Los técnicos unos incompetentes, los jueces tontos o prevaricadores

La reciente sentencia sobre el caso Mamotreto ha provocado la salida en tromba del gremio de los arquitectos de Tenerife. Los dirigentes de la corporación, hablando en nombre de todos sus asociados, la han calificado de evidente error judicial propiciado por informes periciales realizados por técnicos, en su opinión, incompetentes. Para estos señores el asunto está claro y las pruebas tan contundentes que, en buena lógica, la sentencia solo puede ser el resultado de la ignorancia o la mala fe del juzgador. Pero entonces surge la pregunta: ¿porqué no se presentaron las pruebas en el momento procesal oportuno para que el tribunal las tuviera en cuenta?

Alegan que Santa Cruz ha perdido un maravillo plan para la playa de Las Teresitas y atribuyen a los que hemos denunciado el mamotreto la responsabilidad de su paralización y de las pérdidas ocasionadas por su construcción y su previsible derribo. Lo primero que llama la atención de estas críticas es la descalificación que hacen de técnicos, fiscales y jueces al proclamar , como si fuera el colegio de arquitectos un tribunal de apelación, que el fallo del tribunal es un disparate contrario a derecho. Las sentencia de los tribunales son opinables, pero lo que no resulta admisible es llamar ignorantes a jueces y fiscales o, lo que es peor, prevaricadores al no actuar conforme a la ley. Si el tribunal no ha respetado todas las garantías que asisten a los acusados en un estado de derecho, existen tribunales superiores a los que recurrir, pero para eso hay que tener pruebas y por ahora estos señores no las han aportado ni han utilizado los mecanismos legales previstos para los casos en los que jueces y fiscales se desvían de la legalidad. La acusaciones hay que demostrarlas. La sentencia es firme y en un estado de derecho hay que cumplirla.

Los arquitectos -y siento generalizar, pero por lo que se ve actúan como gremio- hablan del plan de Las Teresitas como si este plan, tal y como se concibió en el estudio del arquitecto, no incumpliera de manera flagrante la legalidad. El deslinde sobre el que se hicieron los planes discurría por el muro que separa la arena de los aparcamientos, incluía por tanto terrenos que habían sido ganados al mar cuando se construyó el dique de la playa. En esos momentos solo existía el deslinde marítimo terrestre de 1961 y no contemplaba los cambios producidos con la construcción de la playa. Esa fue la razón de la denuncia de ATAN: una parte de los terrenos eran sin discusión posible de dominio público. El nuevo deslinde afectó directamente a un plan cuyos técnicos no sabían donde comienza el dominio público según la ley, o creyeron que ellos y sus promotores no estaban obligados a cumplir la legalidad. Tampoco se enteraron que esos mismos terrenos fueron objetos de un suculento negocio para unos empresarios a costa del ayuntamiento que pagó, (muy por encima de la voloración que hizo la arquitecta municipal) por unos terrenos que era de dominio público. Unos técnicos que elaboraron un plan que ignoraba los límites de la zona de actuación habla muy poco a favor de las competencias profesionales de sus redactores.

El mamotreto es una de las edificaciones previstas en el plan y adolece de los mismos males: se planificó ignorando, o despreciando, lo establecido por la ley y por eso invade el dominio público. El deslinde actual es posterior al plan y, por tanto al mamotreto. Pero este edificio inconcluso no solo está afectado por el dominio marítimo terrestre, también los está por el dominio hidráulico de la desembocadura del barranco, que no está hecho a fecha de hoy e interfiere en la posible solución de las riadas que inundan al pueblo, es decir afecta a la zona de dominio hidráulico. El Consejo Insular de Aguas de Tenerife cuenta con modelos que dicen que la actual desembocadura unida de los dos barrancos es incapaz de desaguar una avenida como las que periódicamente inundan el pueblo de San Andrés. La única solución posible es ampliar la desembocadura en el margen izquierdo puesto que el derecho es imposible al estar ya ocupado por la trama urbana. Hay que tener en cuenta que la cota de la desembocadura del actual encauzamiento está por debajo del “caballón” de callados que obstruye la salida del agua al mar, un problema importante y no contemplado por los técnicos de un plan que incluye el edificio del mamotreto.

Hay suficientes evidencias geomorfologicas que indican que los terrenos ocupados por el edificio de aparcamientos se formaron por el depósitos de los acarreos de los barrancos y del mar a partir del promontorio que cierra la bahía de Las Teresitas por el sur. La canalización de la desembocadura de los dos barrancos y la construcción de los diques de la playa han modificado la dinámica marina, un hecho muy relevante a la hora de solucionar un problema tan grave como el que suponen las inundaciones pluvio-marítimas que afectan a los habitantes del barrio y que, incomprensiblemente, no se ha tenido en cuenta por los redactores del plan.

Los responsables del desaguisado de Las Teresitas no somos los que denunciamos las ilegalidades y las corrupciones que han acompañado a este plan desde su nacimiento, es de quienes las cometieron. Nadie quiere que vayan a la cárcel unas personas, solo queremos que en una sociedad democrática se cumplan los principios básicos del estado de derecho y, por tanto, quienes cometen delitos tipificados en el código penal cumplan las penas impuestas por los tribunales después de un juicio justo. La justicia trata de hechos concretos, no juzga opiniones, puede equivocarse, de hecho ocurre muchas veces, y por eso existen los recursos, pero son los tribunales quienes deciden. Desgraciadamente, esto es algo que ponen en duda el Colegio de Arquitectos de Canarias en el caso Mamotreto.