Sebastián Grisaleña no se lo podía creer. Cuando le dijeron este lunes que la influyente y todopoderosa Asociación de Empresarios Constructores y Promotores de la provincia de Las Palmas se había reunido para pronunciarse sobre el caso de Félix Santiago se temió lo peor. Y lo peor terminó ocurriendo: que la asociación de la que el constructor galdense es vicepresidente cerró filas y lo blindó frente a la desautorización pública pretendida por la Confederación Canaria de Empresarios (CCE). Cuando Grisaleña se enteró de que los constructores, además, iban a emitir un comunicado, removió Roma con Teruel (a Santiago, ni tocarlo, oiga) para tratar de frenarlo. Pero ya era demasiado tarde.