El comienzo de la agonía de Zapatero
Ahora que se habla tanto de los lobbies y del delito de tráfico de influencias convendría echar un vistazo al cementerio del Congreso de los Diputados. No es exactamente un lugar lleno de tumbas y cruces emplazado en el sótano del edificio. Es una forma de referirse a todos los proyectos de ley que permanecen encerrados en un limbo político sin poder avanzar en su tramitación parlamentaria. Básicamente, por falta de acuerdo. Por ejemplo, es lo que ha pasado en varias legislaturas con la reforma de la ley de secretos oficiales. Cuando acaba la legislatura y se convocan elecciones, a todos esos proyectos se les extiende un certificado de fallecimiento. Se dice en esos casos que el proyecto o proposición de ley ha decaído. No ha vivido lo suficiente como para ser aprobado o lo han dejado morir.
El Gobierno presentó en enero de 2025 el proyecto de ley de “transparencia e integridad de las actividades de los grupos de interés”, lo que vienen a ser los lobbies. En marzo se produjo el debate de las enmiendas a la totalidad. Sólo hubo una de Vox que fue rechazada por 32 votos a favor, 177 en contra y 136 abstenciones (estas últimas del Partido Popular). Ya se había iniciado antes el periodo de presentación de enmiendas al proyecto. Luego se renovó. Una vez. Dos veces. Tres. Así hasta veinte en septiembre de 2025. A partir de esa fecha, en la Comisión de Hacienda se comenzó a discutir el articulado para elaborar la ponencia, que es el resultado de todo ese trabajo legislativo.
Cabe la posibilidad de que en las próximas semanas ese proyecto de ley reanude su camino. Es lógico que los grupos promotores de un proyecto esperen a tener amarrados los apoyos para no jugárselo todo al final en la votación. Como ha ocurrido con otros temas, y a expensas de lo que haga el PP, todo depende de que Junts esté dispuesta a votar a favor a cambio de la aprobación de algunas enmiendas. El grupo catalán ya ha dicho en público que no están por la labor de aprobar ningún proyecto de ley del Gobierno. Quizá hagan una excepción con este después de que se haya desencadenado el caso Zapatero.
Una ley que ponga límites al trabajo de los lobbies no garantizará por sí sola que no se produzcan delitos como el de tráfico de influencias o cualquier otro, pero ayudará a establecer unas reglas del juego que obligarán a todos. Sacará a la luz algo como es la relación entre empresas y funcionarios o altos cargos que sabemos que existe y que no se puede negar que continuará existiendo. No aprobar esa ley es el equivalente a mirar a otro lado y fingir que todo está bien a menos que alguien viole un artículo del Código Penal.
El Gobierno y los partidos políticos tienen ahora otras prioridades y la mayoría tienen que ver con la imputación de Zapatero. La noticia ha provocado un impacto brutal en la política, aunque la instrucción del caso en la Audiencia Nacional no ha hecho más que empezar. El sumario ha estado declarado secreto durante unos dos años, pero es ahora cuando arranca de verdad al hacerse público que el expresidente tendrá que declarar como imputado el 2 de junio. “Hoy me decían en el PSOE que no es lo mismo que un novio te engañe a que te engañe el amor de tu vida”, dijo hace unos días Esther Palomera en Hora 25. En esas están ahora los socialistas. “El Zapatero que conocemos es incompatible con las acusaciones que aparecen en ese auto”, dijo Patxi López el viernes. Lo conocían como líder del PSOE y presidente del Gobierno, además de todo el apoyo que dio a las campañas de su partido como expresidente. Lo que no podían conocer eran sus actividades económicas privadas.
Zapatero representaba a la parte del viejo PSOE que no había abandonado a Sánchez. No sólo eso. Se convirtió en su principal apoyo interno, el hombre al que siempre se podía recurrir en las campañas electorales difíciles. Tuvo un papel básico en la campaña de 2023 con la misión de movilizar a los votantes socialistas que podían tener dudas sobre el futuro. Todo eso suponía obviar el fin dramático de su Gobierno, hundido por la crisis económica. Era mucho mejor recordar las leyes sobre avances sociales que Sánchez había querido continuar.
