No más cinismo político con la dependencia

El Gobierno de Mariano Rajoy ha creado un doble sistema de atención muy injusto e insolidario: uno público destinado a las personas con menos recursos y otro privado, al que solamente pueden acceder quienes tienen un mayor poder adquisitivo.

Basta con ver la información oficial publicada por el Imserso, organismo nada sospechoso de tener sesgo político contrario al partido que nos gobierna, para comprobar cómo en lo que llevamos de legislatura, las personas en situación de dependencia han sido despojadas de forma sistemática y controlada de todos los derechos y coberturas que venían disfrutando y a las que tenían derecho bajo el paraguas de Ley de Dependencia.

Los datos son asépticos y también tozudos: a fecha de 31 de enero de 2016, según los últimos datos publicados por este organismo, en Canarias solicitaron la valoración de dependencia 42.221 personas, de las que a 35.511 se les hizo dictamen (84,11 por ciento de las solicitudes) y a 29.999 se les reconoció el derecho a prestación (84,48 por ciento de las que tenían dictamen).

El PP de Canarias se olvida de decir que en esta legislatura del Gobierno de los populares, a 66.762 familias se les ha arrebatado la prestación económica para cuidar a su familiar dependiente. Esto significa que a dos personas dependientes, cada hora, durante 41 meses seguidos se les ha robado el derecho que tenían reconocido.

Durante esta legislatura presidida por Mariano Rajoy Brey se han multiplicado por todo el país los ‘milagros marianos’, milagros por los que, de un día para otro, un gran dependiente dejaba de serlo y se producía su ‘curación milagrosa’.

Mariano Rajoy está incumpliendo, en concreto, la obligación del Gobierno de la Nación de financiar el 50 por ciento del coste del sistema de atención a la dependencia, ya que, en realidad, sólo lo hace con un 17 por ciento, de tal manera que incluso las personas dependientes están aportando más que el propio Estado, el 19 por ciento.

Por otra parte, tenemos en Canarias el menor número de personas en lo que se conoce como limbo de la dependencia desde que entró en funcionamiento el sistema. Personas cualificadas relacionadas con este ámbito afirman que se ha producido un avance cualitativo y cuantitativo del sistema de atención a la dependencia en Canarias desde que la vicepresidenta y consejera de Políticas Sociales ha asumido el área. Asimismo, la ley de atención a las personas dependientes y de promoción a la autonomía personal preveía en el año 2015 que el 1 por ciento de nuestro PIB estaría destinado a la protección social de las personas dependientes, pero en 2015 sólo el 0,3 por ciento del PIB se destinó a este fin.

Desde el año 2012, los recortes económicos para la dependencia han sido muy graves. En toda España, el ahorro del Estado en la protección social a las personas dependientes en fue de 7.155 millones de euros. El Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad y las diferentes leyes de presupuestos estatales ha sido un látigo para la atención a las personas dependientes de Canarias, ya que ha supuesto recortes tales como retraso del derecho de entrada de los beneficiarios del grado 1, disminución de las intensidades de protección de las prestaciones, disminución de las cuantías de las prestaciones económicas y simplificación de los grados de dependencia, disminución del nivel mínimo, regulación del modelo de copago, suspensión del nivel conveniado o supresión bonificación cuota de la Seguridad Social del cuidador.

De todos ellos, el que adquiere mayor relevancia es la suspensión del nivel conveniado, porque ha supuesto que esta Comunidad Autónoma no haya podido generar nuevas plazas para la atención a las personas dependientes. Ello supone que las listas de espera para acceder a una plaza pública sean cada vez mayores.

Decía Jorge González Moore, escritor y poeta colombiano, que no hay mayor cinismo que el de aquellos que reclaman para sí lo que nunca han dado. La atención a las personas dependientes debe ser una de las prioridades de un buen gobierno, por lo que resulta vergonzoso que tras cuatro años de desmantelamiento sistemático de la Ley de Dependencia llevada a cabo por el Gobierno del Partido Popular, esta formación política en Canarias intente presentarse ahora ante la opinión pública como el adalid de los derechos sociales.