Lo malo de ponerle tanta pasión a la defensa del Gobierno y de la teoría de las disfunciones administrativas es que pueden producirse indeseables efectos colaterales. Determinadas afirmaciones del Ministerio Fiscal no dejan precisamente en buen lugar al magistrado Gómez Cáceres. Porque si ya es grave contradecirlo con la calidad del peritaje de don Antonio López, tío de los Soria López, más grave es decir que su informe pericial no tiene valor judicial porque no se redactó para incorporarlo al procedimiento en cuestión, sino para un expediente administrativo. Es más, por lo que dice el señor García-Panasco, tal informe pericial, en el que el magistrado Gómez Cáceres se basó para condenar a la Comunidad Autónoma a pagar a Bittini 92 millones más intereses, ni siquiera fue ratificado por su autor ante la Sala. De ahí, concluye el fiscal, que no pueda atribuírsele delito a sus autor, que también se va de rositas sin que se abra una mínima investigación judicial ni se digne el señor fiscal a solicitar una valoración judicial a peritos de reconocida solvencia e independencia. A ser posible de fuera de Canarias, que no estén tan contaminados.