No está plenamente indentificada la persona que lanzó el bulo que ha puesto en entredicho la seguridad informática de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, aunque todo debe situarse en el entorno de algunos vigilantes de seguridad que han llegado a confesar que no quieren seguir con su actual patrono, que quieren que se saque el servicio de nuevo a concurso a ver si hay suerte y vuelve a ganar la empresa que lo tenía anteriormente. Una empresa, por contarlo todo, que ganó el concurso hace dos años pero que incumplía una de las exigencias del pliego de condiciones, tener un determinado número de trabajadores dados de alta en Gran Canaria. Por ese motivo Seguribérica, que había acabado en primer puesto de las prescripciones técnicas, perdió el contrato en beneficio de Seguridad Integral, segunda, que asumió la plantilla y el negocio. Esa exigencia del pliego la impuso el jefe de seguridad de la Universidad, Pancho Rosales, que con el paso del tiempo ha pasado a convertirse en el principal detractor de la empresa concesionaria y en el máximo defensor de la que aspira a regresar. Fue Rosales quien hace unos meses elaboró un controvertido informe en el que reflejaba unos supuestos incumplimientos que una comisión técnica formada por el rector, la secretaria general y el gerente desmontaron con los datos en la mano. El mismo funcionario reclamaba que no se le renovara el contrato a Seguridad Integral, pero sus argumentos fueron desmontados y su informe dejado en evidencia. Que se lo tragó, para entendernos.