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El Parlamento 'desconecta' de la Pobreza Energética

Concepción Monzón

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Frustración es “el sentimiento de tristeza, decepción y desilusión ante la imposibilidad de satisfacer una necesidad”, y he de confesar que esta semana me sentí frustrada al ver cómo la mayoría del Parlamento de Canarias le daba la espalda a nuestros vecinos más necesitados, y arrojaba la pelota de la lucha contra la pobreza energética al tejado de los ayuntamientos.

Podemos defendía una Proposición de Ley para declarar 'Hogares Vulnerables' a aquellos que no pueden hacer frente a las facturas de agua y luz, y lo hacíamos porque el bono social, implantado por el PP, ha resultado ser totalmente ineficaz. Las solicitudes para acogerse a éste han caído un 17% a pesar de que la pobreza energética no ha hecho más que crecer.

Por eso, proponíamos una tarifa social que cubriera el consumo energético de estos hogares de forma progresiva, entre el 100% en los casos de pobreza extrema hasta el 20% en las situaciones de pobreza relativa. Pero Partido Popular, Coalición Canaria y Partido Socialista prefirieron mirar hacia otro lado, argumentando que deberían ser los ayuntamientos los que llegaran a convenios con las empresas suministradoras para evitar los cortes de agua y luz. En vez de legislar, sus señorías prefirieron dejar en manos de quienes obtienen beneficios la protección de los más desfavorecidos.

Si yo estoy frustrada con esta actitud, que sólo entiendo desde una clave puramente electoralista, no me puedo imaginar la frustración que sentirán las 778.000 personas que están en riesgo de pobreza en Canarias o las 215.000 que sufren pobreza severa. Los datos siguen siendo alarmantes y tenemos que actuar. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE) los hogares que tienen dificultades para llegar a fin de mes en el Archipiélago suponen el 35% en 2015, una tasa que ha aumentado un 15% con respecto al año anterior. El 67% no puede afrontar gastos imprevistos. El 10,5% de los canarios no pueden permitirse comer carne o pescado. El 18,1% se ha visto obligado a retrasar gastos relacionados con la vivienda, como la electricidad o el agua.

Además, según el estudio “Cartografía de los Recortes” de CCOO, el recibo de la luz se ha incrementado un 52% desde 2009 a 2014. Mientras esto sucede las eléctricas que operan en España han ganado más de 56.000 millones de euros en ese periodo, lo que supone un beneficio neto de 20 millones de euros al día, que se dice pronto.

Cuando una familia se encuentra en situación de pobreza energética cambia sus hábitos de vida. Por ejemplo, se abandona la higiene personal o se buscan alternativas al aseo en centros de trabajo o deportivos. También cambia la forma de alimentarse porque, por ejemplo, en Cáritas han constatado que han aunmentado las solicitudes de alimentos pre-cocinados para evitar el gasto energético en el tiempo de elaboración. Hay tensiones en la convivencia. Se producen enfermedades, tanto físicas como mentales. ¿Necesitan sus señorías más datos para entender que éste es un asunto urgente que requiere del compromiso de todos? Los suministros básicos deben ser un derecho, un bien común y corresponde a la clase política la responsabilidad de hacer que ésto sea así. No puede haber recuperación económica si se siguen acrecentando las desigualdades. No podemos seguir constituyéndonos como sociedad si dejamos a personas abandonadas por el camino.

El Papa Francisco afirmó en una ocasión que “los derechos humanos se violan no solo por el terrorismo, la represión y los asesinatos sino también por la existencia de condiciones de extrema pobreza y estructuras económicas injustas que originan las grandes desigualdades”.

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