Un pacto desequilibrado y sin base electoral en Gran Canaria

Un pacto que nace desequilibrado territorialmente, con un exiguo apoyo electoral en la isla con mayor número de votantes, Gran Canaria, y cuyo primer acto aportó hoy un plus de sectarismo político y freno a la pluralidad por la vía excluir de la Mesa del Parlamento de Canarias a los representantes de casi trescientos mil ciudadanos que ejercieron el 24 de mayo su derecho de sufragio. Así es, a juzgar por lo pactado y tras el primer episodio escenificado hoy en la Cámara autonómica, la reedición del acuerdo entre Coalición Canaria y el Partido Socialista para formar Gobierno en Canarias. Sus artífices no han dudado en dinamitar la norma no escrita de repartir la Presidencia y la Vicepresidencia del Gobierno entre las dos islas capitalinas y se proponen concentrar ambos cargos en manos de dos diputados electos por Tenerife. Por si esto fuera poco, la Mesa del Parlamento elegida este martes reserva para CC y PSOE cuatro de sus cinco puestos, con un quinto para el Partido Popular, y excluye de toda representación a los 220.000 electores que suman Podemos y Nueva Canarias, amén de a los 54.000 votantes de Ciudadanos, que ni siquiera ha obtenido escaño debido a los porcentajes mínimos de acceso establecidos por el sistema electoral.

Era más o menos un secreto a voces que se reconfirmó este lunes, a partir del momento en que Coalición Canaria y el PSC divulgaron el documento que contiene su pacto para formar Gobierno: Fernando Clavijo (CC) y Patricia Hernández (PSC), ambos diputados electos por la isla de Tenerife, se disponen a concentrar la Presidencia y la Vicepresidencia del Ejecutivo, en un acuerdo que rompe, por primera vez en la historia de la autonomía canaria, la norma no escrita de equilibrar ambos cargos entre diputados electos de ambas provincias. Así se hizo desde el primer gobierno provisional de Jerónimo Saavedra, con vicepresidencia de Juan Alberto Martín, hasta el más reciente mandato de Paulino Rivero y José Miguel Pérez. El tándem Gran Canaria-Tenerife o viceversa se ha sucedido siempre a lo largo el tiempo, incluyendo los ejecutivos de Fernando Fernández con Lorenzo Olarte, Olarte con Álvarez Pedreira, Saavedra con Manuel Hermoso, Román Rodríguez con Adán Martín, Adán Martín con María del Mar Julios, Paulino Rivero con José Manuel Soria... Hasta hoy, en que el dúo Clavijo-Hernández hará saltar por los aires una de las claves el equilibrio que encierra el Estatuto de Autonomía.

¿Dice el Estatuto expresamente que presidente y vicepresidente deban ser de una isla distinta? No y sí. El Estatuto no prejuzga de qué isla han de ser el presidente y el vicepresidente ni mucho menos excluye a los diputados de las islas no capitalinas de la posibilidad de optar al cargo, un extremo que obviamente sería impensable. Pero sí especifica con toda claridad en su artículo 3 que la Presidencia y la Vicepresidencia del Gobierno han de alternarse entre las dos capitales canarias y que sus titulares han de establecerse físicamente en una isla distinta. Es decir: presidente y vicepresidente alternarán entre Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife y tendrán residencia física en una isla distinta a la del otro. Obviamente, el legislador no iba a introducir una discriminación positiva o negativa a favor de una isla u otra, pero es igual de obvio que este artículo incorporaba al Estatuto una clarísima salvaguarda del equilibrio interterritorial que todos los gobiernos han respetado hasta el día de hoy, a excepción del que se dispone a encabezar Fernando Clavijo.

¿Es opinable el artículo 3 del Estatuto y su recomendación intrínseca a favor del equilibrio? Con toda seguridad, CC y PSC esgrimirán toda clase de artificios retóricos para justificar por qué van a triturar la norma de la alternancia, todos ellos perfectamente rebatibles: que si el pleito insular es un complejo el pasado, que si debe pesar la valía de los candidatos y no su origen, que si Patricia Hernández tiene que ser vicepresidenta porque su partido fue el más votado... Pero hay datos insoslayables que avalan con toda claridad no sólo el déficit de equilibrio del próximo gobierno, sino un peligrosísimo autismo respecto a la decisión de los electores con la isla con más ciudadanos con derecho a voto de toda Canarias. Y esos datos no son otros que los derivados del escrutinio del voto emitido por los electores de Gran Canaria, que reúne a 645.526 ciudadanos con derecho a sufragio, ligeramente por encima de Tenerife, del millón y medio que totaliza Canarias.

Así, la base electoral real del pacto CC-PSC en la isla de Gran Canaria se reduce a un magro 23,74% de los votos emitidos, frente al 62% de los votos que suman el PP, Nueva Canarias, Podemos y Ciudadanos, partido al que los topes del sistema electoral ni siquiera le permitieron obtener escaño en el Parlamento regional. La desproporción es todavía más llamativa en términos absolutos: en Gran Canaria, PSC y CC fueron respectivamente la tercera y la sexta fuerza por número de votos, con una suma de 92.000 votos, frente a los 240.000 que recaudaron el PP, Nueva Canarias, Podemos y Ciudadanos.

