Pensiones

Estas pensiones millonarias son inmorales tanto en la esfera pública como en la privada. Sólo que cuando se hace a nivel particular es legítima, legal, está dentro de la ley y nadie puede hacer nada por impedirlo, a no ser que se regule y apruebe en un parlamento democrático.

Si ya es fastidioso escuchar a desvergonzados justificando lo injustificable, no es menos cabreante oír a los gobernantes censurar esas pensiones escandalosas sin tener fuerza moral para hacerlo.

Los gobernantes que critican las fabulosas indemnizaciones de la empresa privada son los menos indicados para hacerlo porque sus sueldos públicos, pagados por todos los contribuyentes, no son moco de pavo. Ni siquiera el chocolate del loro.

Son muy pocos los políticos que se ganan dignamente el sueldo que cobran. Sin embargo, ministros, presidentes, alcaldes, consejeros, concejales, diputados y senadores se atreven a criticar sin rubor los sueldos, las pensiones y las indemnizaciones de los altos ejecutivos de la banca y las grandes empresas multinacionales y nacionales.

He escuchado a ministros socialistas reprobar que el ex consejero delegado del BBVA se haya prejubilado a los 55 años y que en los próximos diez se lleve a su casa tres millones de euros anuales, pero ninguno de ellos ha intentado promover una ley que lo impida. Es una tropelía bárbara esa cifra astronómica en medio de esta sociedad en crisis que sostiene a tanta gente en estado de indigencia.

Sin embargo, me asquea el cinismo de los que critican estas medidas desde la situación privilegiada que le dan sus cargos tan bien remunerados que ostentan con desvergüenza.

La pensión de los banqueros es socialmente insultante, pero no mucho más que la que provocan los privilegios que detentan tantos cargos públicos ajenos a la miseria de sus conciudadanos. La inmoralidad no sólo reside en la cuenta bancaria de los ejecutivos.