Como parece que nadie en el Gobierno de Canarias parece dispuesto a resolver de un modo legal el problema de estas familias de Hoya Pozuelo, les proponemos la fórmula para plasmar esa puerta que deja abierta la Ley de Costas: un documento urbanístico o territorial, un plan especial o similar que, tramitado por el Gobierno de Canarias, acredite que la servidumbre se puede reducir sin perjudicar el orden territorial ni el dominio público. Esto último, que es competencia del Ministerio de Medio Ambiente, sería informado favorablemente por la Dirección General de Costas si el documento urbanístico lo justifica de forma conveniente. Que así lo sepan los vecinos: el director general de Costas, al que seguro le terminarán adjudicando el marrón, ha dicho al Gobierno de Canarias o a un representante suyo que el asunto tiene solución, y además, le ha dicho cómo.