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Teresa Cárdenes

Periodista

Alianza NC + CC: cuando se normaliza la política basura

Hace menos de una semana, el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) presentaba su último sociobarómetro. El sondeo arrojó un dato alarmante: el 45,3% de los españoles identifica a los políticos y a la política como el segundo mayor problema del país, solo por detrás del desempleo (60%) y a gran distancia del tercero, donde empatan las dificultades económicas y la corrupción.El sociobarómetro no deja lugar a dudas: la credibilidad de los políticos ha caído en picado desde septiembre de 2018, cuando ya era llamativo que el 19% de los encuestados señalara a los políticos como uno de los grandes escollos con los que tropieza España.El contexto del último sociobarómetro es un Congreso de los Diputados donde los grupos han sido incapaces de encontrar un modelo de gobernabilidad que impida la repetición de elecciones. Pero también el colosal enfado de miles de ciudadanos por los sueldos que sus señorías han cobrado o cobrarán (entre 4.000 y 7.000 euros de salario por cabeza) sin haber dado palo al agua, rematada por la "indemnización de transición" hasta los próximos comicios.Pues bien, en este escenario de alarmante exasperación de los ciudadanos, a Nueva Canarias le ha parecido una excelente idea exhibir en las Islas una suerte de trastorno político de bipolaridad que le sitúa al mismo tiempo en el Gobierno de Canarias y en la oposición. Y lo ha hecho por la vía de firmar una alianza electoral con el mismo partido al que contribuyó a echar hace solo tres meses del Gobierno regional, esto es, Coalición Canaria.En mayo de 2019, poco antes de las últimas elecciones autonómicas, Román Rodríguez, actual vicepresidente de Canarias y eterno líder de Nueva Canarias, señalaba a Coalición Canaria como responsable de una forma de hacer política que condena a las Islas "a la cola en todo lo bueno y a la cabeza en todo lo malo". Y bramó de hecho contra la posibilidad de que PSOE y CC pudieran pactar un gobierno que supusiera para Canarias cuatro años de "más de lo mismo" (sic), esto es, listas de espera sanitarias desquiciantes, registros de calidad educativa pésimos y ese largo etcétera de lamentables récords que ostenta Canarias tras 26 años consecutivos con CC en el poder autonómico.Eso fue en mayo. No hace un lustro ni medio siglo. No, ocurrió en mayo de 2019. Luego llegó la historia conocida: el llamado `pacto de las flores´ (PSOE+NC+Podemos+Casimiro Curbelo) y el desalojo efectivo de CC de un Gobierno del que ahora es flamante vicepresidente y consejero de Hacienda el mismísimo Román Rodríguez.Como tal, Rodríguez se despachó hace muy poco en el Parlamento con la teoría de que CC dejó en las cuentas autonómicas un agujero financiero provocado por desvíos electoralistas. Y se burló de "la histeria" de Coalición Canaria, a la que pronosticó incluso una hospitalización inminente por exceso de nervios y anemia perniciosa de poder. Román desde el Gobierno tronando contra CC en la oposición.Pues bien. En semejante escenario, a Rodríguez y los suyos, empezando por Pedro Quevedo y Carmelo Ramírez, les ha parecido una fantástica idea pactar y firmar una coalición electoral para las elecciones de noviembre nada más y nada menos que con la autora y culpable (Rodríguez dixit) de todos los males que padece Canarias. Esto es, una alianza electoral entre NC y Coalición Canaria. ¿El objetivo? Volver a sentar a Quevedo en el Congreso después de su fracaso en las últimas generales. ¿El precio? Rematar la operación con un escaño a tiempo compartido que, de obtenerse, se repartirán a razón de 2,5 años NC y el año y medio siguiente, CC. Doble tirabuzón y triple salto mortal ante una ciudadanía alucinada.La operación ha desatado una batalla sin precedentes en las filas de NC, así como una ola de durísimos reproches ciudadanos a NC en las redes sociales por lo que consideran un acto de manifiesta desfachatez política. Pero nada arruga ni al señor vicepresidente del Gobierno autonómico ni al futuro diputado a tiempo compartido, si es que la suma NC+CC logra consumar el propósito de sentar otra vez a Quevedo el Congreso, aunque sea esta vez mediante un bochornoso time-sharing.Sin que se le altere un músculo de la cara, Rodríguez afirma solemnemente que este pacto político que le coloca a un tiempo en el Gobierno (de Canarias) y la oposición (por la vía matrimonial con CC) no hace peligrar en modo alguno la presidencia de Canarias que ostenta el socialista Ángel Víctor Torres. Salvo que (siempre hay un "salvo que...") se produjeran incumplimientos de lo pactado. El matiz no es baladí. Un "salvo que" semejante ya le costó al socialista Jerónimo Saavedra en 1993 salir disparado de la Presidencia del Gobierno, derribado precisamente por la misma sopa de nacionalismos que hoy representa esa reciclada alianza de NC+CC. Claro que, para eventuales traiciones, no hay que fijarse ni siquiera en las filas del PSOE. El primer traicionado se llama Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria. Morales sufrió durante los dos últimos años del clavijismo una persecución  alimentada por las huestes de CC y ejecutada por los medios afines al entonces presidente del Gobierno, aquello que Morales bautizó como la "acorazada mediática" regada con fondos públicos para la protección de CC. Ahora, los suyos quieren obligarle a tragarse el sapo de la pretendida reunificación nacionalista, que no es otra cosa que resucitar a la trágala en Gran Canaria el cadáver político de Coalición Canaria.Claro que, para traiciones, obviamente la más grave es la que soportarán los ciudadanos a manos de un partido que, a mayor gloria del cinismo político, pretende predicar desde un ramillete de poltronas públicas una cosa y su contraria. Esto es, que CC es el peor demonio político conocido en Canarias y, a la vez, un lindo gatito que merece compartir cartel y por supuesto escaño con el incombustible Quevedo. Que se puede acusar hoy a CC de agujerear la Hacienda pública en su propio beneficio y, al día siguiente, firmar con ella una coalición electoral. Que se puede estar a la vez en la misa del Gobierno y repicando con la oposición. Que existe la poligamia política y que el dúo Román / Quevedo son muy capaces de atender y despachar varios matrimonios a la vez.Pero sobre todo, lo que NC predica estos días es que los canarios consultados por el CIS tienen mucha, pero que muchísima razón, cuando se declaran abochornados por el cortoplacismo descarado de políticos profesionales a los que se la trae al fresco la mínima dosis de decencia, lealtad y coherencia exigibles. Embelesados como andan mirándose su propio ombligo para retener, atados y bien atados, sus chiringuitos de poder. Afianzando la basurización de la política, al margen y con total desprecio del cada vez más colosal cabreo de los votantes. Y ayudando irresponsablemente a que la imagen de la política siga despeñándose por los inquietantes desfiladeros del descrédito y la desafección de los ciudadanos.

