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Robert Manrique

Víctima del atentado de ETA en el Hipercor de Barcelona. Exdelegado de la AVT en Cataluña. Excoordinador del SIOVT - Departamento de Justicia de la Generalitat de Catalunya.

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24 horas de tregua política por las víctimas del terrorismo

Barcelona ha sido objetivo terrorista durante décadas y no es difícil recordar a las diferentes bandas terroristas que han atentado en la ciudad causando muerte y dolor. De nuevo, el maldito jueves 17 de agosto volvimos a vivir situaciones ya conocidas con los atentados de Rambles, Cambrils y el asesinato de Pau Perez, sin olvidar lo ocurrido en las explosiones de Alcanar.

Pocas semanas después las circunstancias políticas vividas en Catalunya fueron de tal intensidad que no aparecían noticias sobre las quejas que algunas víctimas presentaban en relación a la asistencia que estaban recibiendo. Tuvo que llegar el mes de diciembre para que una pareja de víctimas del atentado en Cambrils presentaran públicamente su opinión y a partir de entonces afloró la realidad: los errores que desde siempre han sido constantes en la atención a los afectados se volvían a repetir. Fue a partir de aquella noticia cuando un grupo de profesionales con una larga trayectoria en la atención a las víctimas del terrorismo empezamos a trabajar para compensar las carencias de la administración creando la Unidad de Atención y Valoración a Afectados por Terrorismo (UAVAT).

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Terrorismo: “Alterar gravemente la paz y seguridad ciudadana”

Comenta un excelente jurista que “los abogados estamos acostumbrados, cuando hay una tragedia, a tirar el Código Penal a la basura y comprar otro nuevo”. Excelente manera de resumir lo que estamos viviendo tras el atentado ocurrido en la sede de Charlie Hebdo en París. Han tenido que ocurrir los ataques en el país vecino para que se haya pasado de la nada al “casi” todo en materia de control de los posibles ataques de ese tipo de terrorismo.

Leo en eldiario.es que se está planteando desde el Gobierno equiparar los escraches, las huelgas con piquetes o la alteración de un pleno parlamentario a lo que se considera como acción terrorista.

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