Algo hemos hecho mal en Canarias, ¿qué será?

El presidente del cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, ha publicado un artículo en la prensa local bajo el sugerente título de Aprender de los errores. Pensé que lo primero que haría sería describir esos errores, pues conocerlos es la condición imprescindible para quién quiera aprender de ellos con el fin de no volver a cometerlos. Pero resulta que el señor presidente dice todo lo contrario en su escrito.

Comienza descubriendo lo obvio cuando dice: “Soy de los que piensa que algo hemos hecho mal en Canarias en las últimas décadas. A la vista de los resultados, en algún sitio se ha metido la pata”. Pero en ningún momento aclara dónde ni quiénes han metido la pata y, lo justifica acudiendo la la metáfora del barco que está a punto de zozobrar (¿tan grave es la situación, señor presidente?) y que por eso no es el momento de discutir las causas de la mala situación de la economía canaria. Con estas premisas es evidente que su opinión es solo un ejercicio de redacción, es imposible reflotar una economía si no sabemos las causas de la escora que la hace peligrar. Por eso, lo único que se le ocurre para rellenar la página es poner la distancia que nos separa de la UE, y la consiguiente dificultad del sector productivo de Canarias para vender sus productos, como el problema a resolver. Después de muchos años en cargos políticos, de muchas reuniones y horas de estudio el presidente ha parido la solución: ¡el mercado interno y el mercado africano!

Afirma, y sin rubor alguno, que “desde hace años, Canarias tiene pendiente una reflexión muy seria sobre sus estrategias de crecimiento.” Lo realmente asombroso (¿o no?) es que un miembro ten relevante de Coalición Canaria diga estas cosas cuando su partido se ha negado a reflexionar sobre temas de tanta trascendencia para la isla como el puerto de Granadilla y por eso no admitieron en el Parlamento la iniciativa popular avalada por más de cincuenta mil firmas. Pero al margen de estas evidencias, ¿cuánto dinero nos han costado a los contribuyentes los múltiples planes elaborados por el Cabildo? Pero lo más importante, ¿para qué han servido?

Es sintomático que en su artículo no mencione al sector de la construcción ni la especulación inmobiliaria; tampoco alude a la corrupción, a las obras públicas innecesarias ni a los correspondientes sobrecostes, a la falta de transparencia de instituciones y partidos políticos, a la necesaria simplificación de la selva normativa que eterniza los procesos en las covachuelas de la administración, a la degradación del patrimonio natural de la Isla, a los flagrantes incumplimiento de las leyes por parte de los organismos públicos, entre ellos el que preside Carlos Alonso. Por ejemplo, el señor presidente podría explicar a los ciudadanos por qué se ha permitido que el puerto de Granadilla se suministre de materiales de procedencia ilegal y por qué el Cabildo ha cerrado los ojos ante esta, y otras, agresiones al territorio.

Aunque el el presidente haya tardado en darse cuenta del evidente fracaso del modelo económico que su partido y sus dos aliados promovieron en Canarias, hace mucho años, cuando todavía no había crisis, ya múltiples voces reclamaban un cambio radical, un modelo económico que tratara de crear calidad de vida para los ciudadanos y no producir ingentes masa de dinero en circulación como fruto de la especulación y el saqueo de los bienes públicos. Pero los hechos demuestran que el ejercicio de redacción de Carlos Alonso está escrito con el objetivo de silenciar las causas de la metedura de pata, ocultar lo que se ha hecho mal por parte de los partidos que se han repartido el poder insular en los últimos decenios.

Ese mismo día, Diario de Avisos publicaba la siguiente noticia: “Las carreteras tinerfeñas de titularidad insular cuentan con un total de 850 vallas publicitarias que según la normativa vigente en esta materia son ilegales”. Hace muchos años, cuando todavía no formaba parte de la corporación insular al actual presidente, aunque ya gobernaba su partido, ATAN denunció la ilegalidad de las múltiples vallas publicitarias que ocupaban los linderos de las carreteras de la Isla y, a pesar de la falta de interés de las instituciones, de las amenazas recibidas y de las denuncias en los juzgados, conseguimos que la mayor parte de ellas desaparecieran. Para justificar la falta de celo por parte del Cabildo, y que ahora tengamos más vallas tapando con sus anuncios el paisaje canario, el consejero insualr de Transporte invoca los 200 puestos de trabajos directos y 300 indirectos que genera la actividad. El mismo argumento que ha servido al Cabildo para promover y proponer otras ilegalidades pero, como hemos demostrado en los tribunales, este falaz razonamiento no hace bueno saltarse la ley. Por otra parte, que se necesiten 200 puestos de trabajo para mantener las 850 vallas de carretera es una exageración propia de las comedias de humor. Precisamente, el bajo costo que tiene esta actividad y los altos beneficios que genera es lo que explica la permisividad de los partidos, pues no en balde son ellos grandes clientes de las agencias de publicidad y, además, usuarios de las vallas en épocas electorales. El colmo es que hecha la culpa a las normas y a su burocracia de la falta de presteza en sancionar a las empresas que cometen la ilegalidad y, para arreglarlo, propone ¡elaborar una nueva norma!

Esta claro que para salir de la crisis no hay recetas mágicas, pero como en cualquier enfermedad, si no se acierta en el diagnóstico, no hay receta que valga, se deja en manos del azar. Ya puestos a reconocer que se ha metido la pata, debería empezar el presidente del Cabildo por lo más elemental: cumplir y hacer cumplir la ley, ser transparente en su gestión, dialogar, informar, oír a los ciudadanos y asociaciones pues, si lo hubiesen hecho en el pasado, el barco de la economía canaria sortearía las tormentas de la crisis en muchas mejores condiciones.