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Una ONG da leche, cacao y cereales a 42 familias para asegurar que sus hijos desayunan pese al cierre de comedores escolares

Cuarenta y dos familias con niños a su cargo y en situación de pobreza severa reciben desde el 1 de julio en Las Palmas de Gran Canaria un reparto extra de víveres procedentes del Banco de Alimentos para aliviar la situación que ha provocado la suspensión por parte del Gobierno canario de los comedores escolares de verano en los colegios públicos. Se trata de familias asistidas de forma regular por la Asociación Vecinal y Solidaria de Arenales (Avesar), cuyo coordinador, José Antonio Cardoso Silva, adelantó el reparto de víveres cuando las familias constataron que no habría alternativa a los comedores de verano y empezaron a acudir a su sede en busca de amparo. “Tenemos que intentar asegurar a esos niños el desayuno, además del almuerzo”, dice Cardoso.

Avesar es una de las asociaciones acreditadas en Las Palmas de Gran Canaria para realizar la distribución de víveres procedentes del Banco de Alimentos, cuyos inspectores supervisan cómo se lleva a cabo ese reparto para garantizar que llega a quienes lo necesitan. En el caso de Avesar, los destinatarios son los miembros de más de doscientas familias, 42 de ellas con menores a su cargo y 27 con mujeres que son víctimas de violencia de género. Todas ellas han sido derivadas por trabajadores sociales de instituciones públicas, incluido el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, o bien por otras ONG, como la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), por encontrarse en situación de pobreza severa y grave riesgo de exclusión social.

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Niños de 3 a 12 años pasan hambre en Tamaraceite y Jinámar por la supresión de comedores escolares de verano

Decenas de menores de entre 3 y 12 años pasan hambre este mes de julio en los barrios de Tamaraceite y Jinámar, en Las Palmas de Gran Canaria, tras la suspensión del servicio de comedores escolares de verano por parte del Gobierno de Canarias (Coalición Canaria) y la inacción del Ayuntamiento capitalino, donde cogobiernan el PSOE, Nueva Canarias y Podemos. Al menos 45 familias con niños en situación económica crítica se han visto forzadas a acudir en amparo a organizaciones no gubernamentales en busca de comedores alternativos o paquetes de alimentos.

