Gran Canaria frente a la crisis (I)

Pero esta crisis debemos convertirla en oportunidad de cambio, reflexionando sobre nuestro modelo productivo y caracterizando sus problemas estructurales. Entre los más significativos, la pérdida de competitividad del sector turístico, los bajos niveles de productividad, la alta dependencia de energías fósiles y el elevado paro mantenido a pesar de la fase expansiva. Así como la escasa presencia de sectores tecnológicos y bajo gasto en innovación empresarial, los problemas de movilidad y unas administraciones públicas con niveles de duplicidad e ineficiencia.

Fruto de este diagnóstico de la situación económica de Gran Canaria hemos aprobado y puesta en marcha en diciembre de 2008 el Plan de Medidas para el Fomento de la Competitividad de Gran Canaria, impulsado por el Cabildo en consenso con los agentes económicos, sociales e institucionales de la isla. En él se incluyen una serie de acciones que debemos abordar para reorientar nuestro modelo productivo de una forma sostenible y menos vulnerable. En este primer artículo me referiré a las medidas de carácter transversal, dejando para un segundo texto las sectoriales.

Infraestructuras

Las plantearé de forma necesariamente breve. En primer lugar, es imprescindible la mejora de conectividad y de las infraestructuras básicas para el desarrollo de Gran Canaria. Necesitamos implantar nuevas rutas aéreas y marítimas, ampliar la terminal del aeropuerto, expandir el Puerto y mejorar la red de telecomunicaciones de la isla y de ésta con el exterior. Igualmente, debemos avanzar hacia un nuevo modelo energético, fomentando la eficiencia, el ahorro y las energías renovables, para las que tan excelentes condiciones tiene la isla, y con la participación del sector público para su explotación, que debe redundar en beneficio de las administraciones públicas locales y de los ciudadanos.

Otra medida transversal es el fomento del transporte público y la introducción del trasporte guiado, para conseguir una movilidad sostenible. Se trata de incorporar a Gran Canaria y a Canarias en la política de ferrocarriles de España. En las mismas condiciones de implicación estatal en su financiación que en el resto de las comunidades autónomas.

La apuesta decidida por la formación y la I+D+i debe ser otro eje central de nuestras actuaciones. La formación de nuestra población es la base de nuestro futuro desarrollo. Es hora de evaluar serena pero seriamente los resultados de nuestro sistema educativo público, que es claramente mejorable. Debemos potenciar los idiomas, las nuevas tecnologías y las enseñanzas técnico-profesionales; y rebajar sustancialmente las actuales cifras de fracaso escolar y de abandono temprano. En cuanto al sistema I+D+i su impulso pasa por la formación del personal, el desarrollo de las infraestructuras de investigación (universidades, ICCM, ITC, ICIA, futura Plataforma Oceanográfica de Canarias, etcétera) relacionadas con las necesidades de las empresas y de la sociedad canaria y, asimismo, una actitud más comprometida de las empresas en la innovación. Y del Gobierno de Canarias, que nos mantiene a la cola del Estado en este área.

También estamos obligados a la agilización de los instrumentos de ordenación territorial. Combinando la racional ordenación del territorio (distribuyendo sobre el mismo los distintos usos permitidos y protegiendo los recursos naturales) con la agilización de los distintos instrumentos de ordenación por parte de la administración, para favorecer las actividades productivas en la isla. Hay que huir de los cantos a la desregulación de la ordenación territorial, pero tampoco es admisible la pereza burocrática-administrativa que termina frustrando inversiones empresariales necesarias.

Desde el Cabildo de Gran Canaria, estamos priorizando con diligencia la tramitación de aquellos planes territoriales insulares y municipales con mayor impacto para el desarrollo de actividades económicas. Tenemos el compromiso de que antes de final del mandato estén aprobados 11 planes insulares (plan turístico, regeneración de Playa del Inglés, parque aeroportuario, puertos deportivos, transporte guiado, energía y agropecuario, entre otros); dando prioridad, también, a la adaptación de cinco planes municipales (San Bartolomé, Mogán, Santa Lucía, Arucas y Las Palmas de Gran Canaria).

Eficiencia de las Administraciones

Por último, considero que debemos mejorar la eficiencia de las administraciones públicas. Es voz pública que la eficiencia de las administraciones pública es manifiestamente mejorable. Y es una obligación de los responsables políticos impulsar esta mejora e incrementar la productividad del sector público. Esto es una demanda ciudadana y también es un sentir de muchos trabajadores públicos que desean ejercer sus funciones con profesionalidad y con espíritu de servicio a la sociedad que es quien les paga. En este sentido, también es necesario abordar la reforma en la distribución competencial entre las tres administraciones canarias existente en la actualidad. Tras 27 años de autonomía hay que consensuar una nueva distribución de las competencias entre administración autonómica, insular y municipal, evitando duplicidades ineficientes y favoreciendo la agilización en la tramitación de los expedientes y resoluciones.

Soy un defensor de que en la arquitectura institucional de Canarias los cabildos ejerzan de auténticos gobiernos insulares, combatiendo algunos excesos neocentralistas de la administración autonómica que facilitan y esconden hegemonismos de algunos grupos insulares sobre otras islas. También es deseable que desde el Estado, y en relación con el nuevo Estatuto de Autonomía, exista un nuevo traspaso de competencias a las administraciones canarias que aproxime la gestión de las mismas a los ciudadanos.

Las medidas transversales descritas, dirigidas a superar las debilidades estructurales de nuestra economía, van necesariamente acompañadas de otras, de carácter sectorial (turismo, actividades de base tecnológica o sectores industrial y primario), que analizaré en un segundo artículo sobre las oportunidades que abren para Gran Canaria.

(*) Román Rodríguez es presidente de Nueva Canarias.

Román Rodríguez *