Se cerró estos días, al menos provisionalmente, uno de esos casos penosos en los que la Justicia no queda a la altura de lo que se espera de ella. La joven grancanaria Minerva Marrero, del barrio de Tres Palmas, en Las Palmas de Gran Canaria, se vio envuelta en una suerte de frenéticos episodios que han desembocado en su detención y puesta a disposición de las autoridades judiciales alemanas, y la entrega de su hijo al que fuera su esposo, otro grancanario con nacionalidad alemana que lo reclamó a través de la justicia del país de la Merkel. La historia es triste desde el punto de vista humano: una mujer que se casa con un señor del que está enamorada, que lo sigue con el hijo de ambos hasta Alemania y que decide poner fin a la relación por la existencia de supuestos malos tratos psicológicos continuados. Pero también es una historia triste por los sucesos policiales y judiciales que la rodearon, por la ineficacia de las autoridades españolas para proteger a dos de sus ciudadanos, la mujer y el hijo de ésta, de cuatro años, y las contradicciones flagrantes entre Fiscalía de Menores y Cuerpo Nacional de Policía, y entre juzgados ordinarios y juzgados de Violencia de Género. El resultado final, aun antes de que entre en vigor la Justicia para ricos y para pobres que preconiza Ruíz-Gallardón, es un desastre familiar en toda regla en el que, para colmo, se han mezclado algunas incompetencias profesionales de muy alto calado.