Lo ocurrido en la Consejería de Turismo con respecto a la trama de presunta estafa y cohecho dibuja a las claras cuál es el funcionamiento de la Administración pública canaria. De entrada, la corrupción se presenta más extendida de lo esperado, porque esta investigación se suma a la realizada en Vivienda, con varios funcionarios detenidos. Pero, además, se pone en evidencia la total falta de control administrativo. En el caso de Turismo, esa falta de control viene dada por factores adicionales, como la situación de baja laboral de la jefa de Enrique Barreda, la responsable de Acción Turística, que lleva dos años enferma. Su sustituto es un funcionario radicado en Tenerife y que ejerce otra jefatura, lo que le ha impedido incluso constituirse por Gran Canaria para controlar a su rebaño. Sin fiscalización alguna, el departamento ha funcionado como ha funcionado, desoyendo incluso las denuncias relacionadas con el caso.