Reforma eléctrica versus pobreza energética

Hace apenas una semana, el Parlamento de Canarias aprobaba, en un ejercicio de responsabilidad y compromiso, y pese al rechazo del Grupo Popular, una proposición no de ley por la que insta al Estado a la retirada de la reforma energética promovida desde el Ministerio de Industria.

Es necesario recordar que en 2005, el Gobierno socialista elaboró un Libro Blanco que llevó a España a una auténtica revolución tecnológica, colocándonos como líderes mundiales en la innovación asociada a las energías renovables. España inició la senda de una menor dependencia energética, el cumplimiento de compromisos en reducción de emisiones y un pujante sector que llevó a la internacionalización de muchas de nuestras empresas.

En Canarias sucedió todo lo contrario, tras muchos años con el PP al frente de la Consejería de Industria y, por diversas cuestiones, pisando el freno a la posibilidad de un despegue fotovoltaico y eólico.

La reforma energética, como la educativa y otras tantas medidas de calado adoptadas unilateralmente por el Gobierno del PP, ha suscitado un rechazo total, no solo en la sociedad, sino en el principal sector implicado.

Desde el Partido Socialista insistimos: en Canarias es posible contar con una energía más barata y mucho más limpia, una energía propia de la comunidad autónoma que pueda convertirse en un factor más que nos haga competitivos y nos permita salir de la crisis. Si tenemos esta enorme riqueza, ¿por qué no aprovecharla?

Sin embargo, la reforma de la Ley que impulsa el Ministerio de Industria desprecia la oportunidad de avanzar en independencia energética al renunciar, poniendo multitud de trabas, a las energías renovables.

Esta modificación, además, no resuelve el déficit de tarifa, sino que lo consolida trasladándolo al recibo de la luz; de ahí las subidas que sufren las economías familiares y las industriales.

La propuesta carga el 40% del déficit eléctrico en los ciudadanos, que van a pagar por partida doble: como consumidores de luz y como contribuyentes. Por tanto, se trata de un nuevo ajuste económico que está incluido en los 26.000 millones del plan de reformas presentado por el Ejecutivo del PP a la Unión Europea.

De los 4.500 millones de déficit, 2.700 recaen sobre las empresas y 1.800 se dividen en dos paquetes de 900 millones que deberán soportar los ciudadanos a través de dos vías: la directa en el recibo de la luz y la de los Presupuestos del Estado vía impuestos.

Es una reforma que nos condena a tener una energía cada vez más cara que el resto de países Unión Europea y que, en plena crisis, genera una nueva forma de pobreza que va emergiendo con fuerza: la pobreza energética. Esta pobreza afecta a familias que deben renunciar a determinados servicios en sus hogares y que va a abrir otro conflicto social en forma de desahucio energético.

Por otra parte, la modificación hace peligrar gravemente la competitividad de la industria española, castiga al sector servicios con sobrecostes añadidos y, por supuesto, arroja por la borda el enorme esfuerzo realizando en un sector que se consolida ya en otros países, el de las energías renovables, yacimiento de empleo intensivo alternativo al ladrillo.

El peligro es mucho mayor en Canarias, donde han quedado paralizadas millonarias inversiones y suspendidos miles de puestos de trabajo debido, entre otras cuestiones, a la suspensión de las subvenciones a las inversiones en energías renovables que dictaminó el Ministerio de Industria desde el minuto uno de esta legislatura.

Han sido dos años perdidos que, además, pueden convertirse en décadas si la reforma legal se hace efectiva.

Alemania abordó la llamada transición energética en el año 2010, Reino Unido la inicia ahora tras dos años de debates y Francia acaba de poner en marcha una suerte de pacto de Estado con la voluntad de acordar su gran transición energética.

España, por el contrario, camina por el decretazo y la improvisación, ignorando que la Unión Europea se ha trazado una hoja de ruta energética con el horizonte puesto en el año 2050 que puede dejar descolgados a aquellos países que no acomoden sus propias estrategias al espacio común.

La reforma del ministro de Industria nos estanca en la segunda división energética de la UE. Nos deja parados 16 años atrás, cuando también un Gobierno del PP, el que presidió José María Aznar, aprobó la Ley del Sector Eléctrico de 1997, inspirada en los mismos principios que la Ley del Suelo, pensando más en las oportunidades de negocio que en las necesidades del país. Sus consecuencias han sido idénticas: una burbuja energética de las mismas dimensiones que la burbuja inmobiliaria.

Por eso es necesario que el Gobierno de España derogue las normas que amenazan con poner fin al desarrollo de las energías renovables. Invitamos al PP a apoyar el diálogo y la participación para consensuar una política energética para el país que traslade seguridad jurídica y estabilidad razonable en un sector estratégico, más aún en Canarias.

Le pedimos que se una al resto, que no se quede solo, para pedir al Estado que converja con la Estrategia Energética Europea en materia de ahorro y eficiencia, así como del cumplimiento de objetivos en energías renovables.

Sumemos esfuerzos. Respalden todas las medidas de eficiencia, de ahorro energético y de apoyo a las energías renovables que lleve a cabo el Gobierno de Canarias. Son peticiones razonables. Se trata de apostar por las energías de futuro, unas energías que son vitales para las Islas.

Por cada 15 millones de euros que se inviertan en el sector de las energías renovables se ahorrará al sistema 150 millones. Por tanto, es indiscutible la necesidad de desarrollar estas energías en Canarias.

El Gobierno de Canarias ha puesto toda la carne en el asador para recuperar el tiempo perdido y conseguir que las Islas, con sus condiciones naturales, puedan emerger como una potencia en energías limpias.

No obstante, como en tantas otras cuestiones fundamentales, no puede quedarse solo. Ahora, el Ejecutivo central tiene la oportunidad de rectificar y de asentar las bases de la seguridad jurídica necesaria para que se puedan desarrollar los proyectos. De lo contrario saldrá perdiendo la sociedad en su conjunto.