¿Reformar qué?

Esta propuesta de reforma es el final de España en tanto que Estado porque en sí misma reconoce la vaciedad de la fuerza coactiva y coercitiva de la ley española, ya que implica su contenido incluir en la Constitución una nueva norma, el artículo 135 a reformar, cuyo contenido ya está en la ley vigente; una ley que no se ha sabido o podido aplicar por el PP y el PSOE desde 2001, ley refundida en 2007: la Ley General de Estabilidad Presupuestaria. Es más, los interrogantes de esta propuesta de reforma son múltiples? ¿Para qué hacerla en tres días si se va a poner en vigor, a aplicar, en 2020? ¡En 2020! Si estamos en situación de quiebra y de emergencia nacional, hagamos todo lo posible por salir de ella ahora, y no dentro de más de 8 años? Sigamos con los interrogantes? ¿Se va a conseguir aplicar de forma efectiva, con el pertinente régimen sancionador, una Ley Orgánica a aprobar en 2012, cuando no se ha logrado aplicar la norma esencial del Estado, la ley? Y para cerrar la primera andanada de preguntas: ¿Se va a poner en la Constitución un artículo reformado que cede inconstitucionalmente soberanía a favor de la Unión Europea (¿qué pasa con el fondo de sus artículos 93 a 96?) de forma expresa, diciéndonos que no se ponen topes? ¿Cómo que no se ponen topes? Ya están los topes del Tratado de Maastrich, que ningún Estado del grupo de los seis de la Unión Europea cumple? La ratio del 60% de deuda pública como máximo respecto al Producto Nacional Bruto, y la del 3% de déficit público en la relación gastos/ingresos, se han ido de vacaciones por una larga temporada. ¿Para qué poner nuevos límites, el 0,4% de déficit público respecto al Producto Nacional Bruto, si no se han cumplido los existentes? Esta propuesta de reforma es el final de España en tanto que Estado porque la decisión de reformar ha venido impuesta desde la cumbre Sarkozy-Merkel del pasado 16 de agosto? España, con una deuda soberana que implica 60 millones de euros de intereses diarios a pagar a sus acreedores, casi un Auditorio Adán Martín cada día (costó al final la “imperial broma” 72,3 millones de euros), se encuentra, pues, cogida por salva sea la parte. Perdida ya la soberanía monetaria y las fronteras con Maastricht y Schengen, perdida la militar al entrar en la OTAN, esta nueva pérdida es ya de por sí el final de España en tanto que Estado soberano, si de verdad es que entra en vigor de forma express. Casi 33 años de democracia para tan sólo una reforma constitucional, la de 1992 del artículo 13, que implicó incluso informe del Consejo de Estado por su presunta vinculación con el artículo 23 del texto constitucional, lo que hubiera motivado el procedimiento agravado de reforma que recogen los artículos 166 a 169 de la Constitución, y ahora se quiere reformar y sustanciar una cesión de soberanía financiera, y quizás incluso fiscal, formalizada en menos de tres días?

Desde la polémica del pasado siglo entre Américo Castro, por un lado, y Ortega y Sánchez Albornoz por otro, seguida desde el estudio y la pasión profesional y científica que uno siente y padece por la Ciencia Política y por la praxis de la misma, polémica sobre la realidad inmemorial de España, para el primero realidad desde el siglo VIII, para los segundos desde los tiempos de Viriato, desde entonces los tiempos han llovido para que veamos su final en tanto que Estado liberal nacido de la Revolución Francesa y de la Constitución de Cádiz de 1812, cuyo bicentenario se cumplirá el próximo año. España, en tanto que nación soberana, no llegará, pues, ni a doscientos años de vida. Uno creía que en un siglo aproximadamente, tiempo histórico más que suficiente, los Estados soberanos nacidos de la Revolución Francesa desaparecerían, ahogados por la pinza formada por los entes supraestatales como la Unión Europea y las organizaciones internacionales, y de otra parte por los Estados Federados, Confederados, Comunidades Autónomas o regiones que los compusieran. Pero ese tiempo para España ha llegado antes. Ese tiempo histórico es ya. Volverá a su auténtico ser, aquellos primitivos reinos, otrora cristianos, que en tanto que Castilla o Aragón se expandieron hasta más allá del Atlántico, pasando por nuestras islas; o dominaron el Mare Nostrum. O a no se sabe qué? Y ese fin no habrá comenzado por Cataluña y su Estatut, sino por la Unión Europea germanizada y neoliberalizada.

España, con esta propuesta de reforma cuyos entresijos y urgencias desconocemos, si entra en vigor, dejará de ser un Estado Social del Bienestar... ¿Qué recortes en sanidad, educación y los pilares básicos de esta forma de convivencia se verán cercenados en estos nueve próximos años y más allá? ¿Cuántos hospitales y colegios públicos se cerrarán? ¿Cuántas farmacias y cuántos juzgados deberán dejar de prestar sus servicios, vitales para la convivencia ciudadana y para la igualdad de oportunidades y la implementación efectiva de un Estado del Bienestar de influencia Keynesiana, curiosamente con origen en la Alemania de la segunda postguerra mundial, una Alemania que es quien ahora pretender limitarlo? ¿Podrán implementarse las políticas sociales y de creación de empleo con una política de cerrojazo financiero?

Y España dejará de ser, con esta propuesta de reforma, si adquiere vigencia, un Estado democrático, salvo, reitero, que 35 congresistas o un décimo de los senadores pidan el referéndum legitimador, porque con esta propuesta de reforma, mucho más que con la anterior de 1992, que al menos implicó la extensión del sufragio, se le quiere hurtar al pueblo la manifestación de su voluntad soberana. Y eso sí que no? Al menos la anterior reforma ampliaba la posibilidad de votar? El voto ciudadano es en democracia sagrado, y en este caso, si podemos afrontarlo, si nos dejan afrontarlo, el voto deberá ser coherente ante la propuesta de reforma planteada; coherente para impedir no ya el final la soberanía nacional española, sino, lo que es en verdad grave, el final del Estado del Bienestar que legalmente nos protege; coherente con todo lo que de ella se ha dicho, y con todo lo que de ella no se ha dicho. El réquiem político de Zapatero ha acabado de la peor forma posible: 8 años sin reformar de la Constitución la cuestión de la sucesión dinástica, que aunque se sea republicano es algo necesario para el futuro de la monarquía? 8 años sin reformar el Senado, que como está para poco sirve? 8 años para reformar cuestiones como la pluralidad nacional española sin lograr nada? Y ni una reforma? Ni un consenso efectivo? Nada? Cero patatero? Y en tres días, esto? Menudo “esto”.

José Carlos Gil Marín