“La situación es muy dura”, confirmaron miembros de las comunidades educativas de colegios situados en ambos barrios, con altos niveles de población en situación de desempleo o pobreza severa. Ante la total desidia institucional, la situación sería aún más dramática de no ser por iniciativas privadas como Caixa Proinfancia, que incluye desayuno y almuerzo en sus colonias de verano para escolares sin recursos, o la movilización de organizaciones solidarias como Avesar, que reparten estos días leche, cacao, cereales y batidos entre familias cuyos niños han quedado sin comedores de verano para garantizar al menos el desayuno.

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"¡Manos arriba, esto es un atraco!": el grito de los afectados por la ley turística ante Presidencia del Gobierno

"¡Manos arriba, esto es un atraco!". Esta frase, coreada a gritos ante la sede de la Presidencia del Gobierno autonómico en Las Palmas de Gran Canaria, cerró este viernes la primera manifestación en la capital de la Plataforma de Afectados por la Ley Turística, que llenó la plaza de Rafael O´Shanahan con el propósito de derribar cualquier ley que les coloque en riesgo de perder sus casas.

"Nos quieren echar para dejar todo el negocio del turismo a sus amiguetes", resumió el presidente de la PALT, Blas Padrón, pero "iremos a donde haga falta, incluyendo Estrasburgo" en defensa del derecho a la propiedad privada y al uso y explotación individual de apartamentos y bungalós situados en zonas turísticas. A su vez, la vicepresidenta de la plataforma, Maribe Doreste, advirtió que si los ciudadanos no frenan el intento político de excluir a los ahorradores canarios de las zonas turísticas, "acabarán poniéndonos una cuota hasta para ir a la playa".

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Mercedes Godoy, afectada por la ley turística: "Iré a la manifestación aunque sea arrastrando los pies"

Mercedes Godoy es propietaria desde hace años de un apartamento situado en un complejo mixto de uso turístico y residencial en el Sur de Gran Canaria. Ella es una de los miles de pequeños propietarios que temen el impacto de la legislación que impone en Canarias el deber de dedicar esta vivienda al uso exclusivamente turístico y que amenaza con expulsar de los complejos a los canarios que invirtieron en bungalós y apartamentos los ahorros de toda su vida. Mercedes invoca el apoyo de los ciudadanos a la concentración que la Plataforma de Afectados por la Ley Turística (PALT) ha convocado para este viernes 29 de marzo en Las Palmas de Gran Canaria. "Estoy enferma de las rodillas, pero iré a la manifestación aunque sea arrastrando los pies", dice en un vídeo que reproduce una conversación entre Mercedes Godoy y la vicepresidenta de la PALT, Maribe Doreste. 

Mercedes y su marido compraron este inmueble hace muchos años. Ella y su marido, padres de tres hijos, pasaron un día por delante del solar en la zona turística de San Bartolomé de Tirajana, vieron un pequeño stand de venta con la maqueta del edificio y se decidieron a comprar un apartamento para depositar en él con gran esfuerzo sus ahorros. Cuando compraron, a Mercedes y a su esposo les dijeron que serían libres de dar al inmueble el uso que quisieran, ya para vivir, ya para rentarlo. Más tarde, con sus hijos ya independizados, Mercedes estableció en el inmueble su propia residencia. 

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La Plataforma de Afectados por la Ley Turística llama a todos los ciudadanos a defender la propiedad privada y la libre residencia

La cita es este viernes, 29 de marzo, ante la puerta de la Presidencia del Gobierno en Las Palmas de Gran Canaria a partir de las 18:00 horas. La Plataforma de Afectados por la Ley Turística (PALT) quiere movilizar a miles de personas contra el secuestro político de la propiedad privada y el intento de expulsar a los pequeños propietarios de todos los complejos de apartamentos y bungalós en las zonas turísticas. El colectivo pide el apoyo de todos los ciudadanos para derribar todas las leyes presentes y futuras que limiten el derecho al libre uso de los inmuebles, ya sea como primera o segunda residencia, ya como fuente de ingresos mediante alquileres de larga duración, de temporada o vacacional.

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"Estamos hartos e indignados": los pequeños propietarios le declaran la guerra a la nueva ley turística

Los pequeños propietarios de bungalós y apartamentos han decidido declarar la guerra en todos los frentes posibles al proyecto de ley turística redactada por Nueva Canarias y Coalición Canaria que dinamita el alquiler vacacional en las zonas turísticas y elimina cualquier posibilidad de que los particulares obtengan rentas individuales por sus inmuebles, obligándoles a colocarse en manos de explotadores únicos y fomentando de facto la expulsión de los pequeños propietarios de los complejos turísticos. La Plataforma de Afectados por la Ley Turística (PALT) logró este domingo una respuesta masiva a su llamamiento a una asamblea informativa en Playa del Inglés, donde el reboso de afectados fue tan grande que obligó a colocar un sistema de megafonía en plena calle para que todos los asistentes pudieran seguir el desarrollo del acto.

