Palos a la rueda de Gran Canaria

En el periodo comprendido entre los años 2000 y 2015, Gran Canaria experimentó una tremenda bajada en su participación en el PIB regional y pasó de representar el 42 % del total al 38,6 %. Dado que no se han publicado los datos desconocemos la evolución posterior, desde el 2015 hasta el momento actual. Para la Confederación de Empresarios la caída se debe, entre otras cosas, a un trato discriminatorio por parte de las administraciones públicas para con esta isla en las inversiones en unas cifras que superan los tres mil millones.

En ese margen de tiempo nos rebasaron, y nos desplazaron al quinto lugar en el Valor Bruto Añadido, islas como Tenerife, La Gomera, Lanzarote o Fuerteventura. Todas ellas siguen recibiendo inversiones per cápita muy por encima de Gran Canaria. Recuerden que para la distribución del FDCAN se utilizó inicialmente la fórmula de la triple paridad y cuando lo combatimos duramente se nos tachó repetidamente de insolidarios. Y aunque conseguimos frenar esa fórmula de reparto, el sistema elegido –al no aplicarse los criterios del REF que incluye criterios de solidaridad para las islas no capitalinas-, hace perder cada año a Gran Canaria alrededor de 11 millones de euros.

El 31 de julio de 2015, a petición de Unidos por Gran Canaria (ahora Juntos con ATI), se creó una comisión de investigación para analizar los posibles desequilibrios para con Gran Canaria por las actuaciones del Gobierno Autónomo. Los resultados fueron esclarecedores. Se detectaron desviaciones importantes en el capítulo de inversiones, dotaciones sanitarias, financiación de las dos universidades canarias y dificultades para las inversiones en hoteles y apartamentos de cuatro estrellas, entre otras cosas. Pero descubrimos algo más grave: la distribución territorial de los cargos públicos intermedios de la Comunidad hace que Gran Canaria solo disponga del 29 % frente a un 53 % de Tenerife: en el área económica un 27% frente al 51 %, en el área territorial un 20 % frente al 50% y en el área turística un 25% frente al 58 %. Más de un 50 % de las personas asignadas para el control de las áreas que intervienen en el territorio, el turismo o las áreas económicas (Promotur, Oficina Canaria en Bruselas, Proexca…) son de Tenerife y las grancanarias jamás llegan a un 30%. Apenas a un 25 % de media. Y sucede lo mismo con los altos funcionarios e incluso con la distribución física de las oficinas.

Y aquí está la madre del cordero. Se ha ido tejiendo una estructura de poder que lo controla todo, que lo decide todo. Cuando trasladamos los datos a la sociedad fuimos objeto de una cruzada de ataques y descrédito. Que qué importa el lugar de nacimiento, que si habría que pedir entonces el carné de identidad ahora a cada nombramiento…Y se sumaron a ello organizaciones empresariales de Tenerife y Gran Canaria, partidos políticos y algunos medios de comunicación de una isla y de otra. Todos entendían que había que abandonar el insularismo, que el Gobierno lo estaba haciendo muy bien, que el presidente Clavijo estaba actuando correctamente.

Pero la verdad es tozuda y casi siempre acaba imponiéndose. Hace unos días pudimos conocer los datos de las inversiones captadas para las islas por la Zona Especial Canaria (ZEC). Según datos de la propia entidad, en los últimos ocho años los desequilibrios a favor de Tenerife han sido especialmente significativos. En concreto el año pasado el 80% del capital con intenciones de invertir en Canarias se quedó en Tenerife y apenas un 20% en Gran Canaria. Se crearon 772 puestos de trabajo allí y solo 320 aquí. Su responsable en estos momentos ha prometido realizar una auditoría para conocer las causas, pero, ahora sí, tanto organizaciones empresariales grancanarias como los medios de comunicación denunciaron la situación y la coincidencia de que tanto la presidenta de la ZEC en ese momento (del PP) como el vicepresidente (de CC-ATI) eran de Tenerife. Por supuesto la sede principal de la ZEC debe estar en Gran Canaria, pero se ha desmantelado y trasladado a la isla del Teide. En esta ocasión sí que les parecía a todos que el origen de los cargos ha perjudicado intencionadamente a Gran Canaria, aunque se ha hecho un silencio general cuando Fernando Clavijo ha manifestado que eso se ha producido quizás porque Tenerife se mueve más y capta mejor los recursos.

