En el corto espacio de una semana se produjeron en esta que termina dos elocuentes ejemplos del respeto que algunos miembros del Gobierno profesan por el Parlamento de Canarias, institución que representa a todos los canarios y que tiene como fin, además de legislar, ejercer como fiscalizadora de las acciones gubernamentales. El primero en enseñar el colmillo fue, cómo no, nuestro admirado José Manuel Soria, que no para el hombre de dar muestras de que lo suyo puede ser otra cosa menos el juego democrático. Comparecía el miércoles el consejero de Economía y Hacienda a petición del Grupo Socialista, que le reclamaba información acerca de la liquidación trimestral de los presupuestos de la Comunidad Autónoma. Soria, que no tenía hechos los deberes porque por fallarle hasta le falla el sistema informático contable, dijo ante la Cámara que la ley no le obliga a dar esas explicaciones. El diputado Julio Cruz hizo que la Mesa le leyera a Soria la dichosa ley, y tras comprobar que era como decía el gomero, el vicepresidente trató de salirse del berenjenal diciendo que sí, que era imperativo legal, pero que él quería decir que aquello que le pedían no era algo que se hiciera habitualmente. La segunda fue de Rita.