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Fuerteventura se quedó sin asesoramiento jurídico para migrantes el día que Interior decidió reabrir el CIE del Matorral

Mientras el Gobierno de España ha decidido reactivar el CIE majorero como medida para enfrentar la llegada de personas en patera a Canarias, la asociación Entre Mares se vio obligada a cerrar sus servicios jurídicos para migrantes

Cruz Roja también dejó de prestar asesoramiento jurídico y CEAR no tiene sede en Fuerteventura, aunque el delegado de la ONG prevé trasladar un servicio parcial para "compensar la merma" de este servicio en la Isla tras el cierre de las entidades

Una patera con 39 personas a bordo llega a la punta de Jandía, en el municipio de Pájara. EFE/Carlos de Saá

Imagen de archivo de la llegada de una patera con 39 personas a la punta de Jandía, en el municipio de Pájara. EFE/Carlos de Saá

El mismo día que el Ministerio del Interior anunció la decisión de reabrir el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) del Matorral, en Fuerteventura, la asociación Entre Mares informó de que "por causas ajenas a su voluntad" dejaría de prestar desde el pasado 8 de enero sus servicios de atención, asesoramiento e información a la población migrante de la Isla. Además, tal y como ha confirmado Cruz Roja a este periódico, esta ONG también cerró sus dependencias de asesoramiento jurídico. Una situación de desamparo a la que se suma la ausencia de sedes de CEAR en la Isla, ya que sus establecimientos se ubican en las dos capitalinas. 

De este modo, el cierre de Entre Mares ha dejado a las personas migrantes en situación administrativa irregular de Fuerteventura huérfanas en materia de asesoramiento jurídico por parte de las organizaciones especializadas. La asociación lleva trabajando en la Isla desde noviembre de 2014 y, por falta de medios, cesa su actividad. No obstante, recuerda a los usuarios de su servicio que intentarán dar respuesta a "cualquier cuestión que haya quedado pendiente".

El asesoramiento jurídico es un agente fundamental para quienes se encuentran en situación administrativa irregular. Este servicio les permite conocer cuáles son sus derechos y obtener información sobre si pueden o no solicitar asilo y protección internacional. Una situación bajo la cual no pueden ser internadas en los Centros de Internamiento de Extranjeros ya que no pueden ser devueltas a sus países de origen al suponer un riesgo para su integridad. 

La directora general de Protección a la Infancia y a la Familia del Gobierno de Canarias, Iratxe Serrano, señala que en el caso de los menores es el propio servicio de esta área el que se encarga de atenderlos jurídicamente. "En el caso de los adultos, suelen ser las ONG", apunta.

Por su parte, el delegado de CEAR en Canarias, Juan Carlos Lorenzo, adelanta que la idea de la organización es destinar un servicio jurídico parcial a Fuerteventura para "compensar la merma" que ha sufrido tras el cierre de estas entidades. "En breve, probablemente durante el mes de enero, trasladaremos parte de la jornada laboral de una abogada que tenemos en Gran Canaria a Fuerteventura. Por tanto, estará tres días en una isla y dos en otra", explica. 

Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) del Matorral, en Puerto del Rosario (Fuerteventura).

Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) del Matorral, en Puerto del Rosario (Fuerteventura). Efe/Carlos de Saá

La reapertura del CIE del Matorral aún no tiene fecha fijada, ya que fuentes del Ministerio del Interior han confirmado que aún debe estudiarse el estado de las instalaciones. Las causas que motivaron el cierre de este CIE están ligadas no solo a las malas condiciones de su infraestructura, sino también al gasto de cuatro millones de euros a cargo de servicios de limpieza, alimentación o atención médica durante seis años para un espacio vacío, en el que no se internó a ningún migrante. 

Su reactivación es una de las medidas acordadas en la reunión celebrada este miércoles 8 de enero entre el ministro Fernando Grande-Marlaska, la secretaria de Estado de Seguridad, el comisario general de Extranjería y Fronteras y el general de Zona de la Guardia Civil en Canarias, y cuyas conclusiones fueron trasladadas al presidente del Gobierno regional, el socialista Ángel Víctor Torres. 

Otras disposiciones planificadas para enfrentar la llegada de personas en pateras y cayucos al Archipiélago son frenar las migraciones en origen y agilizar las expulsiones. Sin embargo, en las Islas estas apenas han superado el 1% en los últimos años pese a que los CIE, establecimientos de privación de libertad donde los migrantes son internados durante 60 días mientras se tramita su expediente de expulsión, están abarrotados. Una cifra que pone en cuestión la eficiencia de estos espacios. 

En este contexto, siguen creciendo las llegadas de personas en busca de oportunidades a las costas majoreras por vía marítima. En la madrugada del pasado jueves, una patera con 56 personas fue localizada al llegar a tierra en Las Playitas, Tuineje. En la embarcación viajaban 41 hombres y diez mujeres, una de ellas embarazada, y cinco menores. Todos presentaban síntomas de hipotermia leve, tal y como ha informado Efe, por lo que recibieron asistencia médica, aunque ninguno tuvo que ser trasladado a centros sanitarios. 

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