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Patricia Rodríguez Pagés

Periodista. Más de una década contando historias, sobre todo de mujeres, en medios como Europa Press, El Correo de Andalucía, El Periódico Extremadura, Meridiam y andalucesdiario.es. Ha trabajado como jefa de prensa, community manager y como formadora.

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Violencia de género: la revolución social pendiente

Cuando Ana Orantes fue asesinada en 1997, un escalofrío despertó la conciencia de la sociedad española. La habían visto días antes, en televisión, narrando el calvario que vivía desde hacía 40 años. Su muerte abrió los ojos a una ciudadanía que había hecho oídos sordos a un problema que siempre estuvo enterrado entre las cuatro paredes de casa. Las mujeres habían estado solas. Hasta entonces. El asesinato de Ana Orantes provocó una revolución legislativa que culminó en 2004 con la Ley Integral contra la Violencia de Género, que este año cumple una década con luces, pero con terribles sombras: en lo que va de año han sido asesinadas 42 mujeres; 12 de ellas habían denunciado previamente a su agresor.

La comparación, utilizada por algunos colectivos de víctimas, suele ayudar a visualizar cuál es la radiografía actual: ETA asesinó desde 1968 hasta 2010 (en 42 años) a 829 personas. El “terrorismo machista”, como lo definen ya estos colectivos, ha matado a 700 mujeres en una década. Una media de setenta homicidios cada año. El dato contabiliza a las mujeres asesinadas desde 2003, cuando se empezaron a cifrar los crímenes con vistas a la aprobación de la ley –un año más tarde–, hasta 2013. En este negro balance no se incluían a las 45 asesinadas de este 2014, catorce de las cuales habían denunciado.

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La lucha contra la violencia de género también se libra en las aulas

Manolito entró en la clase con las rodillas llenas de sangre. Se había caído en el recreo. “¿Qué te ha pasado Manolito?”, le preguntó la profesora a su alumno de sólo cinco años. “No te preocupes seño, soy valiente… y los niños no lloran”. “¿Por qué los niños no pueden llorar si les duele? ¿Es que ellos, vosotros, no os ponéis tristes como vuestras compañeras?”, pregunta Ana, aquella profesora, la misma hoy, al medio de centenar de niños y niñas que la miran con sorpresa. “¿Por qué no pueden llorar los niños y sí las niñas?”, insiste. El auditorio reflexiona en silencio. Ana les concede unos segundos antes de continuar: “Al hacernos caso de estas cosas aprendidas culturalmente, tenemos dificultad para transmitir a los demás nuestra personalidad, porque desde que nacemos nos asignan un papel distinto a mujeres y hombres”. “¿Cómo hemos llegado a ser diferentes?”, pregunta al alumnado, que no tiene más de 11 años. “¿Estáis de acuerdo en que desde pequeños nos dicen que a las niñas les gusta el rosa, las muñecas y que son sensibles y miedicas? ¿Y que a los niños les gusta el azul, son brutos y muy valientes?”. Y un rotundo “siiiiiiiiiiiiiiii” rompe con el silencio en la Casa de la Cultura de Santiponce, en Sevilla.

Hace una mañana gris y lluviosa. Aún así escolares de varios centros de la localidad se han acercado, junto a sus profesores, hasta este auditorio para participar en el programa 'La Violencia No es un Juego', que la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, a través del Instituto Andaluz de la Mujer, ha puesto en marcha para tratar de derribar estereotipos y fomentar la cultura de la igualdad entre los más pequeños. Más de 295.000 niños y niñas participarán en alguno de estos talleres en Andalucía.

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Historia de una superviviente: las dos vidas de Cristina

Cristina abre una caja imaginaria donde una vez hubo un espejo. Hace el gesto de abrir la tapa y se mira en ese espejo invisible. “Soy otra persona”, dice en un susurro mientras las lágrimas asoman en un rostro hoy sereno, sin rabia ni miedo. “Me había prometido no llorar pero, al removerlo todo, no puedo evitarlo”. Para Cristina, aquella terapia de grupo donde la psicóloga la obligó a enfrentarse a su propio rostro representó un antes y un después en su vida. Para entonces, ya había gritado un “hasta aquí hemos llegado” después de la primera paliza, había dejado su casa con su hijo pequeño y había superado el miedo para ir a denunciar. Pero seguía sin encontrarse.

Aquel día de terapia, Cristina (no es su nombre real) empezó una lucha personal contra once años de invisibilidad. Más de 4.000 días en los que transitó sola por un camino lleno de renuncias, abusos e insultos de su expareja.

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Adolescencia machista: 30 menores denunciaron malos tratos en el primer trimestre de 2013

13 de diciembre de 2012. Un instituto. Un largo pasillo. Un aula. Antonio recuerda aquel día con detalle. "No dijo casi nada, dos, tres palabras… Pero fue suficiente". Aquel 13 de diciembre, con un grito ahogado, su hija de 15 años ponía fin a casi un año de malos tratos por parte de su pareja, también de 15, y Antonio y su mujer lograban componer el rompecabezas: "Irene confesó el suplicio por el que estaba pasando a un profesor con el que tenía mucha confianza". Habían notado sus cambios de humor, algún moratón que su hija atribuía a los entrenamientos de karate –Irene es cinturón negro- y comportamientos raros, pero "nunca nos hubiéramos imaginado algo así".

