Decíamos entonces que era preferible contar con la fuerza y la creatividad del mercado, poniendo limitaciones cuantitativas y cualitativas y eludiendo por parte del Gobierno conducta tan prepotente como para presumir hacerlo mejor vía decreto que el conjunto de las fuerzas del mercado actuando con libertad y transparencia. Eso sí, siguiendo en cada momento una política territorial y turística ordenada desde el Gobierno. Aquí están las consecuencias. Un presidente del Gobierno en solfa por las presiones del empresario interesado. Y afirmamos paladinamente que, dado el escenario creado por la moratoria con excepciones, creemos en la normalidad de las conductas de presidente y empresario. Lo que ya no podemos afirmar es que en la declaración del interés público de las camas de Anfi Tauro, como en otras, no se haya negociado -incluso sin querer- con el interés público. Decimos con esto que el mal está en la norma que prevé un concurso para declarar camas de interés público por recualificar la oferta turística. Porque si el interés público es claro, no tiene el Gobierno que esperar a que un promotor presente proyecto, que bien pudiera el Gobierno identificar zonas y categorizar el producto turístico de interés público y, previo proyecto promovido por la consejería competente, convocar el concurso público ajeno a la negociación y a la presión. Porque sería incomprensible para un empresario responsable no interesarse por su oferta cuando de esa cuantía económica y del presumible interés público se trata. Esta forma de proceder alentando clientelismos es lo más distante a un código de buen gobierno. Se equivocó el Gobierno nacionalista y ahora paga el precio de su error. Pero sería injusto mirar hacia el promotor privado cuando la Administación incumple sus compromisos, ya podemos decir que siempre, de dar a las iniciativas privadas una tramitación ágil y justa. Ante tal desidia, ¿debe el empresario responsable mantenerse alejado del teléfono? Para arreglar esto no cabe otro camino que exigir de políticos y funcionarios un código de proceder diligente y transparente. Porque cada vez son más y más conocidos los funcionarios que desde municipios y otras instancias no dictan el informe más justo, sino aquél que tiene la apariencia de mayor alejamiento de los intereses del promotor. Prevaricando para su tranquilidad e ignorando el derecho que asiste al promotor en una economía de libre iniciativa empresarial como la que tenemos.