Sanidad pública, preocupante escenario

“La sistemática aplicación de recortes presupuestarios está estrangulando la disponibilidad de recursos para la sanidad pública poniendo en riesgo la calidad asistencial y la salud de la ciudadanía”, dice uno de los párrafos del “Manifiesto por una sanidad pública, universal y de calidad” que hace pocas fechas presentaron conjuntamente PSOE, IU y la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública. Es bastante ilustrativo.

Quienes hemos dado por liquidado el Estado del bienestar -el remate lo pondrá la nueva Ley que regulará el régimen local, con la apertura a la privatización de los servicios sociales municipales-, encontramos en el desmantelamiento del sistema sanitario público la prueba más fehaciente. A la utilización de la crisis económica como disculpa de la insostenibilidad y justificación de medidas restrictivas por parte del Gobierno, hay que contraponer la impresión cada vez más extendida de que se está considerando la sanidad pública como un negocio. O sea, desmontar para conducir obligatoriamente, si es que se tiene dinero, a la atención privada. Para eso también ha servido la mayoría absolutista del Partido Popular.

La exclusión de inmigrantes sin documentación de la atención sanitaria ambulatoria, la progresiva incorporación de copagos en distintas prestaciones sanitarias, la exclusión de más de cuatrocientos medicamentos de la cobertura sanitaria y el incremento de las aportaciones de la mayoría de los pacientes en el acceso a los medicamentos son, entre otros, aspectos concretos de una reforma sanitaria con la que sólo pueden estar de acuerdo los empresarios del sector sanitario privado. Ni las admirables protestas de la comunidad profesional de Madrid ni algunas resoluciones judiciales que cuestionan algunas determinaciones del gobierno de la Comunidad de Castilla la Mancha relativas al cierre u horario de apertura de centros de salud parecen frenar los indomables afanes privatizadores de los gobiernos del Partido Popular.

Se va configurando, pues, en una cierta atmósfera de impunidad, un preocupante escenario donde las restricciones y las exclusiones aumentan las desigualdades en salud en nuestro país. Por si no nos hemos dado cuenta: es la salud lo que está en el centro y con la salud no se juega, porque es un derecho irrenunciable. Pero de esto poco entienden algunos.

¿Hay alternativas? Pues claro que sí: hay que asegurar la suficiencia financiera de la sanidad pública mediante una fiscalidad equitativa. Y hay que establecer un sistema de cohesión a través de un Fondo para la igualdad que desarrolle los planes de salud que garanticen equidad, cohesión e igualdad de todos los españoles. Así se recoge en el Manifiesto señalado al principio.

Las organizaciones firmantes se han comprometido a presentar iniciativas en sus respectivos ámbitos de operatividad para revertir la situación. Será complicado porque los intereses son de aúpa. Pero es un compromiso ético que debe sustanciar un modelo más justo. En las protestas de Madrid y Castilla La Mancha se dibuja un horizonte de esperanza y resistencia: a ver.