El desfase puede considerarse incluso delirante si se toma como referencia el municipio de Las Palmas de Gran Canaria: en este caso, ya no es solo que CC y PSC tengan una base endeble respecto a sus competidores, sino que entre los dos no llegan ni siquiera a alcanzar el número de votantes de Podemos en la capital grancanaria (37.670 votos los partidos del pacto, frente a los 38.864 que sumó el partido de Pablo Iglesias alrededor de su candidata al Parlamento, Noemi Santana, la más votada en la ciudad).

El apoyo electoral de este pacto es algo superior y más equilibrado en la isla de Tenerife, donde CC y PSOE rozan la mitad de los sufragios emitidos y unos 188.000 votos, frente a los 154.000 del resto de las organizaciones políticas mencionadas.

Si nos atenemos a los resultados electorales, es claro que el pacto de gobierno nace sobre el desequilibrio y que éste se acentuará si, como está escrito, se mantiene el propósito de concentrar Presidencia y Vicepresidencia en manos de diputados electos por Tenerife. Pero el acuerdo ha dado además la espalda al espíritu de pluralidad y consenso que cabría esperar en un nuevo Parlamento donde el fraccionamiento del voto ha puesto claramente de manifiesto la disconformidad de miles de ciudadanos con las viejas formas de hacer política, basadas en consensos a la trágala o pre-pactos cocinados muchas veces incluso antes de que se celebren las propias elecciones. Como claramente ocurrió cuando Paulino Rivero y José Manuel Soria derribaron al ganador de las elecciones de 2007, el socialista Juan Fernando López Aguilar, pese a que éste había obtenido el mayor número de escaños (27) de un partido en toda la historia de la autonomía canaria.

Pues bien, miremos ahora el primer acto del nuevo pacto CC-PSOE, escenificado hoy en la Constitución del Parlamento canario: estos dos partidos suman 345.000 votos, el 38% de los emitidos el 24 de mayo. Pero se han apoderado sin margen de negociación alguna con el resto de las fuerzas parlamentarias de 4 de las 5 plazas de la Mesa del Parlamento, con una única vicepresidencia de consolación para el Partido Popular. ¿Qué significa esto? Que de la Mesa del Parlamento han quedado excluidas organizaciones políticas que suman casi tantos votos como el pacto CC-PSC: los 132.000 de Podemos, los 93.000 de Nueva Canarias y por supuesto los 54.000 de Ciudadanos, al que la perversión del sistema electoral de cuya reforma CC no quiere ni oir hablar dejó directamente fuera del Parlamento.

Este martes era en teoría un día histórico en el Parlamento de Canarias por varios motivos. El primero, y pese a la perversa e infumable exclusión de Ciudadanos, la entrada al Parlamento de organizaciones políticas que representan un soplo de aire fresco frente a los modos a los modos de siempre. El segundo, el hecho de que por primera vez haya en la Cámara más mujeres que hombres. El tercero, que por primera vez en la historia de este Parlamento se eligiera como presidenta de la Cámara a una mujer, la socialista grancanaria Carolina Darias. Una decisión política esta última que, sin demérito de la gran experiencia y las muchas virtudes que atesora la diputada Darias, obviamente se adoptó por el pacto para dar apariencia de compensación a Gran Canaria y por la imposibilidad de situarla, como hubiese sido lo lógico, en la Vicepresidencia del Gobierno.

Pero ocurre que, tras el bochornoso episodio de las 'primarias Paypal' del Partido Socialista, donde la propia ejecutiva federal del partido tuvo que sacar la tarjeta roja ante la evidencia de miles de votos comprados con misma tarjeta de crédito, el PSC ha accedido a la pretensión de Patricia Hernández de hacerse a toda costa con la Vicepresidencia del Gobierno, sin perjuicio y con total desprecio de las normas de equilibrio que nadie se atrevió hasta ahora a desafiar y con el consentimiento interesado de Coalición Canaria. Dicen sus defensores nuevos y asimilados que la diputada Patricia Hernández está legitimada para ocupar la Vicepresidencia porque su partido fue el más votado de Canarias. Lo cual es cierto, si pasamos por alto el detalle de que, aún siéndolo, perdió diez mil sufragios respecto a las autonómicas precedentes.

Con todo, si la legitimidad la dan los votos, solo los votos y nada más que los votos, ¿entonces cómo es que el Partido Socialista no invoca para sí la propia Presidencia del Gobierno y cómo consiente que queden fuera de la Mesa de la Cámara los ganadores de las elecciones autonómicas en la isla con más votantes? Ah, no. Porque eso no cuadra con el tacticismo de luces cortas ni con el rodillo de esa eterna bisagra llamada Coalición Canaria. Pues prepárense, que noviembre está próximo...

Este artículo ha sido publicado en el blog de Teresa Cárdenes.