Resulta ciertamente llamativo que el Gobierno de Canarias emitiera el 8 de junio pasado un comunicado de prensa anunciando al mundo que su Atlante II había superado los test de compatibilidad exigidos por el Consejo General del Poder Judicial, un absurdo teórico que debió ahorrarse a la espera de que la inspección que ya se había realizado en abril, cuyos resultados conocemos ahora, certificara de manera oficial la validez del sistema. Salvo que lo que se pretendiera era despistar con ruido ambiental, no fuera a ocurrir lo que finalmente ha ocurrido, que Atlante no carbura. Y, para mayor escarnio, la constatación de las deficiencias de la aplicación se hace tras una inspección en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, donde el Gobierno, y más concretamente José Miguel Ruano, tiene a sus más contrastados valedores, algunos de los cuales han sido vistos estos últimos días en los pasillos del Parlamento de Canarias haciendo gala de esas magníficas relaciones. Si la inspección se trasladara a la provincia de Las Palmas, donde la simpatía no es tanta, seguramente aparecerían más deficiencias, como la vulnerabilidad constrastada del sistema, como los ataques sufridos -que se conozcan- por dos jueces de instrucción, por la clamorosa información que se facilita a los imputados con una simple solicitud y con la onerosa pérdida de documentos y expedientes que terminan perjudicando al justiciable y que sobrecargan de manera vergonzosa la ya de por sí saturada administración judicial. Ahora le toca al PSOE, como siempre, comerse el marrón y corregir lo que tiene poco remedio. No va a tirar a la basura un gasto de mas de 16 millones de euros tan alegremente. Pero podría investigar un poquitín. A ver.