Tanto Soria este fin de semana como Paulino Rivero con sus desafortunadas declaraciones de hace diez días a la Cadena Ser, están tratando de restar importancia, validez y hasta legalidad a las escuchas efectuadas al alcalde de Arona, Berto González Reverón, y más concretamente a aquella en la que aparece el presidente canario pidiendo un favorcete laboral para su sobrina. Les irrita enormemente que un oficio policial así aparezca en una causa en la que el presidente no es el investigado, pero que la Guardia Civil aporta por si el juez considera procedente remitir pieza separada al TSJC. Así saltó el caso de José Antonio Martín. El teléfono intervenido era el de Wilebaldo Luis Yánez, y varias conversaciones con el ex magistrado hicieron que el juez Parramón enviara pieza separada a la Sala de lo Civil y Penal, que acabó condenando a Martín por intentar favorecer a un narcotraficante. El caso Eolo, recordémoslo, es el primero de corrupción del PP detectado en Canarias tras la creación de la Fiscalía Anticorrupción. Pero no ha sido el último.