30 de Mayo: luces y sombras del proceso autonómico

30 de mayo, Día de Canarias. Una fecha en la que nos convendría reflexionar sobre lo que ha acontecido en los últimos 43 años desde que se aprobó el primer estatuto de autonomía. En ese lapso de tiempo se desarrolló el Estado del Bienestar y otras medidas progresistas, especialmente en las legislaturas con Jerónimo Saavedra (1983-1987, y 1991-1993), y el Pacto de las Flores, con Ángel Víctor Torres (2019-2023). Por supuesto que hubo sombras en esas legislaturas, por ejemplo, el Gobierno de Ángel Víctor provocó la dimisión de la consejera de Sanidad, Teresa Cruz, por enfrentarse a la sanidad privada y escogió a un equipo que venía de la anterior Consejería de Sanidad dirigida por Coalición Canaria (CC). Otros gobiernos, dirigidos por CC, aplicaron un programa neoliberal.

Si realizamos un análisis de cómo ha funcionado la política en Canarias lo podríamos definir así: un predominio del nacionalismo conservador, apoyado por organizaciones políticas que han jugado un papel subalterno. El mayor representante del nacionalismo conservador, Coalición Canaria, ha tenido la habilidad de lograr dicha hegemonía a través de la manipulación retórica y simbólica de la canariedad, tanto desde un punto de vista folclórico, cómo provocar, a su vez, una confusión interesada entre “Canarias” y los intereses de los grupos empresariales y grandes riquezas.

Precisamente, la política de CC ha funcionado como la política de la Restauración española, una continua política del agravio hacia “Madrid” para lograr obtener en cada presupuesto una parte para luego repartir entre los grupos empresariales afines. Pura política oligárquica. Cuando se buscaba alguna medida social cosmética solía dejarse con una ejecución baja o nula, tal y como pasó con los 50 millones para la pobreza negociados por Nueva Canarias con el Gobierno de Mariano Rajoy en 2018.

En la mayoría de legislaturas ha gobernado CC, desplegando un ejercicio de poder con un claro componente de clase. En ellas se ha desarrollado unas políticas favorables a la oligarquía y a las grandes empresas. Canarias es una tierra donde las fronteras entre el Estado y las empresas privadas es porosa, no se sabe cuándo acaba una y empieza la otra. Un ejemplo claro ha sido el Régimen Económico y Fiscal, que no se ha auditado su impacto, dónde las empresas con sede en Canarias se benefician de exenciones fiscales, junto a todo tipo de ayudas por la lejanía y la insularidad, además de otros incentivos varios, con el loable objetivo de “promover el desarrollo económico y social del archipiélago”. Durante muchos años la parte de los ingresos que perdía Hacienda eran detraídos de las cuentas de la Comunidad Autónoma, lo que provocaba una infrafinanciación de los servicios públicos, cuestión que cambió en 2018, tras el acuerdo entre NC y el PP, que supuso que esos ingresos que se dejaban de recibir lo sufragase los Presupuestos Generales del Estado, y por lo tanto, el conjunto de la ciudadanía española.

Sin embargo, los datos no avalan que se haya producido ese “desarrollo económico y social”, no por lo menos al ritmo al que se tendría que haber producido por la cuantiosa cantidad de exenciones y ayudas.  La población en riesgo de pobreza o exclusión social, que se ve muy afectada por los ciclos económicos, pero también por el modelo económico predominante y las políticas públicas, es del 31,2% siendo la quinta más alta de España (datos de 2024). Quinta gracias a la reducción general de este indicador que se lleva produciendo tras la Covid y las medidas progresistas de los gobiernos de coalición nacionales. La tasa de pobreza afecta al 24,6% de la población (6ª), y a pesar de la mejora general es la primera comunidad autónoma con población en carencia material severa (10,8%). El índice GINI en Canarias, que mide la desigualdad, es del 31,6% (2024), siendo la tercera comunidad autónoma más desigual según este índice, pero si miramos el índice S80/20, Canarias y la Comunidad Valenciana empatan en el primer puesto de comunidades más desiguales. Si atendemos a cómo se distribuye la riqueza, la cosa empeora ya que el 10% de la población más rica acumula el 60% de la riqueza, mientras que el 50% más pobre acumula el 4% de la riqueza. El 30% de la riqueza proviene de las herencias.

