Intente usted construir un cuarto de aperos en su finca en suelo rústico o espacio protegido. Comprobará que la Administración le exigirá, entre otros requisitos, un estudio de impacto ambiental que “detecte los potenciales impactos significativos sobre el medio” que le rodea, “estableciendo espacialmente, para cada factor ambiental, el ámbito de afección potencial que le pudiera corresponder (?) valorando el potencial impacto de cada uno de esos factores ambientales y estableciendo las medidas correctoras adecuadas hasta límites ambientalmente admisibles”. Es decir, que tendría que buscarse usted una consultora especializada que analice su caso pormenorizadamente para que la Administración le pueda tramitar su licencia. Ese equipo que usted contrate, cuyas firmas habrán de aparecer suficientemente identificadas, con DNI y titulaciones académicas, habrá de “realizar un trabajo científico adecuado, sin especulaciones ni suposiciones, y mucho menos indefiniciones o incertidumbres”. Un estudio que se realice sobre “el proyecto concreto” que usted quiere ejecutar “en el que se describan todas las actuaciones directas, indirectas, principales, secundarias o accesorias necesarias para la correcta ejecución del proyecto, su correcto funcionamiento y su posterior desmantelamiento y abandono si fuera el caso”. El estudio de impacto ambiental tendrá que “justificar adecuadamente sus determinaciones, valoraciones, afirmaciones y conclusiones. En ningún caso caben opiniones que no tengan una prueba técnica que las avale”. Una vez conseguida toda esta ristra de requisitos, ha de someter el estudio a información pública, de manera que sus vecinos o los que puedan estar preocupados por el impacto que su cuarto de aperos pueda producir entiendan claramente su contenido, conozcan los procesos y los riesgos que puedan darse y cómo se corregirían si se produjeran. Ahora traslade usted estas exigencias para su cuarto de aperos en una finca de la cumbre a un proyecto de prospecciones petrolíferas en las aguas cercanas a Lanzarote y Fuerteventura y empezará a entender por dónde van las pegas que el Gobierno de Canarias ya está poniendo de manera preliminar al estudio de impacto ambiental presentado por Repsol.