¿Quién está pendiente de los dependientes?

Ya cansa, harta, enfada y sobre todo indigna la situación en la que se encuentra la atención a las personas dependientes en Canarias. Yo no digo que no tenga razón al actual director general de Dependencia al hacer público que se ha encontrado todo patas arriba con solicitudes escondidas en cualquier parte y decenas de solicitantes ya fallecidos que no se han contabilizado vete tú a saber desde cuándo, pero la realidad es que eso no sirve de consuelo para las miles de personas que están sufriendo y que viven a la espera de una respuesta institucional.

Por supuesto que el contexto derivado por la Covid-19 ha trastocado cualquier planificación y que estamos prácticamente en una economía de guerra, pero precisamente por eso. ¿Alguien se ha parado a pensar y a evaluar seriamente las consecuencias que ha dejado tras de sí el confinamiento sobre las personas dependientes? No hace falta ser un lumbreras para intuir que han empeorado de forma generalizada y que se han multiplicado las necesidades. Sin embargo, el sistema sigue totalmente colapsado y sin dar respuesta a miles de personas para las que no hay más alternativas que los asilos, las instituciones religiosas o directamente la indigencia si no cuentan con apoyo familiar o con recursos económicos suficientes para pagar a alguien que les atienda.

El Gobierno de Canarias, con buen criterio, ha articulado todo tipo de ayudas económicas para paliar y combatir el impacto social de esta enorme crisis económica. Se ha hecho un esfuerzo titánico para sostener el empleo, para reactivar el turismo, para apostar por la economía verde, para reforzar la sanidad y la educación pública, pero en materia de Derechos Sociales, y más concretamente en materia de dependencia, cero patatero.

Faltan medios, faltan infraestructuras, falta personal y sobre todo falta una inyección económica decisiva y contundente que por fin ponga en hora esta asignatura pendiente de Canarias desde el mismo nacimiento de la ley.

La propia responsable del área, la consejera Noemí Santana (Podemos), ya advertía antes del verano que sin más apoyo económico del conjunto del gobierno su Consejería no podrá atender la avalancha de necesidades sociales que la pandemia ha traído consigo, ni llegar en tiempo y forma a los que ya estaban en serias dificultades incluso desde mucho antes.

Recordemos que en los últimos seis años han dirigido la consejería de Derechos Sociales tanto Coalición Canaria, como el PSOE (entre 2015 y 2016) y Podemos, que lo hace desde el comienzo de esta legislatura. A nadie se le escapa que el despropósito de la gestión de la nacionalista Inés Rojas al frente de esta área durante los 8 años de gobierno de Paulino Rivero frenó la gestión de este tipo de ayudas de una forma que sigue siendo un auténtico lastre más de un lustro después, pero lo cierto es que las mejoras que se han realizado después de su salida han sido tan sutiles, tan poco perceptibles, que la resignación es el pan nuestro de cada día, tanto para los trabajadores que no pueden dar más de sí, como para los beneficiarios que tardan años en tener noticias sobre su propia situación.

Porque no sé si lo saben, pero cuando una persona solicita acceder al sistema de atención a las personas dependientes en Canarias lo primero que te dice el trabajador social de turno es que durante un periodo de un mínimo de dos años no sabrás nada de nada de tu solicitud. Llegará a la Consejería y allí se quedará sepultada por otras tantas hasta que algún día, de alguna manera, casi como un milagro, la comiencen a tramitar. Esto tampoco significa demasiado por que el trámite normalmente también dura varios años más. Quizás para ese entonces el solicitante ya ha fallecido, o ha conseguido algún tipo de recurso social privado, o está viviendo en la calle porque da igual la gravedad de la situación económica, social y sanitaria de la persona que pide ayuda, durante varios años nadie se pondrá nadie en contacto ella y mientras tanto que se arregle como pueda. 

En resumen: presenta la solicitud, cruza los dedos y a esperar entre tres y cinco años.

Si eres una persona informada y conoces tus derechos, el Diputado del Común te lanza un pequeño balón de oxígeno y le recuerda al Gobierno de Canarias que tiene 90 días para responderte y que se ponga las pilas porque está incumpliendo la ley.

Si, 90 días, aunque lo normal es que tarden más de 700 solo para darse por enterados tu solicitud y otros 700 más para responderte.

Se le va a una el alma a los pies.

Así que pasan los días y más días y el dependiente empeora y no sabes que hacer, así que vas al ayuntamiento, llamas a todos los teléfonos habidos y por haber, estás pendiente de las ayudas del Cabildo y buscas la manera de conseguir alguna mejora pero, en realidad, te encuentras absolutamente solo y sin que nadie te eche un cable porque lo único que te corresponde es la ayuda a la dependencia.

Pero, ¿Y si se trata de una persona sin redes familiares o con escasos recursos económicos? Pues da igual. En la cola de la dependencia esperan el mismo tiempo los que están solos que los que tienen cinco hijos que se turnan para atenderlo y los que pueden costearse centros o cuidadoras de pago junto a los que tienen una pensión de 402 euros y lo único que han conseguido, tras meses de intentos, es una hora de atención diaria del Servicio de Ayuda a Domicilio.

Y mientras tanto, pues lo de siempre, esposas, madres, hijas, hermanas y hasta vecinas que tienen que sacrificar su tiempo y su dinero a la espera de que llegue la bendita dependencia y se pueda tener acceso a cuidadores profesionales o a recursos alojativos especializados. Para ese entonces lo más normal es que hayas tenido que dejar de trabajar e incluso abandonar tu casa para atender al dependiente porque, si no lo haces, la alternativa para esa persona, que no se vale por sí sola, es el abandono, vivir en la calle y probablemente hasta la muerte.

¿Me sabe decir alguien quién está pendiente de los dependientes?

¿Tenemos que seguir dando por bueno este sistema en que el que miles de personas sufren hasta fallecer sin haber obtenido un derecho que tienen reconocido por la ley?

En definitivas cuentas… ¿Me sabe decir alguien en qué quedó aquello del estado del bienestar?