Comandados por la plataforma, los afectados se movilizarán en la calle, con una primera concentración el próximo 29 de marzo ante la sede grancanaria de la Presidencia del Gobierno en la Plaza de Rafael O´Shanahan a las 18,00 horas. La PALT tratará también de conseguir que todos los grupos políticos se posicionen sobre la conflictiva ley turística antes de las próximas elecciones y anuncia además que emprenderá acciones judiciales de forma individual contra todos los funcionarios que, a su juicio, traten de coartar su derecho constitucional a la propiedad privada y el derecho a la libertad de empresa. Así lo declaró este domingo a esta web la vicepresidenta de la PALT, Maribe Doreste.

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Así es el asalto a los pequeños propietarios turísticos que pactan NC y CC para dinamitar el alquiler vacacional

¿A quién obedecen los grupos políticos del Parlamento de Canarias? ¿A los ciudadanos, a los grupos empresariales de presión o a los especuladores amiguetes? Es una pregunta pertinente en vista del expolio a los pequeños propietarios de apartamentos turísticos que se propone consumar el Parlamento autonómico, con la autoría intelectual de Nueva Canarias (Román Rodríguez) y Coalición Canaria (al mando de Fernando Clavijo) y, si nadie lo remedia, el errático e incoherente apoyo del Partido Socialista. 

NC y CC quieren aprobar una ley que dinamitará cualquier vía para que los particulares puedan rentabilizar sus bungalós o apartamentos en zonas turísticas mediante el alquiler vacacional. El PP se desmarca y Podemos también anuncia un voto en contra, al entender que esta ley solo empeorará la especulación y el encarecimiento de los alquileres en las áreas urbanas no turísticas. El texto tenía previsto votarse en el pleno del Parlamento del 12 y 13 de marzo, pero la Junta de Portavoces decidió aplazarlo a última hora hasta que se pronuncie el Consejo Consultivo de Canarias. 

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El Parlamento se lanza al asalto de los pequeños propietarios turísticos para dinamitar el alquiler vacacional

¿A quién obedecen los grupos políticos del Parlamento de Canarias? ¿A los ciudadanos, a los grupos empresariales de presión o a los especuladores amiguetes? Es una pregunta pertinente en vista del expolio a los pequeños propietarios de apartamentos turísticos que se propone consumar en las próximas 48 horas el Parlamento autonómico, con la autoría intelectual de Nueva Canarias (Román Rodríguez) y Coalición Canaria (al mando de Fernando Clavijo) y, si nadie lo remedia, el errático e incoherente apoyo del Partido Socialista. NC y CC quieren aprobar una ley que dinamitará cualquier vía para que los particulares puedan rentabilizar sus bungalós o apartamentos en zonas turísticas mediante el alquiler vacacional. El PP se desmarca y Podemos también anuncia un voto en contra, al entender que esta ley solo empeorará la especulación y el encarecimiento de los alquileres en las áreas urbanas no turísticas. 

En el último minuto de la legislatura, NC, CC y PSOE pretenden elevar a rango de ley una prohibición de facto del alquiler vacacional en las zonas turísticas de Canarias y asestar un nuevo golpe a los derechos de los pequeños propietarios de bungalós y apartamentos. Pero el impacto no se limitará a las áreas turísticas. Para todo el territorio autonómico, la nueva ley abrirá una espita demencial de inseguridad jurídica. La norma permitirá a cada cabildo, a cada ayuntamiento y al propio Gobierno establecer arbitrariamente limitaciones generales o zonales al alquiler vacacional, limitaciones que además podrán ser indefinidas o temporales. En la práctica, con esta ley en la mano, cualquier alcalde podrá, mediante ordenanzas provisionales, permitir el alquiler vacacional en una acera y prohibirla en la de enfrente, temporal o definitivamente. 

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Antonio Morales propone un "consenso amplio" que haga compatible la residencia familiar y el alquiler vacacional

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, es partidario de impulsar "un amplio marco de acuerdo" que permita regular el alquiler vacacional sin generar inseguridad jurídica ni perturbaciones en el mercado turístico y haciéndolo compatible con los usos familiares ordinarios de las viviendas. "Me parece muy importante que se genere un consenso en el que participe la sociedad civil". Morales hizo esta declaración en el curso de una entrevista con CanariasAhora durante la jornada inaugural de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) en Madrid.

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