Nada nuevo bajo el sol a la espera de que baje el suflé alentado por José Manuel Soria y sus machangos mediáticos, y todo se quede en un ridículo monumental muy al estilo del Soriagate. Nada en lo que se refiere a las falaces acusaciones, pero mucho en relación con el agujero detectado en la seguridad del sistema Atlante II, por el que se rije la Administración de Justicia en Canarias. Este miércoles, y muy probablemente movida por las denuncias penales y administrativas de la juez Rosell, la Consejería de Presidencia y Justicia decidió modificar el protocolo de adjudicación de contraseñas para jueces, fiscales y secretarios judiciales, lo que empieza a evidenciar que no eran tan perfectos los mundos de Yupy que nos dibujaba el consejero Ruano. Añadan a eso que los responsables del Cibercentro han reiterado al personal la necesidad de ser muy escrupulosos en la cláusula de confidencialidad a la que se les supone vinculados, además de la revisión de los protocolos en el llamado sistema GDI. Todo para tapar las grietas detectadas en el sistema, que siguen abiertas en la cúspide, que es donde se cuecen las habas.