Pero, ¿quién denunciará? Nada que objetar al fondo del auto de archivo del caso Tindaya, que doctores tiene la Iglesia y los hay que opinan en ambas direcciones: mal archivado y bien archivado. Les contaremos, porque se ha abierto una nueva vía con la que tratar de aclarar si el Gobierno ha perdido o no ha perdido casi dos millones de euros. Lo que sí que conviene analizar desde el punto de vista del debate público es la condena a pagar las costas judiciales que la Audiencia Provincial de Las Palmas ha impuesto al colectivo ecologista Ben Magec. La primera reacción de los movimientos ciudadanos que tratan de fiscalizar lo que otros no fiscalizan ha sido la desmoralización y el terror. Ninguno de esos colectivos soportaría la más mínima reclamación de cantidades, salvo en los casos muy poco frecuentes de entidades declaradas de utilidad pública, que están exentas de esas exigencias. La Justicia ha conseguido, quizás sin quererlo, un efecto estampida que vendrá muy bien a la propia Administración de Justicia y a los corruptos, y no por las mismas razones.