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo. Las medidas adoptadas, dice, refuerza la protección de los adjudicatarios de los inmuebles mediante la ampliación de los supuestos sancionadores.

La reunión del Consejo de Gobierno de este viernes ha servido también para rechazar las dos primeras propuestas de ley surgidas desde el Parlamento en esta legislatura. Tanto la proposición de ley sobre Cuentas Abiertas presentada por Podemos y como la de reforma de la de Cámara Cuentas promovida por IU han sido rechazadas. Queda ahora en manos de la Junta de Portavoces del Parlamento la continuidad de estas iniciativas.

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Díaz pone en acción a sus consejeros y advierte "los hechos serán la vara de medir"

Los 13 nuevos consejeros y consejeras del Gobierno andaluz han tomado posesión esta mañana de su cargo con el primer encargo de la presidenta: salir a la calle, ser el reflejo de la sociedad y propiciar el diálogo "en todos los ámbitos". La presidenta apeló a su gobierno a pasar cuanto antes a la acción porque "los hechos van a ser las varas de medir con las que nos van a juzgar los ciudadanos a partir de este momento".

Para el nuevo ejecutivo Susana Díaz pidió "coraje y determinación". Situó como prioritario dar un gran salto en la creación de empleo, reduciendo drásticamente las cifras del paro y generando empleo de calidad. Apostó por reformar el sistema productivo andaluz para hacerlo más innovador, abierto y competitivo.

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