Grave fracaso en la Ley de la Dependencia

Según los datos oficiales del SAAD del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), a fecha 1 de febrero de 2010, Canarias está a la cola en dictámenes (reconocimiento del grado y nivel de dependencia) y en personas beneficiarias de la prestación. En efecto, en España hay 1.045.896 personas reconocidas con derecho a alguna prestación de las contempladas en la Ley. A la cola se sitúa Canarias, con 19.293 personas reconocidas, el 1,84% del total de dictámenes, cuando la población canaria es el 4,5% de la del estado. A la cabeza se encuentra Andalucía, con 292.879 personas reconocidas, que significa el 28,0% del total de dictámenes, cuando su población sólo es el 17,7 de la población española.

Canarias, siempre a la cola

Hay 505.098 personas que ya reciben una prestación en España. Y nuestra Comunidad vuelve a ser la última con 6.809 beneficiarios, el 1,34% del Estado representando la población canaria, como decíamos, el 4,5 % del total estatal. En primer lugar figura Cantabria, con 11.003 personas, el 2,17 del total de beneficiarios, siendo su población sólo el 1,26 % de la población española. Además, mientras la mayoría de las Comunidades resuelven las solicitudes en 90 días, Canarias también está a la cola en la gestión con retrasos de hasta dos años, lo que provoca que incluso haya personas que han fallecido sin que se diera respuesta a tiempo a su caso.

Por su parte, el IV Dictamen del Observatorio Estatal para la Dependencia de diciembre de 2009, realizado por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, una organización profesional e independiente, coloca a Canarias a la cola en la implantación de la Ley con 0,5 puntos sobre 10. Andalucía, Castilla-La Mancha y Euskadi son las mejor valoradas, obteniendo 8 puntos sobre 10. Contrasta la contundencia de los datos con la pésima gestión del Gobierno que, encima, se permite, por boca de su presidente, declarar que Canarias es de las mejores CCAA en cuanto a su aplicación. La realidad incontestable es que en Canarias, donde se han presentado 25.500 solicitudes de personas con dependencia, sólo reciben la prestación 6.809, es decir, hay más de 18.500 personas -mayores o con alguna enfermedad o discapacidad- que no reciben la ayuda a la que tienen derecho por la negligencia y el desinterés de un Gobierno cuyas prioridades son otras.

Por otra parte, Rivero y su Gobierno faltan también a la verdad cuando afirman que en los Presupuestos canarios para 2010 se han incrementado los recursos destinados a la dependencia ¡en un 97,6%! Lo que han hecho es anular los dos programas preexistentes referidos a los planes sociosanitarios de mayores y de discapacidad, sustituyéndolos con los mismos recursos por dos nuevos cuya suma asciende a 94,4 millones, lo que supone sólo 6,7 más que lo presupuestado en 2009, pese a ser 14 millones más los que incrementa el Estado en 2010, luego se ahorran ocho. Además de que, como se ve, el incremento se debe, exclusivamente, a la aportación que hace el Estado a Canarias para 2010 de 46 millones de euros para la Ley de la Dependencia. Por tanto, maquillan la aportación canaria al desarrollo de la ley poniendo como recursos propios la aportación que ya se realizaba para los planes sociosanitarios en vigor que, por otro lado, gestionan los cabildos financiando el 50% de los mismos.

Generando ingresos

En lugar de utilizar los recursos estatales de la Ley de la dependencia para generar nuevos servicios, con una aportación similar de recursos desde Canarias, el Gobierno de ATI-CC y el PP elude su aportación encubriéndola en los programas sociosanitarios ya existentes. Esto es lo que ha denunciado el IV Dictamen del Observatorio Estatal para la Dependencia, cuando asegura que “Canarias, no sólo no realiza aportación alguna, sino que podría estar generando ingresos extraordinarios por la aportación estatal para lo que debería ser, y no es, atención a personas en situación de dependencia”. O por usar la expresión acuñada por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, “Canarias incluso está haciendo caja” con esta Ley.

Por último, es rechazable la actitud neocentralista y anticabildista del Gobierno canario también en este asunto. En lugar de transferir la gestión en la aplicación de la Ley de la Dependencia a los cabildos, que ya ejercen las competencias en políticas para mayores y para discapacitados, y que cuentan con unidades de evaluación y estructuras profesionalizadas en este cometido, montan un nuevo Servicio de la Dependencia en el Gobierno, contratando a más de 100 personas sin experiencia alguna en este área. Esto, además de ser un gasto ineficiente e injustificable, ha contribuido a su fracaso. Como señala el IV Dictamen del Observatorio Estatal para la Dependencia, “aquellas CCAA que han contado con las entidades locales de su territorio haciéndoles partícipes de los procedimientos de reconocimiento del derecho de sus ciudadanos, y de la gestión de los servicios y prestaciones que se les reconoce, arrojan mejores resultados que aquellas que han optado por modelos de gestión centralizados, creando estructuras paralelas y prescindiendo de los servicios sociales de las entidades locales”. Una actuación fallida más de un Gobierno canario incapaz de dar respuesta a los problemas de los ciudadanos.

Román Rodríguez es presidente de Nueva Canarias.

* Presidente Nueva Canarias.

Román Rodríguez*