Non per suffragium pupuli

Estamos acostumbrados a pensar en una historia de Roma vinculada a los dos momentos en los que alcanzó su máximo esplendor. Una república oligárquica donde el Senado se encargó de gestionar los intereses de una clase dirigente patricia y durante la cual se puso en marcha el proceso de expansión territorial romano hasta alcanzar territorios fuera de la península itálica. Y un Imperio que dejando a un lado los culebrones internos a la hora de definir la sucesión de dinástica entre las diferentes familias, supuso el periodo de consolidación de ese dominio romano no solo por el Mediterráneo, sino hasta los confines más lejanos imaginados en aquella época. Por eso, la primera etapa suele quedar algo olvidada, aquella que según la tradición clásica atribuye a Rómulo le elección del lugar entre las colinas donde fundar su ciudad y que tuvo como bautismo la propia sangre de su hermano Remo. 

La etapa monárquica romana se suele mover entre lo mitológico, lo legendario y la histórico, dado que las fuentes documentales son un tanto tendenciosas a la hora de fundamentar los orígenes de la Urbe. Es la arqueología la que ha permitido revelar de forma más clara cómo fueron los primeros siglos de la ciudad que sería dueña del mundo antiguo. Sin embargo, este periodo es fundamental para poder entender la especificidad romana, no solo frente a los demás pueblos itálicos (etruscos, volscos, ecuos, etc.), sino también a los elementos que Roma asimilará de las civilizaciones que vaya conquistando. Esta monarquía romana será el reflejo de una sociedad dividida entre patricios y plebeyos, y se dotará de instituciones que tendrán continuidad luego en el periodo republicano. A pesar de lo autocrático que pueda sonarnos el concepto de monarquía, los romanos establecieron una realeza que ya prefiguraba la desconfianza que los patricios tenían a cualquier ejercicio del poder de forma excesivamente personalista. De tal manera que los reyes romanos debían ser elegidos de entre los candidatos propuestos por el Senado, que estaba formado a su vez por los representantes de las familias más importantes de Roma. No solo eso, sino que dicha elección debía ser luego ratificada por la Asamblea Popular, donde el resto de los ciudadanos romanos refrendaba la propuesta senatorial. Debemos imaginarnos el contexto en el que estamos para no creer que el pueblo realmente tenía algún tipo de posibilidad de rechazar al candidato señalado por las élites dirigentes, pero el formalismo de la ratificación subrayaba la legitimidad del poder que finalmente ejercería hasta su muerte el rey. 

La tradición ha establecido una secuencia de siete reyes romanos, algunos más marcados por la leyenda que por la historia. De los últimos se tiene una mayor seguridad no solo sobre su historicidad, sino también sobre los acontecimientos que protagonizaron. De ahí que podamos comprobar cómo progresivamente la institución monárquica poco a poco va dejando de ser el modelo político adecuado para una ciudad, Roma, que ha crecido y se ha transformado enormemente a lo largo del siglo VI a.C.; y tampoco encaja en la sociedad romana que está surgiendo al amparo de estas transformaciones. La monarquía había actuado en su origen no solo como sistema de gobierno, sino también como vehículo de integración para una ciudad que desde el primer momento tuvo que acoger en su interior poblaciones procedentes de diversas regiones y con intereses e inquietudes diferentes. El rey encarnaba la idea de unidad y su actuación facilitaba la aceptación de un poder ejercido en última instancia por un único individuo. 

Sin embargo, la fragilidad del régimen monárquico romano se encontraba depositada en su propia esencia. Su continuidad estaba a expensas de que siguiera sirviendo a los intereses que lo habían creado y en tanto en cuanto los reyes cumplieran lo que se esperaba de ellos y respetaran los procedimientos. Por eso, cuando a mitad del siglo VI a.C. accede a la corona Tarquinio tras destronar a su suegro Servio Tulio, los fundamentos de la monarquía romana empezaron a resquebrajarse. La usurpación no era tanto una novedad en la forma de conseguir el poder en Roma. El problema se encontró en la falta de fundamentos posteriores para establecer la legitimidad de ese gobierno monárquico. Si el sistema tradicional establecía que el rey debía salir a propuesta del Senado y luego ser ratificado por la Asamblea, como señala Tito Livio en su Historia de Roma (I, 47.19), Tarquino se mantuvo en el poder “sin realizar comicios, sin el sufragio del pueblo, sin la autoridad de los padres” (non comitiis habitis, non per suffragium populi, non auctoribus patribus). Que pasados unos años acabara recibiendo el apelativo de Superbus (Soberbio) y tuviera que terminar sus días exiliado tras la revuelta que le expulsó de Roma por sus desmanes y los de su hijo, son solamente una consecuencia directa de esta falta de legitimidad última.

El modelo monárquico ha ocupado un papel imborrable en el devenir de la historia de la humanidad. Su continuidad hoy en día solo se sustenta sobre argumentos que evocan o bien a la tradición o bien a la necesidad de una figura simbólica nacional. En cualquier caso, es la sociedad moderna la que debe cuestionar en cada momento el sentido y necesidad de las instituciones de las que se dota. Y ese cuestionamiento no puede estar limitado, ni blindado por una coyuntura histórica puntual. La vuelta a la Monarquía en España es el resultado de una decisión en un contexto histórico concreto, pero que desde el primer momento adolece de la legitimación de las urnas. Como pasó con Tarquinio, no pudimos votar si queríamos un rey; venía incluido en un paquete constitucional. Lo mismo ha ocurrido al aplicar la cuestión de la sucesión. No obstante, la sociedad española actual ha evolucionado respecto al momento en que la monarquía fue reinstaurada. La propia institución monárquica ha demostrado su anacronismo dado que sus representantes tampoco han sabido sustraerse de lo intrincado que están los intereses económicos en relación con el ejercicio del poder (por muy simbólico que este fuera). El descrédito de un monarca emérito hace acuciante no solo la necesidad de que puedan ser investigadas las posibles acciones delictivas cometidas durante su reinado, sino que salpican directamente a su sucesor. Sustraer el legítimo derecho a que un país y sus habitantes se cuestionen cuál es el sistema político que desea ha obligado a mirar hacia otro lado durante demasiado tiempo. Lo que la historia (y no solo la romana) nos ha enseñado es que, ante una monarquía inepta y desacreditada, la mejor solución nunca ha sido poner a un nuevo rey, sino pasar directamente a una República.