Estamos en manos del Gobierno que estamos y podemos confirmarles que ni va a dimitir nadie por este nuevo escándalo ni Rivero considerará jamás que, en caso de resultar imputados en causa penal, tengan responsabilidad alguna los autores de tan obscenos correos. Lejos de pretender endilgarles delito alguno, corresponde a la opinión pública evaluar políticamente lo que supone que dos altos cargos de la Administración autonómica den indicaciones a los funcionarios acerca del valor de la Ley y, en el caso concreto del director general de Industria, Adrián Mendoza, del sentido que han de tener los informes de los técnicos. Los funcionarios, naturalmente, se han rebelado contra esta fórmula ilegal de conducirse sus superiores y les han recordado que las decisiones políticas son precisamente eso, decisiones políticas, y que pueden contradecir los informes técnicos si así lo desean, pero que cada palo aguante su vela, como no puede ser de otra manera.