Víctimas de la crisis

Mientras algún banquero asevera que el dinero llega a espuertas a España. Mientras el Gobierno estatal se congratula de la evolución de algunos datos macroeconómicos. Mientras el Ejecutivo canario hace lo propio con las cifras turísticas récord y augura que nuestra comunidad saldrá antes que las otras de la recesión. Mientras todo eso ocurre continúa desarrollándose un proceso de desarticulación económica y social que sufren de manera directa las víctimas de la crisis.

Así ocurre con la pobreza infantil. Los datos dados a conocer por la organización Save the children señalan que el 33,8% de la población infantil se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social en España, aumentando siete puntos desde 2009. Un porcentaje que será aún mayor en el caso de Canarias por nuestras elevadas cifras de desempleo y pobreza, situadas muy por encima de la media estatal. El Estado español se coloca en el octavo lugar de Europa en el negativo ranking de los que tienen mayor tasa de privación entre los menores de edad. Save the children denuncia la escasez de inversión pública en políticas de protección a la infancia y su efecto demoledor sobre niños y niñas.

Otro tanto sucede con los desahucios, al margen de que haya podido decaer algo su presencia mediática. Según datos ofrecidos recientemente por el Banco de España, en el primer semestre de 2013, el número de desahucios registrados alcanzó las 19.567 ejecuciones. Acercándose a la cifra global de todo el año anterior: en 2012 el número total de desahucios afectó a 23.774 viviendas.

Desempleo EPA

Hemos asistido también a un endeudamiento del sector privado y al cierre de miles de empresas. Y la situación del empleo sigue siendo muy grave; en Canarias la tasa de paro es del 33,18%, según la Encuesta de Población Activa (EPA) del cuarto trimestre de 2013, siete puntos por encima de la media estatal y sólo por detrás de Andalucía. En el conjunto del año el número de parados se incrementó en 3.300 desempleados (+0,91%) y los ocupados disminuyeron en 600 personas (-0,08%).

Todo esto sucede en el año en que batimos los récords, tanto en la llegada de turistas extranjeros, 10,6 millones (un 4,9% más que en 2012), como en el gasto turístico, un 11,6% más que en el año anterior.

Pero son muchos más los datos que reflejan la gravedad de la situación. Entre ellos, ese 47,9% de parados registrados en Canarias que ya no cobra ninguna prestación, seis puntos por encima de la media estatal. Es decir, en Canarias hay 135.816 desempleados registrados que no tienen ayuda económica alguna. Asimismo, nuestro Archipiélago tiene cifras intolerables de parados de larga duración, más de 137.000, lo que supone 11 puntos más que los que había a comienzos de legislatura, en junio de 2011. O, también, de hogares con todos sus miembros activos en paro, más del 20%.

Pobreza

Además, según la Encuesta de Condiciones de Vida que publica el INE (la última con fecha 20 de noviembre de 2013), la tasa de riesgo de pobreza en el año 2012 era para el conjunto del Estado del 22,2%, siendo para Canarias del 33,2%, lo que nos confirma como la segunda comunidad más pobre, tras Extremadura (34,1%).

El panorama de víctimas de la crisis se completa con otros deterioros, consecuencia de esta y de las injustas políticas de recortes y austeridad, que han afectado gravemente a los servicios públicos. Como el incremento de las listas de espera diagnósticas y quirúrgicas, así como de las consultas, o el elevado número de personas que no han podido acceder a las prestaciones de la ley de la dependencia, asuntos ambos en los que Canarias presenta los peores datos del conjunto de las comunidades autónomas.

No podemos olvidar, asimismo, la pérdida de poder adquisitivo de las pensiones (que hoy sustentan a muchas familias) y el hecho de que el salario de un trabajador canario representa el 85% de la media estatal, 15 puntos menos que repercuten en los ingresos de hoy y en las pensiones del futuro.

Para algunos poderes esas víctimas de la crisis son consideradas daños colaterales de la actual situación económica. Y su rescate, al contrario del efectuado con las entidades financieras con dinero de todos, no parece formar parte de las prioridades ni de organismos internacionales como el FMI ni de la Unión Europea o el Gobierno español.

Sus políticas y sus amenazas, como las de más reducciones salariales y nuevas pérdidas de derechos laborales, se empeñan, sin el menor disimulo, en prolongar y ahondar el sufrimiento que ya padecen millones de personas; según Eurostat son más de 125 millones las que se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social solo en los estados que integran la Unión Europea.