Es lo mismo que está sucediendo con la distribución de los recursos del Fondo de Compensación Interportuario (FCI). El puerto de Santa Cruz de Tenerife aporta a este Fondo 916.000 euros y va a recibir 12,3 millones de euros, mientras que el puerto de Las Palmas aporta 1,9 millones y va a recibir 5.5 millones. No es algo nuevo. Viene de años atrás porque CC consiguió introducir una enmienda en los presupuestos de 2011 que perjudica notablemente al puerto que más aporta y que es el más rentable, lo que produce una competencia desleal y discriminatoria importantísima ante un silencio casi generalizado.

La realidad es que en los últimos años se ha ido creando un régimen de control y poder desde CC-ATI, con la complicidad en la mayoría de los casos del PP, que daña los intereses de Gran Canaria. Que ha sido diseñada para frenar el desarrollo de esta isla y favorecer a Tenerife. Y desde el Cabildo de Gran Canaria no queremos, no podemos y no debemos mirar para otro lado. No vamos a dejar de denunciar ese trato discriminatorio e injusto que a veces cuenta con complicidades mediáticas y empresariales grancanarias.

Y por eso convocamos una rueda de prensa hace unos días para denunciar que el Gobierno de Canarias pretende aprobar unos presupuestos que perjudican gravemente a nuestra isla en el capítulo de inversiones. Por cuarto año consecutivo Gran Canaria es la isla que menos inversiones recibe per cápita (159 euros, frente a los 168 que recibe cada hombre o mujer de Tenerife, los 579 de Fuerteventura, los 496 de Lanzarote, los 708 de La Palma, los 1.561 de la Gomera y los 1.866 de El Hierro). Pero no sucede solo este año. En los presupuestos de los últimos cuatro años (en los presupuestos liquidados y en los pendientes de liquidación) se ha repetido esta constante: Gran Canaria ha sido la isla que menos euros ha recibido per cápita en los capítulos VI y VII de los presupuestos del Gobierno de Canarias.

Y aunque los medios de comunicación se habían hecho eco de esta discriminación unos días antes de que lo denunciáramos en rueda de prensa, mi queja pública y nuestra demanda al PP, CC y ASG de que no voten unos presupuestos que marginan a Gran Canaria desató de inmediato una ola de ataques y de acusaciones contra mi persona. En La Gomera y en El Hierro el presidente y la presidenta me tacharon de insolidario (no cuestioné nunca la inversión en sus islas sino que Gran Canaria fuera la que menos recursos recibe); en Tenerife, Fepeco, la Cámara de Comercio, Asinca y Femete salieron al paso de inmediato acusándome de insularista, de manejar los números por propio interés, de hacer declaraciones “lastimeras”; en Gran Canaria el Partido Popular aprovechó la coyuntura para lanzar a los cuatro vientos que yo soy el auténtico enemigo de la isla y que critico el desequilibrio para “ocultar su mala gestión”; CC me acusó de “sectarismo” y de “manipulación” de los datos, sin aportar otras cifras; Podemos salió al quite diciendo que denuncio desequilibrios y no que son unos presupuestos antisociales; Unidos (otrora látigo de CC, denunciante de desequilibrios y ahora coaligado con CC-ATI en Juntos por Gran Canaria) me acusó de “electoralismo” y que hay que “dialogar” y “sumar”; algunos representantes empresariales hicieron declaraciones mostrando su conformidad con las cuentas y su complacencia con el presidente Clavijo; una acorazada mediática al servicio del régimen intenta minusvalorar los datos…

Nadie, absolutamente nadie, ha mostrado números diferentes a los que aportamos desde el gobierno de Gran Canaria. El PP, Unidos y CC lanzan acusaciones como tinta de calamar para ocultar su dejación de la obligación de defender los intereses de esta isla. Da la sensación de que predicamos en el desierto. Muchas organizaciones empresariales que en privado hablan indignadas de los desequilibrios, ahora se callan y lo hacen igualmente cuando la Asociación de Empresarios de la Construcción de Tenerife cuestiona las inversiones y los avances en las infraestructuras en Gran Canaria. La sociedad civil organizada mira en muchos casos para otro lado (solo he escuchado a ACO denunciar con valentía el maltrato que sufre por parte del Gobierno Autónomo para su Festival de Ópera) y algunos medios montan campañas interesadas para desviar la atención.

El neoinsularismo, que se ha adueñado de la acción política de CC-ATI, se ha convertido en un freno para la solidaridad interinsular, para el equilibrio y para las políticas progresistas comprando voluntades de distintas maneras para acallar las voces críticas y perpetuar un régimen político que tiene como objetivo fundamental imponer a una isla sobre las demás y frenar el desarrollo social y económico de Gran Canaria. Y para denunciarlo aporto datos y cifras muy concretas que nadie ha podido desmentir. No es tiempo de silencios cómplices ni de renuncias interesadas a defender lo que nos corresponde.