Terrorismo: “Alterar gravemente la paz y seguridad ciudadana”

Robert Manrique

ex-coordinador del SIOVT - Dpto. Justicia Generalitat Catalunya —

Comenta un excelente jurista que “los abogados estamos acostumbrados, cuando hay una tragedia, a tirar el Código Penal a la basura y comprar otro nuevo”. Excelente manera de resumir lo que estamos viviendo tras el atentado ocurrido en la sede de Charlie Hebdo en París. Han tenido que ocurrir los ataques en el país vecino para que se haya pasado de la nada al “casi” todo en materia de control de los posibles ataques de ese tipo de terrorismo.

Leo en eldiario.es que se está planteando desde el Gobierno equiparar los escraches, las huelgas con piquetes o la alteración de un pleno parlamentario a lo que se considera como acción terrorista.

En mi etapa como delegado en Cataluña de la antigua AVT tuve el privilegio de colaborar en las propuestas para la Ley de Solidaridad 32/1999, la primera ley que pretendía encontrar solución a los parches legislativos y a los vacíos legales con que nos enfrentábamos las víctimas del terrorismo de las últimas décadas del pasado siglo. Recuerdo de memoria la redacción para definir quién debería ser reconocido como víctima del terrorismo y, por tanto, lo que se debía entender como “terrorismo”: artículo 3, punto 1... Beneficiarios: “las víctimas de actos de terrorismo o de hechos perpetrados por persona o personas integradas en bandas o grupos armados o que actuaran con la finalidad de alterar gravemente la paz y seguridad ciudadana”.

Y ahora, quince años después ¿nos cuentan que un grupo de ciudadanos que se manifiesten ante un domicilio podrán ser equiparables a bandas o grupos armados? ¿Intentar imponer que un grupo de trabajadores reclamando los derechos adquiridos tras décadas de esfuerzos sociales son el equivalente a quien altera gravemente la paz y seguridad ciudadana?

Algunos ejemplos servirán para entender lo arriesgado, a mi modesto entender, de tales propuestas gubernamentales. Hay muchos pero presento dos: en mayo de 2002 un ciudadano barcelonés fue alcanzado por la onda expansiva de la bomba que había colocado un exmiembro de la ya extinguida Terra Lliure en un cajero. El pobre abuelo estaba regando las plantas en su balcón sobre de la entidad bancaria. Pese a nuestros esfuerzos (los suyos, los míos y los de un excelente abogado) jamás conseguimos que fuera reconocido como “víctima del terrorismo” porque el argumento de la Administración era que el autor, detenido y confeso, actuaba a nivel individual. Es decir, que quien colocaba artefactos explosivos en cajeros automáticos y había sido miembro de una banda terrorista causando heridas muy graves a un ciudadano anónimo no era un terrorista porque actuaba “por libre”. Para el Ministerio de Interior la colocación de diversas bombas en entidades bancarias no alteraba gravemente la paz y seguridad ciudadana. Pero ahora las mentes pensantes descubren la existencia de los llamados “lobos solitarios” y van a modificar innumerables reglamentos para que sean perseguidos como terroristas.

Vamos a por el segundo. Un grupo de cabezas rapadas, con una estética que muestra claramente la pertenencia a una banda, apalea a un joven de otra raza hasta casi causarle la muerte. La paliza se produce con el uso de puños americanos, bates de beisbol y barras metálicas. Se cierra el tema como acto violento. Al parecer, tampoco alteraba gravemente la paz y seguridad ciudadana.

Sinceramente, le hago saber al gobierno que no se preocupe... el abuelo en cuestión murió diez años después sin haber sido reconocido como víctima del terrorismo. El chico negro sobrevivió, jodido, pero vivo.

Con toda la experiencia acumulada desde 1987 por el atentado en Hipercor, solicito a los responsables de redactar las leyes que se tomen su tiempo en delimitar con exactitud qué será reconocido como delito de terrorismo. Y por extensión, como víctima. Ser ciudadano no es sospechoso de ser un delincuente. Porque rectificar es de sabios y las prisas son malas consejeras.

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