La situación no es sencilla para las instituciones, tanto las denunciadas como las denunciantes, porque estando en la obligación estas últimas de actuar contra los ayuntamientos y los particulares infractores, es al Cabildo a quien corresponde ahora reponer la legalidad y mantener el buen nombre turístico de la isla. Los principales afectados, los empresarios del sector, agrupados en Asolan, ofrecerán una conferencia de prensa este martes para pronunciarse al respecto. Sin hacer mucho esfuerzos podemos imaginarnos el cabreo que tienen porque a) toda la directiva de Asolan tiene hoteles afectados por estas sentencias condenatorias; b) empezando por el presidente y siguiendo por otros directivos más, obtuvieron subvenciones de la UE para construir sus hoteles, ahora ilegales; c) en caso de derribo, habrían de correr con los costes, a añadir a la inversión realizada, y d) ni siquiera les ha valido que la anterior gerente de la patronal sea la hoy consejera de Turismo, Rita Martín, que ha declarado recientemente que hay que buscar una salida pactada. Entendemos que dentro de la legalidad. ¿No?