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La falta de información y la improvisación en la gestión migratoria: claves en las barricadas de Tunte

La Policía Nacional custodia el Aula de la Naturaleza de Tunte tras las barricadas organizadas por los vecinos

Natalia G. Vargas

Las Palmas de Gran Canaria —

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Al grito de “no nos moverán” y con la intención de impedir el alojamiento en el Aula de la Naturaleza de Tunte de un grupo de personas llegadas en patera a Gran Canaria, los vecinos de San Bartolomé de Tirajana organizaron barricadas este miércoles. En una jornada en la que la tensión aumentaba cada hora en el casco histórico de uno de los principales municipios turísticos del interior de la Isla, uno de los presentes incluso llegó a amenazar con “prenderle fuego” al lugar “en los próximos días”. “No nos van a dejar por racistas” era otra de las reivindicaciones que repetían los residentes, que subrayaban que el problema era “llevar el virus al pueblo”, a pesar de que los migrantes trasladados dieron negativo en la PCR. Otra de las críticas fue dirigida a la Delegación del Gobierno en Canarias por parte del Ayuntamiento, que dice haberse enterado por los vecinos de que los jóvenes que llevaban tres días durmiendo en el muelle de Arguineguín serían reubicados en Tunte. La falta de información, de coordinación y la improvisación en la gestión migratoria en los últimos meses en las Islas son, según organizaciones especializadas, algunas de las causas que condujeron a estas movilizaciones. Tres factores a los que se suma el señalamiento de los migrantes como causantes de los rebrotes en Canarias, aunque los positivos permanezcan aislados y controlados.

Elena Lugli, portavoz de Médicos del Mundo, señala que “lo que pasó en Tunte deja de manifiesto la improvisación en la gestión migratoria durante la crisis provocada por la COVID-19”. La asociación insiste en que la solución para evitar sucesos como el de esta semana pasa por la coordinación y la comunicación responsable y transparente entre las administraciones y con la sociedad civil. “Nos gustaría apelar al reto de la comprensión y la empatía por parte de la población de Tunte. Se trata de personas que llevan cinco días en el mar, 80 horas durmiendo en el suelo de un muelle y que han sido recibidos entre gritos”, recuerda Lugli.

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) en Canarias critica la descoordinación y la improvisación en la primera acogida para la filiación y la realización de pruebas PCR, cuando están inhabilitados los calabozos, las comisarías y los Centros de Internamiento de Extranjeros por la situación provocada por la COVID-19. “Se ha habilitado una nave de uso reducido, con plazas limitadas y en unas condiciones que ya las ONG, profesionales de la Sanidad y la Policía han cuestionado. Máxime en una situación de pandemia”, explica la ONG.

“Desde hace tres meses, no se ha desarrollado ninguna de las alternativas que se propusieron, como la adecuación del CIE de El Matorral (Fuerteventura) o el campamento de Arinaga”, señala CEAR. Cruz Roja decidió retirar el centro temporal de acogida por el elevado coste en seguridad que supone mantener los materiales en el polígono ante la lentitud en la consecución de las licencias necesarias. “Gran Canaria recibe seis de cada diez pateras y aún no tiene unas condiciones adecuadas para gestionar su llegada. Si esto no se ha dado tras la llegada de 3.292 personas en lo que va de año, estamos a tiempo de hacerlo”, propone la ONG. “No entendemos esta forma de funcionar que está condicionando que las decisiones sean poco comprendidas. Tenemos la sensación de que la sociedad canaria está comprometida con la población migrante, pero también creemos que las decisiones deben ser más coherentes y ordenadas, conociendo las dificultades. que entraña la gestión migratoria”, añade la entidad.

Médicos del Mundo también indica que la desinformación ha provocado una sensación de “miedo a la población migrante” en un contexto de pandemia. “Debemos tener en cuenta que las personas proceden de países donde el virus se ha propagado de forma diferente y donde los sistemas sanitarios son más débiles”, destaca la portavoz. Por ello, es “fundamental encontrar recursos y soluciones de acogida que garanticen la salud pública y cumplan las condiciones idóneas”.

Falta de comunicación entre instituciones

La alcaldesa de San Bartolomé de Tirajana, Concepción Narváez (PSOE) ha lamentado que la Delegación del Gobierno haya procedido a trasladar a los migrantes desde Arguineguín hasta Tunte sin contar con la corporación municipal, reubicando además a las 80 personas que llevaban meses en el Aula de la Naturaleza y que habían logrado integrarse en el pueblo. La máxima responsable del municipio destaca que “los vecinos del pueblo acogen con las manos abiertas cuando se lo piden” y no protestan contra las personas, “sino por las condiciones del centro y sus servicios”.

Por su parte, el delegado del Ejecutivo socialista en las Islas, Anselmo Pestana, sostiene que fue una gestión de “carácter ordinario” de la que no tenían que informar a las autoridades locales porque conocen el uso de las instalaciones. Pestana apeló a la responsabilidad de las administraciones públicas y lamentó que “haya personas que estén intentando aprovechar esto para exacerbar sentimientos racistas que son muy fácil de hacer llegar a la opinión pública”. Además, el delegado insistió en que todos los migrantes que han llegado a Canarias y han dado positivo “han ido negativizándose” por estar controlados.

Por su parte, ante las acusaciones a la oposición del Ayuntamiento del sur de Gran Canaria de organizar las movilizaciones contra la población migrante en Tunte, Elena Álamo (AV-PP) ha defendido ante Canarias Ahora que la barricada nació “del sentido del pueblo” y exige al equipo de gobierno que se retracte públicamente. “Sentimos enfado porque creemos que están intentando buscar un culpable”. “Nuestro posicionamiento político ha sido claro: estamos en contra de que se traslade a migrantes con COVID a un municipio turístico, porque quedaría geolocalizado en el mapa”. Además, ha apuntado que el centro “no cuenta con las condiciones necesarias y está muy alejado de los centros hospitalarios”. La oposición tampoco apoya el traslado de las 80 personas que habitaban en el Aula de la Naturaleza, porque ya estaban integradas.

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