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La plataforma por un Precio Justo del Plátano de Canarias lamenta la exclusión de esta fruta de la nueva ley y que no se pregunte a los agricultores

Corte y transporte de piña de plátanos en una finca de Canarias.

El Diario Agrícola

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La plataforma por un Precio Justo y Auténtico del Plátano de Canarias lamenta que la exclusión de esta fruta de la nueva ley de la Ley de Cadena Alimentaria. Según sostiene que esta exclusión “atenta gravemente a la supervivencia del plátano de Canarias y a los muchos puestos de trabajo directos e indirectos que dependemos de este sector”.

El colectivo se desmarca así de la postura de Asprocan y sostiene que esta asociación representa a la parte empresarial del sector, “pero nunca a los agricultores a los que jamás se nos ha consultado sobre la exclusión del plátano de dicha ley”.

La Plataforma por un Precio Justo y Auténtico del Plátano de Canarias señala que el artículo 12 de la norma establece que dice “ningún miembro de la cadena de producción puede vender a pérdidas”, algo que ve “lógico” porque de lo contrario sería la “muerte y la desaparición de muchos puestos de trabajo”. De hecho, remarca que “cualquier productor de plátanos o de otro sector que no cubra los costes de producción y además no obtenga un beneficio por el mismo, está condenado a su desaparición”.

Además, destaca que la desaparición de este sector de pequeños y medianos agricultores, además de las pérdidas de los puestos de trabajo, incidiría de forma negativa sobre el medio ambiente causando, por ejemplo, la desaparición de grandes extensiones de terreno cultivado, lo que los convertiría “en eriales que afectaría al turismo que llega a nuestra isla y a la famosa huella de carbono de la que tanto se está hablando”.

En cuanto a la competencia desleal con la banana, la plataforma subraya que muchas de las organizaciones productoras de plátanos venden en la península plátanos y bananas y son “ellas mismas las que crean un problema de competencia desleal”. Además, recuerda que existe la PAC (Política Agraria Común) que tendría que aplicarse para defender los productos locales de los que provienen de terceros países, “muchos de ellos como la banana, incumpliendo las normas europeas de trazabilidad en cuanto a los productos fitosanitarios, además de las deficientes condiciones socio laborales a la que las multinacionales americanas someten a sus trabajadores”, apunta.

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