La oposición a la reforma local sitúa en un mismo frente a ayuntamientos de todos los partidos

El Gobierno central ha puesto encima de la mesa la reforma de la Administración Local. Entre las propuestas que integra el borrador, actualmente en fase de alegaciones, se prevé dejar sin competencias en materia de Igualdad, Educación, Salud, Medio Ambiente y Vivienda a los Ayuntamientos; las competencias centrales para la prestación de los servicios básicos a la ciudadanía. Municipios de distinto signo político han mostrado a eldiario.es/andalucia su inquietud ante la posibilidad de que la reforma se apruebe y se ahonde aún más en la situación límite en que se encuentran miles de ciudadanos, que tienen en los Servicios Sociales de los Ayuntamientos el punto de referencia para pedir ayuda. La exigencia entre los municipios es casi unánime: “Los servicios deben estar cerca de los ciudadanos, sobre todo en este contexto de crisis”.

La reforma quiere suprimir el artículo 28 de la Ley 7/1985 de Bases de Régimen Local y modificar el 25 limitando los servicios sociales del municipio a “la evaluación e información de situaciones de necesidad social y atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión”; “protección de la salubridad pública”; “cementerios y funerarias” y “participar en la vigilancia de la escolaridad obligatoria”. Esto es, los Ayuntamientos podrían convertirse en “una mera oficina de derivación con alguna ayuda de urgencia”, denuncia la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales. “La reforma desnaturaliza los servicios sociales, al convertirlos en meras oficinas de mediación”, detallan en el informe El valor de la proximidad, un documento que analiza el impacto de la medida.

“No me canso de decir, cada día, que la clave es la cercanía y que hay que reforzar los ayuntamientos”. Josefina Cristo es concejala del Área de Servicios Sociales de Lepe, ayuntamiento gobernado por el Partido Popular. También es diputada provincial. Con 28.000 habitantes, los Servicios Sociales de este municipio onubense atendieron el año pasado a más de 3.000 personas, prestando servicios de ayuda a domicilio, a familias con dificultades, a inmigrantes, personas con discapacidad y mujeres, muchas víctimas de violencia de género.

La situación que la concejala dibuja de un día cualquiera en las oficinas de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Lepe podría resumirse en pocas palabras: “Hay gente que lo está pasando muy mal”. Por eso, Josefina Cristo se resiste a creer que la reforma vaya a aprobarse tal cual. Le cuesta creerlo porque, confiesa, “los ayuntamientos están desbordados y lo que necesitan es más ayuda”. “Estoy de acuerdo con que se les fiscalice, con que no se dupliquen los servicios, pero el objetivo debe ser que se optimicen los recursos en los municipios, que se les abastezca de todo y que la cercanía sea siempre la clave”. Para la edil popular, trasladar servicios básicos a las capitales de provincia (puesto que las competencias municipales pasarían a manos de las Diputaciones) podría llevar a los ayuntamientos a tener que pagar a los ciudadanos, incluso, el billete para el transporte, porque “hay personas que no tienen ni para eso ¿Cómo se van a poder desplazar?”. ¿Usted se opondría a la reforma si se llegara aprobar? “Sí, creo que sí”, afirma Josefina Cristo.

La batalla, sobre el terreno

Andalucía es la cuarta Comunidad Autónoma más pobre: el 31,68 % de los andaluces vive bajo el umbral de la pobreza. Uno de cada seis menores está en situación de pobreza extrema. Los Ayuntamientos conocen al pie de la letra estas cifras. Hasta ahora, han sido los técnicos municipales los que han trabajado sobre el terreno contra la desigualdad y la exclusión. Por eso, para Brígida Pachón, concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Osuna (Sevilla), gobernado por el PSOE, esta reforma echa por tierra el trabajo de 30 años: “Se trata de un ataque directo al municipalismo y a la democracia”. Una medida anticonstitucional, denuncia Pachón, pues vulnera los principios reconocidos en la Carta Europea de la Autonomía Local y no respeta las competencias de las Comunidades Autónomas reconocidas en los respectivos Estatutos de Autonomía.

“Los ayuntamientos quedarán en manos de interventores, de tecnócratas, sujetos a estándares de calidad si no se cumplen los objetivos de financiación”, advierte Pachón, para quien esta reforma sólo esconde “la privatización de los servicios”. “Si una familia no tiene para pagar la luz o para comer, ¿cómo se va a poder desplazar para tramitar el salario social? La atención no será directa y se favorecerá que surjan empresas que realicen servicios que hoy son gratuitos”.

“Los Ayuntamientos dejarán de ayudar a quien más lo necesita, pero tampoco podrán poner en marcha actividades extraescolares, promocionar a artistas locales o ayudar al ciudadano a gestionar documentación sobre temas de vivienda. Esta reforma no tiene beneficios, no hay ahorro”, advierte la concejala socialista para quien esta norma dejará sin sentido que los alcaldes sean elegidos por los ciudadanos, que ya no podrán exponer a los candidatos sus necesidades. “Los ayuntamientos desaparecerán, será una vuelta al pasado con ciudadanos de primera, de segunda y, si me apuras, de tercera”. Osuna, con 18.500 habitantes, atendió en 2012 a más de 5.500 personas en los servicios, hoy, en el punto de mira.

En el punto de mira, también, aquellos ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes que podrán ser intervenidos si no cumplen con las medidas de austeridad en el gasto. Es el caso de la Roda de Andalucía, municipio sevillano de unos 4.400 habitantes, gobernado por IU y PP. Pepi Valverde (IU) es concejala de Cultura, Educación y Participación Ciudadana y coordina, además, los servicios municipales de la localidad. “Lo que no se puede hacer es cortar por lo sano. El Ayuntamiento, fuera… cuando somos nosotros los que estamos día a día con la gente”. 4.400 habitantes, más de 2.000 beneficiarios de los servicios sociales durante 2012 (la mitad de su población).

“Si los ayuntamientos estamos empujando al máximo para salir de la crisis y ahora aprueban esto, nos atan de pies y manos. Esta reforma va a quitar a los alcaldes para poner un funcionario, que será quien tome las decisiones dictadas por Moncloa”.

A pesar de gobernar con el PP aseguran: “Ellos nos dicen que no hemos leído bien el texto… que la presión de los municipios del PP hará que se modifique. En el fondo tampoco están de acuerdo. Lo que sí tenemos claro es que como el texto se apruebe, La Roda de Andalucía tendrá el primer alcalde insumiso”.