Los últimos datos que ofrece el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) revelan que, en el primer semestre de 2012,  se registraron en Andalucía 78 denuncias por violencia de género en chicas de entre 14 y 18 años. De las 15 mujeres asesinadas en la Comunidad Autónoma el año pasado, seis eran menores de 30 (el 40%) y, por primera vez, una de las víctimas mortales tenía menos de 20. Lejos de ser un fenómeno aislado, el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) advierte: "El porcentaje de casos de malos tratos en menores se incrementa cada año".

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"Después de 30 años tenemos que volver a entonar ese "yo también he abortado"

Rafaela Pastor respira hondo: "Las mujeres no somos un tema, somos personas libres. Mujeres independientes que reivindican la equidad… que dejen ya de decidir por nosotras". Preside desde hace 17 años la Plataforma Andaluza de Apoyo al Lobby Europeo de Mujeres. Casi dos décadas y casi los mismos temas sobre la mesa. "Después de 30 años, tenemos que volver a entonar ese "yo también he abortado".

Pastor hace referencia a aquella campaña que impulsaron en 2010 como medida de presión para que se aprobara la Ley del Aborto que proponía el Gobierno de Zapatero. Y espetaban ese "yo también he abortado" que recordaba a aquellas 1.300 mujeres, entre ellas actrices, abogadas, médicas, políticas, escritoras y cantantes, que en 1979 declaraban en un documento, dirigido a la opinión pública, haber abortado voluntariamente para defender a las 11 mujeres que iban a ser juzgadas en Bilbao por la interrupción de su embarazo. 1979. "Se vuelve a cuestionar un derecho fundamental, que es el de decidir sobre nuestra propia maternidad, sobre nuestro propio cuerpo". "Yo le preguntaría a Gallardón por qué, desde ese Catolicismo que le lleva a condenar el aborto, no se afana igual en defender a la cantidad de mujeres que son despedidas de sus trabajos por quedarse embarazadas".

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La oposición a la reforma local sitúa en un mismo frente a ayuntamientos de todos los partidos

El Gobierno central ha puesto encima de la mesa la reforma de la Administración Local. Entre las propuestas que integra el borrador, actualmente en fase de alegaciones, se prevé dejar sin competencias en materia de Igualdad, Educación, Salud, Medio Ambiente y Vivienda a los Ayuntamientos; las competencias centrales para la prestación de los servicios básicos a la ciudadanía. Municipios de distinto signo político han mostrado a eldiario.es/andalucia su inquietud ante la posibilidad de que la reforma se apruebe y se ahonde aún más en la situación límite en que se encuentran miles de ciudadanos, que tienen en los Servicios Sociales de los Ayuntamientos el punto de referencia para pedir ayuda. La exigencia entre los municipios es casi unánime: "Los servicios deben estar cerca de los ciudadanos, sobre todo en este contexto de crisis".

La reforma quiere suprimir el artículo 28 de la Ley 7/1985 de Bases de Régimen Local y modificar el 25 limitando los servicios sociales del municipio a "la evaluación e información de situaciones de necesidad social y atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión"; "protección de la salubridad pública"; "cementerios y funerarias" y "participar en la vigilancia de la escolaridad obligatoria". Esto es, los Ayuntamientos podrían convertirse en "una mera oficina de derivación con alguna ayuda de urgencia", denuncia la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales. "La reforma desnaturaliza los servicios sociales, al convertirlos en meras oficinas de mediación", detallan en el informe El valor de la proximidad, un documento que analiza el impacto de la medida.

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La reforma local amenaza la atención a las mujeres en los pueblos

Miles de andaluzas encuentran en los Centros Municipales de Información a la Mujer (CMIM), repartidos por toda la Comunidad, el abrigo que necesitan después de denunciar malos tratos. Otras acuden a estas oficinas para conocer mejor sus derechos, recibir información y asesoramiento en salud, empleo o realizar algún curso formativo. "Estas mujeres confían en el equipo técnico y jurídico porque están en su pueblo, a dos pasos de sus casas, y los vecinos tienen estos centros como referencia", dice Rosa de las Heras, asesora jurídica del CMIM de Carmona (Ayuntamiento gobernado por el Partido Popular). La reforma de la Administración Local que propone el Gobierno central amenaza esta atención directa a las mujeres, sobre todo en las zonas rurales, pues contempla la supresión de las competencias que desde 1985 tienen los ayuntamientos para poder realizar actuaciones en materia de Igualdad.

Que se produzca esta situación depende de la aprobación final del texto –actualmente en fase de alegaciones-, aunque el borrador ya ha levantado la voz de colectivos, asociaciones y municipios que ven cómo 20 años de trabajo en el acercamiento de los servicios básicos a la ciudadanía pueden venirse abajo. Así lo expuso la semana pasada el Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres (CAPM), que ha creado un grupo de trabajo en el que las asociaciones analizarán la reforma y su repercusión en las políticas de Igualdad. En esta reunión, el Consejo puso de manifiesto cómo esta reforma dejaría a la Administración local fuera de la Ley estatal de Igualdad, que establece que sean las entidades locales las que integren el derecho de igualdad en el ejercicio de sus competencias.

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