Todos se preguntan el alcance de las acusaciones contra Zapatero. Bueno, no todos. El PP, El Mundo y ABC ya lo han declarado culpable. El auto del juez cuenta con 85 páginas, una extensión que no es necesaria para justificar que se llame a alguien a declarar como imputado. El juez José Luis Calama es consciente de las consecuencias políticas de convocar a un expresidente del Gobierno. Por eso, se ha extendido en el auto incluyendo lo que se supone que es todo lo que tiene contra Zapatero en la parte de la investigación ya realizada.
No se puede negar la evidencia. La decisión de llamarle a declarar está justificada por los indicios acumulados. Incluyen mensajes de personas que daban por hecho que Zapatero les iba a ayudar a conseguir el rescate de Plus Ultra. En el reparto de la trama, figura con un papel protagonista Julio Martínez, amigo personal suyo y quien le contrató. No aparece ningún mensaje del expresidente. Otros indicios son los pagos recibidos por Zapatero y sus hijas. Los segundos son especialmente difíciles de justificar. Pero no es posible detectar ninguna gestión concreta del político leonés hecha ante la Administración que hiciera posible el rescate.
El juez sugiere que esas ayudas públicas no estaban justificadas por las pequeñas dimensiones de la compañía aérea (sólo tenía cuatro aviones). Pero esas ayudas estaban previstas para todo el sector aéreo durante la pandemia y Plus Ultra tenía derecho a solicitarlas. La derecha lleva años insinuando que el rescate de Air Europa también se llevó a cabo de forma ilegal. No han demostrado nada. La compañía ha devuelto esos créditos y hoy es la tercera línea aérea española con un nivel de beneficios casi idéntico al de la segunda (Vueling). No es el caso de Plus Ultra, que sólo ha devuelto hasta ahora los intereses de un préstamo de 53 millones.
Es cierto que hay agujeros en el auto de Calama. Algunos indicios no son muy sólidos, como una reunión de Zapatero en 2020 con José Luis Escrivá, entonces ministro de Seguridad Social, hoy gobernador del Banco de España. Fuentes cercanas a Escrivá han dicho que no se habló del rescate de Plus Ultra en ese encuentro que por lo demás no fue solicitado por el expresidente. La sospecha, es decir, la razón por la que el juez lo menciona en el auto, es que la empresa arrastraba una deuda de casi medio millón con la Seguridad Social. Ahí hay que precisar que sí estaba al corriente de pago, aunque eso incluyera un aplazamiento de los pagos por la deuda, como es habitual en el caso de las empresas en crisis (y Plus Ultra lo estaba antes de la pandemia).
Lo mismo se podría decir de la supuesta creación de una empresa en Dubái para canalizar los pagos de las comisiones por el rescate. Es algo citado por el juez, pero no incluye en el auto ningún indicio claro de que Zapatero ordenara poner en marcha esa empresa, más allá de una referencia a una comida de él con Julio Martínez.
Estas y otras cuestiones no se pueden obviar al analizar el auto. Tanto las que podrían incriminar a Zapatero, como las que ponen en cuestión elementos esenciales del documento. Por encima de todas ellas está la presunción de inocencia, esencial en el sistema judicial. Al menos, es lo que decía un tal Feijóo en Galicia en 2012 y también en 2013. Sostenía que era “perfectamente compatible” con la acción judicial.
La agonía de Zapatero –no hay otra palabra para describir su situación– será larga. La instrucción puede prolongarse durante años, aún más si todo culmina en un juicio. ¿Para cuándo? El abogado José María de Pablo ha puesto algunos ejemplos. El juicio de la pieza 2 del caso Lezo comenzará en octubre. La investigación se inició en 2016 sobre hechos ocurridos entre 2003 y 2008. El juicio del caso Gowex será en diciembre y los hechos juzgados se produjeron hasta 2013.
En el plano político, la presunción de inocencia no funciona de la misma manera. No hay forma de que el Gobierno dé la vuelta a la sensación de que está sitiado y paralizado por los acontecimientos. En privado, los socialistas no esconden que se encuentran en el peor momento posible, uno del que no saben cómo salir. Al igual que hace un año, el objetivo parece ser llegar cojeando al verano a la espera de que amaine la tormenta. Junio no les va a dar tregua. Se espera para entonces la sentencia de Ábalos y Koldo, el inicio del juicio del hermano de Pedro Sánchez y nuevas revelaciones sobre Zapatero. Hace una semana, su prioridad era encajar el golpe de las elecciones andaluzas. Han pasado siete días y parece que han sido siete meses.