Las elecciones en Canarias: ¿Volver al pasado o seguir avanzando?

En 2019 llegó al poder una coalición inédita, que juntaba a las fuerzas progresistas en Canarias (PSOE-NC-Podemos-ASG) en el Pacto de las Flores. La izquierda tocaba poder en el Gobierno de Canarias desde la moción de censura de las AIC, junto a la derecha, al gobierno de Jerónimo Saavedra. Las décadas de hegemonía relativa del nacionalismo conservador (CC), que excluyó al PSOE durante décadas, y acabó logrando dejarla como fuerza subalterna en los períodos de Paulino Rivero y Fernando Clavijo (hasta que rompió con los socialistas).

En esas décadas de dominio del nacionalismo conservador, Canarias había quedado, resumiendo mucho, constituido como un territorio fuertemente dependiente del turismo, con salarios bajos, una gran desigualdad y pobreza, a la cola de la mayoría de indicadores sociales y de los servicios públicos, con tasas de corrupción considerables, con los porcentajes menores de participación política, poco ascensor social y escasas oportunidades. CC jugaba con dos estrategias para sostener el poder, que son heredadas de la Restauración española (caciquismo), un enfrentamiento (más ficticio que real) con el gobierno central para obtener recursos que repartir entre las oligarquías autóctonas, y un insularismo con el que mantener entretenida a la población con enfrentamientos estériles entre islas (el pleito insular es un ejemplo de ello), y evitar que se unan contra el enemigo común, la oligarquía. Todo esto, ayudado por un sistema electoral injusto.

Precisamente esta hegemonía relativa de los nacionalistas conservadores canarios, ha dejado impronta y conquistado parte del sentido común en la política de las islas, que supone una losa para imaginar políticas diferentes y necesarias para sacar a Canarias de los graves problemas estructurales que tiene. Esta hegemonía coloca el productivismo como divisa, basado en la construcción de infraestructuras de manera irracional (como el Puerto de Fonsalía) con la creencia que atraerá actividad económica (y pingües beneficios a las constructoras), a la vez que se confunden los intereses del empresariado con los intereses de Canarias (que no de los canarios/as). También supone la construcción de un Estado mínimo, especialmente en las áreas sociales del gobierno, para mantener los servicios públicos por debajo de un nivel óptimo y mantener el negocio de las empresas privadas y concertadas en esos ámbitos (como la Sanidad y Educación). Otro aspecto importante es el nacionalismo que ha permeado en el discurso público, y en el sentido común, a parte de la población, y en especial, a las fuerzas políticas canarias. Ese nacionalismo conservador impone límites mentales claros, al confundir Canarias con los intereses del empresario, o entrar en posiciones folklóricas sobre la cultura que son empobrecedoras, y lleva a las fuerzas políticas a aceptar posiciones que no son de izquierdas en nombre de la identidad y el agravio comparativo respecto a una Península idealizada por la distancia. 

El gobierno progresista ha sido preso, en parte, de estos límites intelectuales y políticos, lo que ha llevado a errores en la gestión y en el gobierno. Ejemplos hay varios, como la resistencia (que viene de la patronal) a la aplicación de la ecotasa que funciona en Barcelona, Lisboa, Palma o Roma, y que no disuade al turismo, o el cese de la primera consejera de Sanidad del PSOE, que se oponía a los conciertos en Sanidad, para poner a un consejero cercano a la sanidad privada (Blas Trujillo) que ha colocado a todo el equipo anterior de CC a gobernar la Consejería y ha truncado el cambio necesario en la desmochada sanidad pública canaria, que se ha visto muy golpeada por la Covid-19 (entre ellos a Conrado, salpicado por corrupción). La izquierda canaria debe superar esas limitaciones para poder construir acciones de gobierno de izquierdas más eficaces ante los problemas estructurales de nuestras islas y de nuestra gente.

