Carreteras: consenso y unidad

Canarias tuvo que llevar adelante una pacífica pero muy exigente batalla política para conseguir que el Estado se implicara en la mejora de su red viaria. Con la excusa de la competencia exclusiva en esta materia, recogida en nuestro Estatuto de Autonomía, el Gobierno español quiso desentenderse de cualquier implicación, a pesar del evidente retraso que tenía el Archipiélago; y de la imposibilidad presupuestaria de nuestra comunidad para afrontar las distintas necesidades en los territorios insulares para garantizar unas adecuadas infraestructuras de carreteras.

Hubo que esperar hasta 1994 para que nuestra comunidad consiguiera firmar el primer convenio de carreteras con el Gobierno central de entonces, un convenio sustituido tres años más tarde por otro, que amplió sustancialmente sus actuaciones. La inversión superó los 217.000 millones de las pesetas de entonces, unos 1.200 millones de euros.

Algunos años más tarde, en 2006, se redacta y ratifica un nuevo convenio de carreteras, con una inversión total prevista por parte de la Administración del Estado que alcanza los 2.149 millones de euros para la ejecución de obras, a lo que se añaden casi 300 millones de euros dirigidos al pago de expropiaciones en el período 2006-2017.

Se produce además un cambio muy significativo en el modus operandi a partir del convenio suscrito con el Ejecutivo central el año 2009. Hasta entonces todo quedaba en manos del Estado. Pero a partir de este convenio, y por razones de eficacia, es Canarias la responsable de “la supervisión y aprobación de los proyectos, así como de la licitación y ejecución de las obras”.

Hay que destacar el enorme impacto positivo que han supuesto estos convenios, permitiendo contar con infraestructuras esenciales para la movilidad de personas y mercancías, generando economía y posibilitando la creación de miles de puestos de trabajo; mejorando la conectividad en el interior de las islas y facilitando, también, la conexión entre estas.

Consenso

Hasta ahora, ha existido un elevado grado de consenso y unidad en torno a los convenios de carreteras entre Canarias y Madrid. Pero todo ha saltado por los aires con la actuación unilateral del presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, que, sin ser competente en la materia, negocia un nuevo convenio con representantes del Gobierno central, tarea que corresponde al Ejecutivo canario en exclusiva.

Alonso ha contado con el padrinazgo del presidente Clavijo, también secretario general de CC en Tenerife, que ha aceptado que haya obra nueva sin estar en el convenio y que se negocie con Madrid sin respetar e ignorando al resto de las islas.

No resiste comparación alguna con el tramo de la carretera de La Aldea, que forma parte del convenio en vigor. Lo del Cabildo de Tenerife es una obra nueva, negociada además por una administración no competente y al margen del departamento responsable del Gobierno canario y del resto de cabildos.

Rechazamos esta manera de hacer las cosas que sólo generan desconfianzas y agravios entre las islas, dividen a Canarias y dejan libre de responsabilidad a quien ha incumplido (el Gobierno del Estado), recuperando los modos y maneras del más rancio insularismo.

Esta ruptura de la unidad perjudica especialmente a las islas menos pobladas, con más dificultades para prefinanciar obras y, asimismo, con menos capacidad de presión ante el Gobierno central.

Coincidimos con la consejera del ramo, Ornella Chacón, en que la financiación disponible el próximo año debe estar destinada a las 17 obras del convenio vigente que se encuentran en marcha, con los 26 millones de euros previstos para la carretera de La Aldea y los 15 millones de euros de las obras incluidas en el convenio del anillo insular de Tenerife, así como otras en las diferentes islas.

Nuevo convenio

Urge rectificar. El presidente del Gobierno en lugar de favorecer al Cabildo de una isla, debiera dedicar sus esfuerzos a denunciar y tratar de recuperar los más de 775 millones de euros que el PP ha detraído a Canarias en materia de carreteras en los cinco presupuestos de Mariano Rajoy.

Estamos totalmente de acuerdo en la necesidad de un nuevo plan que posibilite impulsar obras pendientes, como la que reclama Tenerife y otras en las distintas islas. Pero para ello hay que incorporarlas, estableciendo prioridades, en el nuevo convenio de carreteras.

En definitiva, el Gobierno canario debe exigir la devolución de los 775 millones de euros recortados por el Ejecutivo central. Debe, asimismo, cumplir en todos sus términos el convenio vigente. Pudiendo los cabildos contribuir para que se aceleren las mismas, como ya hace el Cabildo de Gran Canaria y ha anunciado el de Tenerife.

Y, restableciendo la unidad y el consenso, negociar el tercer plan que es el que contempla, entre otras, la obra que el presidente del Cabildo de Tenerife negocia con el Ministerio de Fomento, al margen de todas las islas y, eso sí, de la mano del PP. Exigiendo, además, al Ejecutivo central que se cumpla con lo firmado y se haga justicia con Canarias, que no puede quedar relegada frente al desarrollo de infraestructuras de carreteras o ferroviarias que se vienen impulsando en el conjunto del Estado.