El concurso de frecuencias de radio del Gobierno de Canarias sigue produciendo sobresaltos. A los desbocados cabreos de don Pepito y a las indignaciones más civilizadas del resto de empresas periodísticas que vieron frustradas sus expectativas, al descarte de 90 ofertas por presentares fuera de plazo y a los recursos contencioso-administrativos anunciados y/ o presentados, se suma ahora la denuncia que el Gobierno de Paulino Rivero ha presentado en la fiscalía por falsedad en documento público presuntamente cometida por uno de los bufetes de abogados intermediarios del concurso. Cuando Martín Marrero, viceconsejero de Conunicación vio entrar a lomos de varias carruchas las tongas de ofertas de Díez & Romeo diez días después de concluido el plazo del concurso, alertó a los funcionarios de Presidencia en Santa Cruz de Tenerife. Algo le olía a chamusquina, y no precisamente en Dinamarca sino en la oficina de Correos de Arucas, de donde presuntamente procede un supuesto matasellos con el que ese prestigioso despacho de abogados de Madrid pretendió colar aquellas 90 ofertas fuera de plazo. Los funcionarios ni tocaron aquellas cajas, no fuera a ser que algún avispado letrado pudiera pedir en el futuro un cotejo de huellas dactilares con el que tratar de legalizar aquella engañifa.