A esto hay que añadir los problemas acuciantes de vivienda, que ayudan a agrandar la brecha entre ricos y pobres y es un factor de pobreza, por no hablar de los bajos salarios, y tasas de desempleo por encima de la media estatal (13,5%), vinculados a un sector demasiado centrado en el turismo.

Canarias está a la cola en inversión por habitante por dependencia, con unos servicios sociales que han solido ser una maría dentro de los gobiernos, y donde se atacó a la consejera anterior (Noemí Santana) con virulencia por no lograr solventar años de negligencia en una sola legislatura. En materia sanitaria, vemos una penetración total del sector privado dentro de la sanidad; con derivaciones, externalizaciones, infrafinanciación del sistema público, un personal quemado, una gestión ineficaz y empresarial del servicio, agravado con que algunos consejeros eran directamente lobistas de las empresas privadas del sector, teniendo como resultado estar en la cola en este servicio.

El caso educativo también es sangrante, ya que hay una gran segregación escolar entre redes, faltan recursos, el alumnado canario tiene malos rendimientos en las pruebas internacionales, hay un escaso alumnado resiliente, con un 13,1% de abandono escolar temprano, y una baja inversión para las necesidades del sistema. El sistema educativo tiende en Canarias más a reproducir las clases sociales, de manera deformada, que a lograr establecer un sistema de igualdad de oportunidades.

Esto provoca lo evidente, un alumnado peor formado, especialmente las clases populares, donde muchos no continúan formándose o abandonan los estudios, y acaban en el ejército de subempleados de reserva, que a su vez suele abstenerse con más frecuencia en las elecciones, por lo que no suele contar ni ser atendidas sus necesidades por los representantes políticos.

Por lo tanto, el desarrollo autonómico dado en Canarias, especialmente impulsado por CC y sus aliados ocasionales, se puede describir como “un estado de mínimos en lo social, y un estado de máximos para lo patronal”. Esto se ha vuelto a ver claramente en la huelga de la hostelería, con un gobierno de Canarias poniendo servicios mínimos a un sector no esencial para boicotear la huelga. Canarias ha sido una adelantada del neoliberalismo de amiguetes, con numerosísimos casos de corrupción vinculados al caciquismo, el uso indebido de fondos públicos para beneficiar a empresas amigas, o al enriquecimiento ilícito. 

Todo esto favorecido por un sistema electoral injusto, unas instituciones poco permeables a las demandas populares, una prensa que en su gran mayoría vive de subvenciones públicas muy acomodaticia con el status quo, y una presión enorme de aquellos que no se presentan en las elecciones para lograr influir en la agenda pública subvirtiendo la voluntad popular.

El problema no es la autonomía per se, sino cómo se ha gestionado ésta, cómo se ha desarrollado el Estado del Bienestar, a quién han beneficiado las políticas desplegadas por CC, con diversas alianzas, y qué ideas subyacen detrás de dichas políticas.

La ciudadanía canaria tiene que romper con este modelo que beneficia a una pequeña oligarquía, mientras mantiene a una parte importante de la población en la pobreza. Esta oligarquía extractivista tiene sus brazos políticos en las organizaciones conservadoras y de extrema derecha de nuestra Comunidad, y dentro de algunas organizaciones progresistas. No tienen ninguna solución para afrontar los grandes retos del siglo XXI: el cambio climático, las tensiones internacionales, el pleno empleo, la reindustrialización, la mejora de los servicios públicos. Las recetas caducas no funcionan. Construyamos esa alternativa.