Sin embargo, hay que reconocer que el Pacto de las Flores ha aguantado estoicamente una cantidad de catástrofes sin precedentes en las islas; un macro-incendio en Gran Canaria, una erupción volcánica en La Palma, terremotos, una llegada importante de migrantes, la inflación derivada de la guerra de Ucrania y de las grandes empresas oportunistas, y la emergencia sanitaria de la Covid-19 que paralizó casi por completo la economía de las islas. Sin rupturas, y con muchas contradicciones, pero el gobierno progresista ha logrado superar la prueba, con ayuda de las políticas del Ministerio de Trabajo, y las ayudas europeas y estatales ante tanto infortunio.

En esas condiciones, el gobierno progresista ha avanzado en materia de derechos, y ha aprobado leyes importantes (como la de Cambio Climático o la de Juventud, y varias medias sobre Cultura y Patrimonio). La Consejería de Derechos Sociales ha logrado desatascar, con escasos recursos y personal, la lista de la Dependencia (una de las asignaturas pendientes de nuestras islas), se ha aprobado la Renta Canaria de Ciudadanía, logrando, además, aumentar varias veces la PCI, además de una fuerte inversión en servicios sociales, complementar las pensiones no contributivas, mejorar la situación del tercer sector... A fecha de abril de 2023, el paro ha descendido bruscamente (179.692 personas según el INE). La pobreza ha comenzado a descender tras el repunte provocado por la Covid-19, aunque sigue alto (38,29 Tasa AROPE). Canarias es la octava economía de España, aunque seguimos con 8.880 euros menos de renta media per cápita. Aunque Canarias es la segunda CCAA con el salario más bajo (2021) este ha subido de forma espectacular en esta legislatura. Los contratos indefinidos se han cuadriplicado (2022), lo que es una gran noticia.

Quedan pendientes diversos asuntos a los que se tendrá que enfrentar el Ejecutivo que salga de las elecciones de mayo: Vivienda, Sanidad, generación de empleos de calidad, Medio Ambiente, Desigualdad y Segregación Escolar. Estos son los temas candentes y sobre los que debería de girar la campaña y la acción de gobierno del futuro Ejecutivo.

A esta (futura) segunda coalición progresista hay que exigirle que rompa estas líneas tradicionales políticas que hemos mencionado antes y de un giro a las políticas públicas. Debe centrar la economía no en los grandes grupos empresariales, sino en las canarias y los canarios, racionalizando el modelo turístico, poniendo coto a los desmanes en vivienda, además de regular los alquileres y construir más vivienda social. Hay que exigirle que retorne a manos públicas los servicios concertados en Sanidad y en Educación, que hasta ahora han servido para construir una sociedad que en términos de bienestar va en dos velocidades, y que perjudica a gran parte de la población. El gobierno deberá de acelerar la descarbonización de la economía, favoreciendo una movilidad sostenible, poniendo coto a la llegada de cruceros que apenas dejan impacto económico y contaminan enormemente. Se tendrá que centrar en construir un modelo productivo diferente, que cree empleos de calidad, y reducir las grandes desigualdades que azotan el archipiélago.

Estamos en un cambio de época donde la historia se ha acelerado. Los problemas se multiplican (cambio climático, inflación, vivienda...), volver a fórmulas del pasado, dirigidas por los brazos políticos de la patronal canaria, es una decisión suicida, ya que llevaría al inmovilismo en una época en la que toca actuar y con celeridad. Aquellas opciones que proponen acabar con el Pacto de las Flores con promesas vagas deberían de ser descartadas por acabar apuntalando un giro conservador en Canarias. Es por ello que creo que el Pacto de las Flores debería de revalidarse, exigiendo un giro a las políticas, por lo que pido el voto, en general, a los partidos integrantes, y en particular, pido el voto a Unidas Sí Podemos, que es el voto útil para un gobierno más valiente, y más escorado a la izquierda. Nos jugamos mucho. Sigamos avanzando.