El sinsentido con que el alcalde nacionalista de Santa Cruz trató a la Televisión Canaria fue de tal calibre que dio lugar a situaciones verdaderamente esperpénticas. Había actos, como las fases previas de los concursos de murgas, que la tele nacional de turno no quería dar ni por asomo, pero tampoco eran cedidos a la autonómica, que estaba dispuesta a ofrecerla para tener alguna presencia en el Carnaval santacrucero. La excentricidad llegaba incluso a que el Ayuntamiento prefiriera ceder esos derechos a las televisiones locales antes de que tuviera algo que ver con ellos la televisión pública canaria. El letrado Martín Orozco tenía entonces la misma relación contractual que ahora tiene con el ente público canario, es decir, cobraba por encargo realizado. Y a nadie se le ocurrió pedirle que estudiara una acción judicial contra el Ayuntamiento de Santa Cruz por este cúmulo de arbitrariedades zerolianas.